Crónica de mi encuentro con Chief Justice Roberts: un breve ejercicio de derecho comparado

 

John Glover Roberts, Jr.
John Glover Roberts, Jr.

Por Roberto Chain [1]

Un grupo de varios estudiantes de México, Ecuador, Chile, Noruega, China, Congo, Estados Unidos, Italia, Suecia, Países Bajos, Tailandia y Colombia, emprendimos un viaje fascinante el lunes 4 de noviembre de 2013 a la capital de los Estados Unidos de América, para vivir una de las experiencias más enriquecedoras: conversar, por 30 minutos, con el Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Glover Roberts, Jr., más comúnmente referido como Chief Justice Roberts.

Anterior a ello, el día domingo 3 de noviembre, este grupo de estudiantes, liderado por Caroline Sheldon (Dickinson School of Law – PennState University) y el Profesor Louis del Duca, estuvimos en un pequeño pueblo del Estado de Pennsylvania llamado Carlisle, donde se realizaron todos los preparativos para la reunión que tendríamos con el Presidente de la Corte Suprema de los EE.UU., uno de los personajes más importantes en la vida política y social de este país. Queríamos preparar un pequeño conversatorio con él, para que éste, estuviera a la altura de las circunstancias. En la reunión previa que tuvimos en Carlisle, un día antes de nuestra reunión con Chief Justice Roberts, discutimos en un debate ameno y de gran calidad académica, cuáles serían las preguntas adecuadas para formularle a quien representa la cabeza del Poder Judicial en los EE.UU.

Aunque hubiéramos podido tratar temas polémicos y de actualidad (como la decisión sobre el “ObamaCare”) queríamos, como estudiantes internacionales, abordar las diferencias de los sistemas jurídicos que siguen la tradición romano-germánica (como el colombiano) frente a un sistema de derecho basado en el common-law, típico de la tradición jurídica anglosajona, que rigurosamente siguen los EE.UU., y el Reino Unido.

Arribamos a las 9:30 a.m., el día 4 de noviembre de 2013, a la sede donde actualmente funciona la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU., justo muy cerca de donde se ubica el Capitolio de los EE.UU., donde sesiona y trabaja el Congreso del referido país. Tuvimos la oportunidad, divididos en dos grupos, de asistir a las audiencias de dos casos de trascendencia para el sistema jurídico norteamericano: Fiore v. Walden, y Sandifer v. United States Steel Corp. En el primero, se discutía si debía extenderse la jurisdicción para conocer un caso en razón a la competencia personal a las Cortes de los distintos Distritos Federales en razón a un mínimo contacto relacionado con el conocimiento que un agente tenga del domicilio del posible demandante, y en el segundo, se discutió si el tiempo qué utilizan los trabajadores para implementar su vestimenta de trabajo y dispositivos de seguridad personal, deben ser contabilizadas como horas de trabajo de conformidad con la Ley de Estándares de Trabajo Justo.

Acto seguido, luego de un rápido almuerzo, a las 01:30 p.m., tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. John Glover Roberts, Jr., nacido el 27 de enero de 1955, es el décimo séptimo (17º) Presidente que ha tenido la Corte Suprema de los Estados Unidos, y fue nominado en el año 2005 por el Ex Presidente George W. Bush, y quien reemplazó el asiento que ocupaba el Ex Presidente de la Corte William Rehnquist. Además de ser uno de los personajes más importantes de los Estados Unidos, valga recalcar que es un ser humano atento y muy gentil en su bienvenida a nuestra visita al lugar donde trabaja, aproximadamente, 10 de los 12 meses del año.

Como estudiante internacional, este tipo de experiencias no solamente son una foto o un recuerdo turístico, sino una verdadera experiencia enriquecedora. Como abogado extranjero, quisiera aprovechar para realizar un ejercicio de Derecho Comparado frente al aparato judicial colombiano a fin de reflexionar sobre el funcionamiento de nuestro sistema jurídico y entender cuáles son sus falencias. De esta manera, el Estado colombiano podría entrever nuevas ideas y herramientas para ofrecer un mejor servicio público a todos los ciudadanos.

Mi reflexión se encamina a destacar tres puntos importantes que puedo extraer de esta valiosa experiencia:

1.    La oralidad

 

Bien es sabido que en Colombia, con la adopción de recientes reformas a los procesos judiciales (por ejemplo, Ley 1564 de 2012), nuestro sistema jurídico tiende mucho más a la oralidad, y es un paso que debe aplaudirse al Congreso de la República.

A este respecto, es importante destacar del sistema jurídico norteamericano, que la oralidad trasciende incluso a las instancias donde los casos son conocidos por las Cortes de mayor jerarquía, como las Cortes de Apelaciones y en el caso extraordinario, la Corte Suprema.

