¿Hacia el Fin de una Justicia Penal Internacional Global?

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Por: Alejandro León Quiroga[1]

El 17 de julio de 1998 fue un día marcado por el optimismo en la comunidad internacional. Después de intensas negociaciones y las experiencias dejadas por una historia plagada de atrocidades y violencia, 120 Estados adoptaron el texto del Estatuto de Roma, instrumento en el cuál se estaba logrando la creación de una de las instituciones más anheladas por las naciones del mundo: una Corte Penal Internacional permanente con vocación universal que elimine la impunidad de los máximos responsables de los crímenes más graves en contra de la humanidad. El Estatuto de Roma entró en vigencia el 1 de julio de 2002, con la ratificación del mismo por parte de 60 Estados, siendo considerado por algunos como un hito y una gran conquista[2].

Una década después aquel optimismo parece haberse desvanecido, y la Corte Penal Internacional se encuentra atravesando uno de sus peores momentos. El prestigio que se pretendía cuando el optimismo invadía al mundo diplomático parece estar transformándose en todo lo contrario, y cada vez la desconfianza en la Corte y sus agentes incrementa de forma preocupante. La comunidad internacional depositó grandes expectativas en la Corte Penal Internacional, el optimismo y el maximalismo moral con el cual fue redactado su estatuto es una clara evidencia de aquello, y a su vez parece ser la semilla misma de la crisis en la cual se encuentra.

Durante una década de existencia la Corte Penal Internacional sólo ha proferido un fallo condenatorio, el 14 de marzo de 2012 en contra de Thomas Lubanga Dyilo, en primera instancia, esperando todavía la decisión definitiva por parte de la sala de apelaciones. Este organismo tiene bajo su conocimiento un número reducido de casos y  el tiempo invertido en el examen de los mismos parece ser excesivo, sin obtener resultados tangibles que cumplan con las expectativas de la comunidad internacional y poniendo en tela de juicio su eficiencia.

Es entendible que las investigaciones tarden un tiempo considerable y que puedan existir dificultades en la investigación de los delitos y procesamiento de los implicados, por la naturaleza masiva de los crímenes objeto de competencia de la Corte[3], la naturaleza de sus perpetradores[4] y por el carácter subsidiario que tiene este organismo[5], pero las críticas hacia este tribunal no se agotan en las consideraciones relativas a su eficiencia. El punto que realmente se hace preocupante y que golpea con mayor fuerza el prestigio y credibilidad de este Tribunal es el origen de sus casos, dado que ninguno de éstos está por fuera de África, el continente más pobre de la Tierra.

La Corte Penal Internacional actualmente está conociendo de 18 casos que se agrupan en 8 situaciones, dependiendo de la nacionalidad de los implicados: República Democrática del Congo, República Centroafricana, Uganda, Sudán, Malí, Libia, Costa de Marfil y Kenia[6]. Las investigaciones formales por parte de la OTP (Office of the Prosecutor) y el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de los magistrados de la Corte sólo se han dado en África. Frente a esta preocupante cuestión, la Corte alega que la OTP se encuentra realizando investigaciones preliminares (preliminary examinations) en países que se encuentran por fuera de dicho continente[7], pero lo cierto es que esta figura no implica una investigación formal ni unos sospechosos determinados sobre los cuales se despliegue la actividad de la Corte. Más allá de toda disertación doctrinaria sobre el alcance de las competencias de la OTP en la investigación y en la investigación preliminar, lo importante que debe tenerse en cuenta es la inexistencia de un proceso judicial en la segunda de las hipótesis.

El malestar que se está viviendo en África por la labor de la Corte está llegando a un punto crítico, y se transformó en un tema neurálgico al cual este organismo debe dar solución puesto que su prestigio y credibilidad no es lo único que está en juego.  La Corte Penal Internacional es vista en África como una forma de neocolonialismo en el cual sus líderes, cuando no son del agrado de occidente, son depuestos a través de un mecanismo oculto con un ropaje de juridicidad y moralidad internacional[8]. Tal vez el caso más complejo que se ha presentado ha sido el de Uhuru Kenyatta y William Ruto, presidente y vicepresidente de Kenia respectivamente, y elegidos de forma democrática. Kenia ha considerado seriamente la opción de denunciar el Estatuto de Roma y retirarse de la Corte Penal Internacional, al considerar el enjuiciamiento de sus mandatarios como una indebida intromisión de occidente en sus asuntos internos[9]. El malestar también se ha hecho presente en el seno de la Unión Africana, donde se ha acusado a la Corte Penal Internacional de estar parcializada racialmente y estar “cazando” a los africanos por esta misma razón[10]. Se ha propuesto que la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos tenga una sala para conocer de crímenes internacionales[11], con una subsiguiente denuncia en masa del Estatuto de Roma por los Estados africanos, poniendo en tela de juicio el carácter internacional de la Corte y constituyendo el más grande fracaso que ésta podría enfrentar, con el posible riesgo de llevarla a su fin.

Que el ciudadano o nacional de un Estado esté siendo juzgado por la Corte Penal Internacional implica el reconocimiento del Estado a nivel internacional como un Estado fallido, como un paria de la comunidad internacional, siendo muy posible que muchos Estados sigan este camino argumentando las mismas razones de falta de objetividad y fundada desconfianza en la Corte, como en el caso de los que están siendo objeto de examen preliminar por parte de la OTP.

