Análisis de la Estrategia de Colombia frente al Fallo de la CIJ (Nicaragua v. Colombia)

Santos CIJ

Por: Nicolás Córdoba Pineda, estudiante de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y Miembro Fundador de ACEDI – CILSA 

@NicolasCordobaP 

El presente documento tiene por objeto dar a conocer algunas consideraciones de carácter jurídico que se desprenden de la alocución presidencial del día 9 de septiembre de 2013 y en donde se dio a conocer la estrategia oficial del gobierno colombiano de cara al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo territorial y marítimo (Nicaragua v. Colombia) del 19 de noviembre de 2012. La forma planteada es afirmación-análisis, siendo la primera un extracto literal de la declaración y la segunda una apreciación jurídica sobre el particular.

 

“Denunciamos el Pacto de Bogotá, es decir, nos retiramos de este tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de la Haya”

Dicho retiro sólo tendrá efecto el 28 de noviembre del presente año, fecha en la cual se cumple un año del envío de la nota de denuncia de dicho pacto al Secretario General de la OEA (Depositario de este instrumento). Hasta la fecha Colombia seguirá obligada en virtud del Tratado.

Cabe recordar que esta no es la única forma de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (aunque sí la única que lo hacía en forma amplia para cualquier disputa entre las Partes del Pacto). Existen Tratados internacionales de los cuales Colombia es Parte que plantean en su texto la obligación de dirimir controversias a la luz de la CIJ –una especie de cláusula compromisoria donde el ente administrador del diferendo será en forma exclusiva la Corte-.

“El Gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional”

En la práctica la sentencia de la Corte no generará efectos importantes para el mundo jurídico pues Colombia ya denunció dicho Tratado. En este sentido la Corte debería declararse inhibida –si para noviembre 28 no ha emitido sentencia- pues no podrá pronunciarse sobre un instrumento que ya no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Pretender la inconstitucionalidad con efectos retroactivos sobre una norma que ya salió de la esfera del Derecho interno sería plantearse problemas tan complejos como ¿qué hacer con todas aquellas normas derogadas que algún momento llegaron a trasgredir la Constitución? ¿Sería viable demandar normas derogadas y pretender retrotraer todos los efectos jurídicos que en algún momento pudieron llegar a producir?

“El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –no es y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”

Primero, los Fallos de la Corte Internacional de Justicia no son aplicables o inaplicables. Es clara la obligación de cumplimiento en virtud de lo dispuesto por el Artículo 94.1 de la Carta de San Francisco que dispone:

Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.

(Subrayas por fuera del texto original)

En este sentido la posibilidad de “decretar” la inaplicabilidad no sólo va en contra de la lógica de las decisiones judiciales (pues no existe la alternativa de aplicar o inaplicar un fallo), sino que atenta directamente contra el régimen internacional del cual Colombia es parte desde 1945 –como miembro fundador de la Organización- que resalta el compromiso de los Estados Miembros a cumplir las decisiones. Sumado a ello, esto da paso a que se aplique el numeral segundo de este artículo, en donde si una de las partes dejare de cumplir sus obligaciones derivadas de un fallo de la CIJ la parte afectada podrá acudir al Consejo de Seguridad y pedir que éste tome acciones sobre el asunto.

Segundo, Colombia no necesita de un Tratado de límites con Nicaragua para dar aplicación al Fallo pues en ningún momento se están modificando los límites de la República en contravía del Artículo 101 Constitucional. Como lo expuse en un artículo pasado[1], la Corte no modificó los límites del territorio pues dichas zonas afectadas por la sentencia hacen parte del régimen internacional del Derecho del Mar y en ningún momento estaban supeditadas a la convalidación interna. La Corte no podría modificar lo que nunca fue de Colombia, pues como bien lo señaló en la Sentencia de excepciones preliminares de 2007, el Tratado Esguerra-Bárcenas no fijó un límite entre Colombia y Nicaragua.

“Declaramos la existencia de una Zona Contigua Integral (…) Vamos a ejercer jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos”

Este es el punto más claro de reconocimiento de validez y aplicabilidad del fallo, pues ¿qué sentido tendría declarar las zonas contiguas con base en el trazado que dispuso la Corte misma? Las zonas contiguas que Colombia está decretando se ajustan al mapa fijado por la Corte y no a otro que Colombia pretenda aplicar. Si bien era necesario llenar ese vacío que la jurisprudencia omitió, y si bien creo que Colombia tiene plenos derechos sobre estas zonas, con base en los mismos argumentos que utilizó la Corte para fijar los límites, esta es una “confesión de aplicabilidad”.

