La CIJ y el Fallo que Reconfiguró el Mar Caribe

nicaragua v. colombia

Por:  Nicolás Córdoba Pineda y Julián Huertas Cárdenas, miembros fundadores de ACEDI-CILSA

Hay en principio cuatro tipos de regímenes que regulan los diferentes derechos que tiene un Estado sobre el mar: I) Mar territorial, II) Zona Contigua, III) Zona Económica Exclusiva, y IV) Plataforma Continental. Tal y como lo ha indicado la corte en oportunidades anteriores y como es reconocido por el Derecho Internacional, sólo el mar territorial se constituye como un espacio sobre el cuál un Estado puede ejercer soberanía. En otras palabras, por doce millas, y sólo por estas, se proyectan hacia el mar todos los derechos que se tienen sobre la tierra.

Colombia venía ejerciendo soberanía únicamente sobre aquellas porciones de mar territorial adyacentes a las islas, cayos e islotes del archipiélago. En concordancia con ello la Corte reconoció el derecho al mar territorial del que gozan dichas formaciones insulares, incluyendo a Quitasueño (art. 121 de la CONVEMAR aplicada por costumbre al caso) y por lo tanto Colombia sigue ejerciendo dicha soberanía, con el resultado de que no se modificó ningún límite del territorio.

Ahora bien, sobre la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental la Corte recordó lo que a la luz de la costumbre internacional se reconoce como derechos (“entitlements”) sobre estas áreas, aduciendo así que lo que tiene el Estado costero es un mero goce de derechos para los fines de explotación y exploración de recursos naturales en el área delimitada, es decir, derechos de pesca y derechos sobre los recursos del suelo y sub-suelo del lecho marino.

La Corte no trazo una frontera entre los mares territoriales de Nicaragua y de Colombia, por la simple razón de que estos espacios marítimos no se superponen, debido a la distancia que existe entre la costa de Nicaragua y las islas colombianas. Por la misma razón, la Corte encontró que lo que se superpone es, de un lado la plataforma continental y la zona económica exclusiva de los dos países en el sector central (islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Alburquerque, Cayos del Este-Sudeste y Roncador), y del otro, la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Nicaragua con el mar territorial de Quitasueño y de Serrana.  Por esa razón en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la Sentencia se traza una línea de delimitación de zonas económicas exclusivas y plataforma continentales y en el párrafo 5 se trazan unas líneas distintas (por medio de la técnica de los enclaves) delimitando la plataforma y la zona económica de Nicaragua del mar territorial de Colombia.

No se puede decir que Colombia ejercía soberanía sobre áreas marítimas situadas más allá de las 12 millas medidas desde la costa que a la luz del Derecho Internacional no están llamadas a cumplir esa finalidad. Sí podría afirmarse por el contrario, que ejercía soberanía y la sigue ejerciendo sobre el mar territorial adyacente a las formaciones insulares que le pertenecen, y que gozaba de unos derechos derivados de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental de dichas formaciones que la Corte decidió limitar en el entendido en que la “frontera marítima” fue redefinida, a la luz del Derecho Internacional, en favor de Nicaragua.

¿Qué cambió en el Mar Caribe?

La Corte no le quitó a Colombia un centímetro de territorio (continental o marítimo) soberano, y tampoco reguló la explotación económica sobre el área pertinente. Lo que la Corte hizo fue delimitar el área sobre la cual Nicaragua y Colombia tienen derechos marítimos.

Para llegar a dicha delimitación la Corte utilizó una metodología de tres pasos. Primero, fijó una línea media provisional entre las costas enfrentadas de las islas adyacentes a la costa continental Nicaragüense y las islas colombianas del archipiélago de San Andrés (línea equidistante entre los puntos base de cada una de las formaciones insulares). Segundo, entró en la consideración de las circunstancias relevantes que pudiesen llevar a ajustar o modificar dicha línea media, encontrando como circunstancias relevantes: i) la disparidad de la longitud entre las costas enfrentadas (costa continental de Nicaragua contra costa del archipiélago de San Andrés) que era de 8 a 1 a favor de Nicaragua, y ii) que dentro del contexto geográfico que se analiza las formaciones insulares de Colombia están muy separadas entre sí y no pueden en ningún caso “cortar” los derechos a que Nicaragua es titular –por costumbre- hacia el Este de estas formaciones. Estas fueron las dos razones que llevaron a la Corte a reajustar su línea media provisional hacia el Este (hasta las 200 millas náuticas) tanto al norte de Providencia como al sur de Albuquerque. Tercero, realizó un test de desproporcionalidad para ver si el reajuste de la línea llevaba a desproporciones significativas que la obligaran a re-trazar la misma. No encontrando desproporciones significativas la Corte dejó fijada la línea por donde la conocemos.

Como se ve en ningún caso la Corte reguló la explotación económica, pues lo que hizo fue redefinir el área sobre la cual Nicaragua y Colombia irán ahora a ejercer derechos de explotación económica ya definidos por otras fuentes del derecho.

Tampoco le quitó soberanía a Colombia, pues cuando en su momento entró a debatir el tema lo hizo a favor de Colombia, reconociéndole al Estado en la sentencia de 2007 la soberanía plena sobre las islas principales y en 2012, la soberanía sobre los restantes cayos y los derechos que cada uno de estos tienen a un mar territorial de 12 millas.

Sobre la cuestión latente de si lo que la Corte hizo fue una delimitación del territorio, lo que hubo fue una redefinición de límites sobre los cuales se ejercen derechos en porciones del mar relativamente alejadas de la costa y en ningún caso sobre los cuales Colombia podía o puede reclamar estar ejerciendo o haber ejercido soberanía. Si estos espacios “fueron de Colombia” pero únicamente de conformidad con el derecho internacional, bajo la premisa de “en derecho las cosas se deshacen como se hacen”, pueden ser redefinidos de conformidad con el mismo derecho, que fue lo que hizo la Corte.

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