Una reacción sobre el artículo “Control constitucional de sentencia de Corte Internacional de La Haya” de Juan Manuel Charry Urueña.

*** Publicamos un artículo de Nicolás Córdoba Pineda, estudiante de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y Miembro Fundador de ACEDI – CILSA, que responde a las tesis que Juan Manuel Charry expuso en el periódico Ámbito Jurídico el 27 de febrero de 2013 (disponible en: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-130227-11control_constitucional_de_sentencia_de_corte_internacional_de_la/noti-130227-11control_constitucional_de_sentencia_de_corte_internacional_de_la.asp)***

CIJ

En el artículo del doctor Charry se recuerda que el Artículo 101 de la Constitución señala tanto la forma como se establecen los límites del territorio como la forma como se modifican dichos límites.

En el primer caso, la voluntad del constituyente fue que los límites del territorio serían los establecidos por medio de tratados debidamente ratificados o por medio de laudos arbitrales donde sea parte la nación.  En el segundo caso, su voluntad fue que dichos límites, una vez establecidos, podrían modificarse únicamente mediante tratados aprobados por el Congreso.

Creo que el texto es claro en que para modificar un límite del territorio colombiano se requiere la celebración de un tratado y que este tratado debe ser no solamente aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional sino debidamente perfeccionado en el plano internacional por el ejecutivo.

Por lo tanto, si se concluye que con la Sentencia la Corte Internacional de Justicia trazó una línea mediante la cual se modifican los límites del territorio, es forzoso concluir que la única forma en que no se configura una violación del Artículo 101 es si el límite incorporado en esa decisión es recogido en el texto de un tratado internacional y este tratado se somete a los trámites descritos.

Ahora bien, debe tenerse presente cuál es el verdadero objeto-materia del Artículo 101.  Como lo enuncia su título mismo, esta disposición se refiere en realidad al territorio de la nación y solo en forma auxiliar a los límites de dicho territorio. 

El artículo consta de cuatro párrafos y solo los dos primeros se refieren a los límites del territorio, ya que los dos restantes se refieren a ciertos elementos constitutivos del territorio, como es el caso de nuestras posesiones insulares (párrafo tercero) y de ciertos ámbitos en los que el Estado ejerce competencias especiales, como los espacios marítimos, el espacio aéreo, la órbita estacionaria y el espectro electromagnético (párrafo cuarto). En forma muy precavida, el Constituyente de 1991 señaló que con respecto a estos elementos el ejercicio de las competencias del Estado colombiano quedaba subordinado a los dictados del derecho internacional, razón por la cual el párrafo cuarto establece que dichos elementos también son parte de Colombia, pero únicamente “de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”.

En este punto es importante precisar que, tanto bajo el derecho internacional como bajo las leyes colombianas (Ley 10 de 1978), el territorio del Estado incluye únicamente la porción territorial de la masa terrestre, tanto continental como insular, y el mar territorial, que es el único espacio marítimo sobre el cual el Estado costero ejerce soberanía bajo aquella premisa que indica que “la tierra domina al mar”.

Sobre los restantes espacios marítimos conocidos en el derecho internacional, es decir, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva (que, por lo demás son los mismos espacios marítimos que se enumeran en el párrafo cuarto del Artículo 101) el Estado costero no está autorizado a ejercer soberanía, sino únicamente jurisdicción para determinados fines.

En el caso de la zona contigua, se trata de jurisdicción preventiva o represiva en materia penal con respecto a ciertas cuestiones (aduanas, migración, cuestiones sanitarias y cuestiones fiscales) y en el de la plataforma continental y la zona económica exclusiva se trata de derechos soberanos para fines de exploración y explotación de los recursos económicos que se hallen en tales espacios.  Esto quiere decir que  “de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”, como reza el Artículo 101, sobre la plataforma continental y sobre la zona económica exclusiva Colombia no ejerce soberanía y por lo tanto mal podría decirse que esos espacios forman parte del territorio nacional.

Esto es importante por qué en su sentencia del 19 de diciembre de 2012 la Corte Internacional le garantizó a Colombia la soberanía sobre todos los componentes del Archipiélago de San Andrés, con lo cual puede concluirse que esa decisión es totalmente compatible con lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 101, en el cual se establece que “forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina (…) y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen”.

Pero además la sentencia le reconoce también a cada una de esas islas, islotes y cayos un mar territorial de 12 millas, que es la anchura permitida por el derecho internacional contemporáneo.  Esto permite concluir que la sentencia no afecta en ningún sentido la extensión del territorio del Estado colombiano, en la medida en que el territorio de todas y cada una de sus islas y cayos en el Mar Caribe fue reconocido como sujeto a la soberanía colombiana, al igual que la franja de 12 millas de mar territorial adyacente a cada una de ellas, sobre la cual Colombia sigue ejerciendo soberanía plena.