El sistema que adoptan consuetudinariamente todas las Cortes de Apelaciones en los diferentes niveles estatales y federales en los Estados Unidos, no lleva a que el juez sea un mero sujeto pasivo que escucha los alegatos de los abogados que participan en los diferentes procesos judiciales, sino que son sujetos activos que dirigen una discusión (moderada por el Presidente de la respectiva Corte) con los abogados, y dónde se les interroga sobre las implicaciones que sus alegatos, de ser o no aceptados, tendrán en futuras decisiones que se vayan a adoptar.

Esa labor activa de los jueces, en preguntar y cuestionar los argumentos presentados por los abogados, no solamente es interesante desde el punto comparativo, sino que es un modelo digno de ser adaptado a la realidad jurídica colombiana, ya que a mi modo de ver ello exigiría a los jueces estar preparados para decidir los casos, y a los abogados presentar argumentos que den una discusión de altura académica y profesional. En mi opinión, llevar esto a nuestra práctica jurídica sería una medida que contribuiría al constante mejoramiento de las falencias que tiene nuestro sistema judicial.

 2. Criterios para seleccionar los casos que serán conocidos

Este no es un tema muy familiar en las discusiones sobre la Corte Suprema de Justicia colombiana, cuando de recursos extraordinarios de casación se trata, pero sí es común cuando se trata de la selección aleatoria de ciertos tipos de casos por parte del Consejo de Estado, y sobre todo en los casos referentes a acciones de tutela que llegan mediante el recurso de revisión de tutela a la Corte Constitucional.

Sobre este último punto, es bien sabido que legal y reglamentariamente, el único criterio que tiene la Corte Constitucional para seleccionar los casos provenientes de acciones de tutela en segunda instancia para su revisión es la aleatoriedad; es decir, que según el juicio de los Magistrados se trate de un tema importante y de trascendencia nacional, podrán o no seleccionar los casos que les sean sustanciados.

En el caso norteamericano, el recurso con el que cuentan los sujetos litigiosos que desean llegar a instancias de la Corte Suprema, es el famoso “writ of certiorari”, que no es más que un recurso mediante el cual una Corte de mayor jerarquía decide revisar un caso a su total discreción. En este respecto, tuve la oportunidad de preguntarle al Chief Justice Roberts, sobre cuáles son los criterios que tienen los jueces de la Corte Suprema para conceder el writ of certiorari. Básicamente su respuesta fue que había una tendencia a que fuesen concedidos: i) en aquellos casos donde se discute la interpretación de una disposición de una ley (o “statute” como comúnmente se le denomina) de carácter federal que está siendo interpretada de manera diferente por varios Circuitos Federales, y que requiere de uniformidad en su interpretación y aplicación, y ii) cuando existan decisiones de altas cortes estatales o de cortes de apelaciones en el ámbito estatal, donde se estén discutiendo asuntos de índole constitucional.

Este tema es particularmente relevante, dado a que, como lo dijo informalmente Chief Justice Roberts, alrededor de 7.000 a 9.000 casos llegan a través del writ of certiorari a la Corte Suprema, y aproximadamente un 1% de esos casos, son seleccionados por los jueces, teniendo un total aproximado de 78 a 95 casos por año que son seleccionados.

 3. Reflexión sobre la existencia de tres Altas Cortes vs.  una única Corte

Una pregunta que no resistí la tentación de formular, fue la referente a cuál era la opinión del Presidente la Corte Suprema de los EE.UU. sobre la existencia, mayoritariamente en los países que siguen la tradición del sistema jurídico romano-germánico, de una estructura de 3 altas cortes: i) una corte de casación (jurisdicción ordinaria), ii) un Consejo de Estado (jurisdicción contenciosa administrativa) y iii) una Corte Constitucional (jurisdicción constitucional).

Aún cuando Chief Justice Roberts manifestó un profundo respeto a las manifestaciones culturales de la herencia romano-germánica en nuestros sistemas, destacó que la gran ventaja de la existencia de una sola Corte (como en el caso de los EE.UU.), es la unificación de criterios y la posibilidad de evitar choques entre altas cortes que tengan diferentes puntos de vista sobre temas importantes. Al respecto, agregó que ello podría llevar a los ciudadanos a confundirse sobre qué interpretación seguir y destacó que, constantemente, ha visitado varios jueces en diferentes Cortes en el mundo, y le ha parecido sumamente interesante hacer ejercicios de derecho comparado sobre las ventajas y desventajas de uno y otro sistema.

Eso, particularmente, me hizo reflexionar sobre el constante “choque de trenes” que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, muchas veces llevan a cabo, y en las que no faltan amenazas de interponer denuncias por la presunta comisión del delito de prevaricato.

En conclusión, este tipo de experiencias, cuando son aprovechadas por muchos abogados colombianos con la idea de regresar al país, puede llegar a ser muy valioso, ya que nuestra mentalidad y funcionamiento, puede enriquecerse con experiencias comparativas a nivel mundial. Siempre es útil tomar lo mejor de cada sistema, de cada institución y de cada persona que tenemos la oportunidad de conocer en nuestro desarrollo profesional y académico.


[1] Candidato a LL.M (Dickison School of Law – PennState University) – Abogado egresado de la Universidad del Rosario – Especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte

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