Para hacer frente a este problema tan grave, la Corte deberá vivir un proceso de desafricanización, pero si no es en África, ¿a quién juzgará la Corte Penal Internacional? ¿Iniciarán un proceso en Colombia de acuerdo a los hallazgos obtenidos en desarrollo del examen preliminar de la OTP? Pese a las diferentes opiniones que se han generado frente a este asunto y la instrumentalización política que se le ha querido dar a nivel interno en Colombia, el escenario de la iniciación de un proceso ante la Corte parece ser un escenario improbable, dado que este minaría el proceso de paz que se está intentando actualmente. Puede consultarse una experiencia similar y catastrófica en Uganda, donde el acuerdo de paz que se había logrado entre el gobierno y la Lord’s Resistance Army de Joseph Kony fue destruido por la Corte Penal Internacional, con la expedición de una orden de arresto de la cúpula  de este grupo beligerante, con consecuencias dramáticas y la perpetuación de la violencia que cada vez fue cobrando más y más víctimas[12].

A esto subyace la concepción misma que pueda tenerse de justicia, y el eterno debate entre quienes quieren darle una aplicación prioritaria a la justicia y a los que prefieren darle cabida a la paz, sin que el andamiaje normativo de la Corte Penal Internacional sirva para dar soluciones claras, por la indefinición de criterios fundamentales para esta labor como en el caso del “interés de la justicia” (art. 53 (1) (c) ER). El gran miedo y la fuente de desconfianza en este sistema se centra en que a través de un ropaje de juridicidad se camuflen intereses políticos, los cuales se pretenden legitimar a través de una apariencia normativamente fundada.

Sumado a esto encontramos el poder que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU en el manejo del proceso judicial, al poder referir situaciones a la OTP para el inicio de una investigación (art. 13 (b) ER), así como la posibilidad que tiene de suspender las investigaciones y enjuiciamientos por 12 meses (art. 16 ER), la cual parece tener la virtualidad de ser indefinida puesto que no parece limitarse el número de veces que este cuerpo puede renovar dicha suspensión. La situación se vuelve más preocupante cuando tenemos en cuenta que de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sólo 2 son parte del Estatuto de Roma (Francia y el Reino Unido), siendo clara la ausencia de voluntad política de pertenecer al mismo por parte de los otros tres,  y la posible “inmunidad” que éstos tendrían dentro del sistema por el traslado de la competencia y jurisdicción como producto de las normas jurídicas hacia el terreno de la negociación política y diplomática. No en vano Sir Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, utilizó la lúcida metáfora de comparar la Corte Penal Internacional con una telaraña, donde las moscas pequeñas se quedan atrapadas y las avispas y avispones pueden pasar sin dificultad alguna[13], para denotar la marcada hipocresía que invade dicho sistema. Los crímenes objeto de competencia de la Corte no sólo los cometen africanos… aunque parece imposible que algún día alguien de la talla de George W. Bush, Dick Cheney o Nicolas Sarkozy sea enjuiciado por este tribunal.

¿Será que  llegará el fin de una justicia penal internacional global? ¿Es este modelo el más deseable para hacerle frente a los crímenes más atroces? ¿Son los tribunales regionales la respuesta para el impasse que la justicia internacional está viviendo? Por más internacional que sea la Corte, ésta depende totalmente de la cooperación de los Estados parte, estando condenada al fracaso si no logra mantener la confianza de los mismos.


[1] Estudiante de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Ex-pasante en asuntos jurídicos y de DDHH en la Embajada de Colombia en los Países Bajos. Miembro de ACEDI-CILSA.

[3] En virtud de los artículos 5 y siguientes del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional conocerá los delitos de Genocidio, Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad y Crimen de agresión.

[4] La Corte Penal Internacional no se encargará de juzgar a cualquier persona, sino que irá tras los máximos responsables de los crímenes objeto de su competencia.

[5] La Corte asumirá competencia cuando los Estados no tengan la voluntad de investigar y sancionar a los responsables, no tengan la capacidad para hacerlo, o le soliciten a este organismo que asuma competencia (art. 17 ER).

[7] Actualmente se encuentran bajo este examen: Afganistán, Georgia, Guinea, Colombia, Honduras, Corea y Nigeria.

[8] Cfr. Avocats Sans Frontières. Africa and The International Criminal Court: Mending Fences. Tomado de http://www.asf.be/wp-content/uploads/2012/08/ASF_UG_Africa-and-the-ICC.pdf consultado el 7 de septiembre de 2013.

[10] African Union Acuses the ICC of ‘hunting’ africans. Tomado de: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-22681894 consultado el 7 de septiembre de 2013.

[11] Cfr. MURUNGU, Chacha Bhoke. Towards a Criminal Chamber in the African Court of Justice and Human Rights. Journal of International Criminal Justice. (2011) 9 (5). Oxford University Press.

[12] Cfr. Uganda and the International Criminal Court: Debates and Developments. En http://www.africaportal.org/articles/2013/07/18/uganda-and-international-criminal-court-debates-and-developments consultado el 07 de septiembre de 2013.

[13] “The ICC is like a cobweb: small flies get stuck, but wasps and hornets get through” (SIDELSKY, Robert. A warrant of hypocrisy. Tomado de http://www.project-syndicate.org/commentary/a-warrant-of-hypocrisy#Tle36fVO0EtuT2sf.99  consultado el 07 de agosto de 2013).

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