Por decirlo en otros términos, la soberanía que venía ejerciendo Colombia en el Mar Caribe, tanto en las porciones insulares de su territorio como en el mar territorial que le corresponde  a cada una de ellas, sigue incólume y no hay nada en la decisión de la Corte Internacional que pueda afectar esta soberanía.

Lo que hizo la sentencia de la Corte Internacional fue modificar los límites de la plataforma continental y la zona económica exclusiva entre Colombia y Nicaragua, es decir aquellos espacios marítimos de mayor extensión que Colombia había considerado como sujetos a su jurisdicción (no a su soberanía) en virtud de una interpretación particular de la cláusula relativa al meridiano 82 presente en el Acta de Canje de instrumentos de ratificación del Tratado Esguerra-Bárcenas, firmada en 1930.

Esto significa que la sentencia sí modificó un límite marítimo de Colombia, pero éste no fue un límite del territorio soberano, sino de la zona económica exclusiva y la plataforma continental, donde Colombia no ejerce ni ha ejercido nunca soberanía sino únicamente jurisdicción para fines de explotación económica.

Por lo tanto, es válido concluir que la sentencia de la Corte Internacional no modificó en realidad ningún límite del territorio nacional de Colombia y que el párrafo segundo del Artículo 101 no le es aplicable ni tampoco podrá aquel ser sujeto a control Constitucional a la luz del mencionado artículo en razón a la competencia ratione materia.

Adicionalmente, como el mismo Artículo 101 establece en su párrafo cuarto que la plataforma continental y la zona económica exclusiva forman parte de Colombia “de conformidad con el Derecho Internacional” y la Corte es el órgano encargado de “decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas…” (Estatuto de la Corte, Artículo 38 (1)), las decisiones que tomó la Corte con respecto a dichos espacios marítimos deben también reputarse como perfectamente compatibles con el Artículo 101 de la Constitución.

Por último, es mejor dejar sembrada la duda sobre ¿qué hará nuestra Corte respecto al el cambio jurisprudencial que merecerá su atención? pues ella misma ha dicho que “Existe otra fuente importante de derecho internacional público que, pese a no formar parte del bloque de constitucionalidad, debe ser utilizada como criterio auxiliar por esta Corporación a la hora de definir los asuntos relacionados con los tratados internacionales de que trata el artículo 101 de la Carta. Se trata de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia” (C-191 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). No es necesario aclarar lo evidente del hecho que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia se erige como algo más que un criterio auxiliar de interpretación de Tratados –aquellos donde se establecen o modifican el territorio o los límites del Estado-.

No en vano, si se mira la decisión de la Corte en concordancia con el artículo 94 de la Carta de San Francisco, las decisiones de la Corte no son una fuente auxiliar que iluminen la interpretación de tratados, son en todo sentido un instrumento internacional generador de derechos y obligaciones ejecutable en primera instancia por el compromiso de los Estados y en forma coercitiva, incluso, por el Consejo de Seguridad.

Nicolás Córdoba Pineda

Miembro Cofundador de ACEDI – CILSA

Estudiante de Jurisprudencia

Universidad del Rosario

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3 thoughts on “Una reacción sobre el artículo “Control constitucional de sentencia de Corte Internacional de La Haya” de Juan Manuel Charry Urueña.

  1. Estimado Julian: Excelente iniciativa este nuevo proyecto llamado ACEDI, cuentan con todo mi apoyo. muy interesante el comentario de Nicolas Cordoba sobre el tema del art. 101 constitucional en su página web: algunos profesores de derecho internacional y miembros del ACDI tenemos una postura un poco diferente, que ha sido publicada en varios medios y en un libro de la universidad del rosario: Es distinta en tanto parte de considerar que la Corte no “modificó” un limite sino que construyó uno (así entiende la corte que debe hacerlo desde la sentencia del 2007). Si esa es la interpretación del fallo, la interpretación del rol del art. 101 cambia: Aqui les dejo el artículo, igualmente, será un gusto incluir a ACEDI/CILSA en la lista de thebluepassport, que consultan muchos estudiantes. un especial saludo. http://www.academia.edu/3922161/Contribucion_de_Universidad_del_Rosario_al_debate_sobre_el_fallo_de_la_Haya_analisis_del_caso_Nicaragua_vs._Colombia._Cap_por_Walter_Arevalo_El_Fallo_sobre_San_Andres_El_debate_de_la_supremacia_del_derecho_internacional_la_obligatoriedad_del_fallo_y_el_derecho_interno_constitucional_colombiano

  2. Pingback: Análisis de la Estrategia de Colombia frente al Fallo de la CIJ (Nicaragua v. Colombia) | Acedi * Cilsa

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