“La protección de la Reserva Seaflower en la que nuestros pescadores han adelantado labores de pesca desde hace siglos”

A este respecto sólo cabría aclarar que la biósfera Seaflower al ser patrimonio natural de la humanidad goza de la protección por toda la humanidad. Así mismo es válido afirmar que Nicaragua también es miembro de la UNESCO (organismo que declaró el estatus de protección internacional sobre dicha reserva) y en ese sentido está obligada a protegerla y conservarla en los mismos términos que Colombia. La reserva no importa de qué lado esté, goza de igual protección bajo el mismo régimen.

“Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas –como son Panamá, Costa Rica y Jamaica– suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General”

Los memoriales de agravios ante el Secretario General son de exclusivo impacto político, pues aunque la Corte haga parte de la Organización de Naciones Unidas en su carácter de órgano judicial, ésta cuenta con absoluta autonomía e independencia a la hora de tomar sus decisiones. El Secretario General no es magistrado de la Corte, ni administrador del Tribunal. Como máximo jefe político y administrativo de la Organización se encarga de asuntos de trámite frente a la Corte, como el envío de las peticiones de Opinión Consultiva que emanen de la Organización o el arreglo de cuentas con cargo al presupuesto general.

“El fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites que tenemos vigentes con estos países (Panamá, Costa Rica y Jamaica), los cuales estamos obligados a cumplir”

Aunque es cierto que el Fallo desconoce derechos de terceros, no es cierto que desconozca Tratados de límites con todos estos países, pues sólo con Panamá tenemos un Tratado vigente. Este tema deberá ser resuelto por la vía diplomática –bilateral- o a través de otra demanda ante la CIJ para que se pronuncie sobre estos casos.

“También estamos reafirmando jurídicamente que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas. Esto hace que tengamos una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena sobre la cual Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos que nos otorga el derecho internacional”

La plataforma continental no se decreta ni se declara con base en deseos o aspiraciones legítimas de los Estados[2]. Este es un asunto en el cual se aplica la teoría del mejor derecho, es decir, tendrá la razón la parte que pruebe tener mejor derecho que la otra en una ponderación técnica y objetiva que se haga sobre el traslape de una plataforma sobre la otra.

Para este efecto Nicaragua está adelantando una solicitud de Plataforma Continental Extendida ante la Comisión de Plataforma Continental de la Convención del Mar –CONVEMAR-, de la cual si bien Colombia no es parte, bien podría aplicar con base en la costumbre internacional (misma razón por la cual la Corte aplicó ciertas disposiciones de la CONVEMAR en su decisión).

Algunos sugieren que Colombia no ratifique la Convención y desacatemos la decisión de ser contraria a nuestros intereses alegando falta de vinculatoriedad por no hacer parte de dicho instrumento. En lo personal me inclino por la tesis de ratificar la Convención y defendernos en derecho y con la técnica requerida dentro de dicha Comisión.

 “Nos reservamos el derecho de hacer uso de los recursos que existen ante la Corte Internacional de Justicia”

Este punto fue quizá uno de los que se activó de forma instantánea al dar la declaración, en particular aquel tocante al recurso de aclaración. Como bien lo requiere la Corte –y lo ha dicho en su misma jurisprudencia como en el caso Haya de la Torre- para que ésta conozca sobre dicho recurso deberá existir para ese momento una disputa entre las partes sobre el alcance y/o contenido de la decisión. Es claro a todas luces que este es el inicio formal de la disputa, pues con el solo hecho de decretar la “inaplicabilidad” ya nace una confrontación entre si eso es posible o no.

El recurso de revisión tiene otros requisitos que no se cumplen todavía y que será difícil que lo hagan en los próximos nueve años y dos meses que quedan para poder invocarlo.

“Seguiré cumpliendo fielmente con nuestra Constitución –tal como lo juré ante Dios y lo juré ante ustedes– con todo el compromiso, con todo el esfuerzo, con toda la contundencia”

Sobre el particular caben varios interrogantes ¿qué posición asumirá el Presidente frente al artículo 9 de la Constitución Nacional? ¿Desconocerá uno de los Principios ya reconocidos y aplicados por Colombia en materia internacional como el pacta sund servada? ¿Es constitucional desconocer por decreto uno obligación que tiene rango supralegal? ¿A dónde queda el mandato de orientar la política internacional hacia la integración Latinoamericana y del Caribe? ¿En qué fundamentará entonces sus relaciones exteriores?


[1] Nicolás Córdoba Pineda, Una reacción sobre el artículo “Control constitucional de sentencia de Corte Internacional de La Haya” de Juan Manuel Charry Urueña. Disponible en: https://acedicilsa.com/2013/07/14/una-reaccion-sobre-el-articulo-control-constitucional-de-sentencia-de-corte-internacional-de-la-haya-de-juan-manuel-charry-uruena/

[2] Es un derecho de los Estados ribereños (art.76.1 f de la Convención del Mar de 1982) que deberá compaginarse con un régimen de tratamiento especial traído por la misma Convención.

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