Top 10 de la Diplomacia Colombiana en 2013

Santos Holguin

Por: Edgar Picón, Luis Felipe Sarmiento, Jaime López y Julián Huertas

En esta época de reflexión, balances y propósitos, ACEDI presenta un ranking sobre los 10 episodios y actuaciones más importantes de Colombia en el escenario internacional durante este año que termina. Valga aclarar que el escalafón no está ordenado según la diligencia o asertividad con que el Gobierno y la Cancillería enfrentaron tales asuntos, sino de acuerdo con la importancia de estas situaciones para Colombia. Como siempre, este tipo de apreciaciones suelen ser debatibles y es posible que, para muchas personas, algunos de los hechos mencionados en el ranking no hayan sido tan importantes y, así mismo, que otros no incluidos debieron aparecer en el listado. Por fortuna, la unanimidad en el Derecho y la Política son imposibles.

A pesar de los aciertos, que por supuesto hubo, es deseable que el país vea en 2014 una gestión más coordinada, a partir de una estrategia integral que permita defender los intereses de Colombia en la región y en el mundo.

Con esta esta última entrega de 2013, ACEDI – CILSA termina un semestre lleno de satisfacciones en el que, entre otros logros, se puso en funcionamiento su página en Internet, se visibilizaron actividades universitarias valiosas y se generó un espacio que antes no existía para debatir temas de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Esperamos que les guste esta última entrega del año y los invitamos a debatir nuestro Top 10 de la Diplomacia Colombiana en 2013.

– 

#1. Un año y 75.000 km2 de mar después

Litigio con Nicaragua: estrategia de Colombia frente al fallo de la CIJ de 2012
santosnicaragua

 

 

 

 

 

 

Sin lugar a duda lo más importante de 2013 fue el manejo diplomático y jurídico que Colombia le dio al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de noviembre de 2012, mediante el cual la Corte reconfiguró los límites marítimos de los dos países (ver más acá: https://acedicilsa.com/2013/08/05/la-cij-y-el-fallo-que-reconfiguro-el-mar-caribe/). Si bien el fallo fue emitido en 2012, la respuesta colombiana solo ha podido ser apreciada en 2013, salvo lo relativo a la denuncia del Pacto de Bogotá efectuada el 28 de noviembre de 2012 a fin de sustraerse de la competencia de la Corte Internacional de Justicia en casos futuros. Hasta antes de septiembre de 2013, el Gobierno de Juan Manuel Santos se limitó a señalar los “errores, excesos e inconsistencias de la Corte”, llamar la atención sobre la soberanía de Colombia, los derechos de los pescadores, y a prometer una estrategia comprensiva para enfrentar la nueva situación territorial del país, la cual estaría basada en consultas a expertos en Derecho Internacional, principalmente a la firma Volterra Fieta.

La estrategia del Gobierno colombiano, presentada solo hasta el 9 de septiembre de 2013, ha estado condicionada por la conciencia de obligatoriedad del fallo, el interés por mantener la tradición (e imagen) de Colombia como un país respetuoso del Derecho Internacional y la situación electoral del país en 2014, cuando los ciudadanos elegirán Presidente de la República y Congresistas. De esta manera, se entiende que el Presidente Santos haya querido encarar estos tres frentes con el discurso de “acatar pero no aplicar”. Es evidente que Juan Manuel Santos no quiera pasar a la historia como el José Manuel Marroquín del siglo XXI, aunque seguramente él mismo entienda que fallo debe acatarse y aplicarse en algún momento. A lo anterior debe sumarse la fuerte presión del popular ex Presidente y candidato al Senado Álvaro Uribe, quien hace cinco años había afirmado ante los Presidentes de América Latina que Colombia cumpliría el fallo pero ahora reclama el desconocimiento total del mismo (ver #2 de este Top 10).

Ante esta encrucijada, en la alocución presidencial de septiembre del presente año, Santos recordó la denuncia Pacto de Bogotá y la supuesta imposibilidad de acudir nuevamente ante la CIJ. Sin embargo, la denuncia del Pacto de Bogotá se hizo efectiva solo a partir del 28 de noviembre de 2013, un día después de que Nicaragua demandara a Colombia por segunda vez, como se explica en el siguiente punto de este Top 10. Los otros elementos de la estrategia de Colombia son una serie de medidas internas que pretenden hacer inocuo el fallo de 2012 de La Haya, sumado a movidas diplomáticas con países fronterizos de Nicaragua y Colombia que podrían verse afectados por la decisión de la Corte (ver análisis completo acá: http://wp.me/p3JPt8-5I). Ahora bien, debe entenderse que todos los recursos internos (decisiones de la Corte Constitucional colombiana, prescripciones de la Constitución Nacional sobre modificación de límites, decretos sobre integración de la plataforma continental, protección de la Reserva Seaflower, entre otros), no tienen la capacidad de modificar en modo alguno la decisión de la CIJ. La única posibilidad de modificar el sentido del fallo está en los recursos, ante la misma Corte, de aclaración (cuyo plazo ya venció) y la revisión del mismo, para lo cual aún quedan nueve años aunque es improbable que ocurra.

En resumen, Colombia (al menos el Gobierno actual) parece ser consciente de la necesidad de acatar y aplicar el fallo, aunque por otra parte intenta transmitir la idea de que todavía es posible recuperar el mar perdido. Gracias a esta falta de claridad, la Cancillería ha enviado mensajes contradictorios al país y a la comunidad internacional, situación que ha sido aprovechada por Nicaragua para demandar a Colombia por segunda vez, como se explica a continuación.

– 

#2. El iceberg que Colombia no ha querido ver

La segunda demanda de Nicaragua contra Colombia ante la CIJ por incumplimiento de fallo de 2012

Daniel-Ortega

 

 

 

 

 

 

El 27 de noviembre pasado el Gobierno de Daniel Ortega volvió a demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua acusó a Colombia de desconocer el fallo de la CIJ de 2012 que hace más de un año le reconoció a Managua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe. Para Nicaragua, “Colombia está en la obligación de cumplir la sentencia [de 2012], restablecer las consecuencias jurídicas y materiales de sus hechos ilícitos internacionales y pagarle plena reparación por el daño causado por esos actos”. Ante esta demanda, Bogotá llamó a consultas a su embajadora en Managua, Luz Stella Jara, para estudiar las nuevas pretensiones nicaragüenses. Una vez más, la Canciller María Ángela Holguín negó que Colombia quiera desconocer el fallo y afirmó que el mismo no se puede aplicar sin un tratado bilateral, frente a lo cual –sostiene Holguín- Nicaragua no ha sido receptiva.

Lo interesante de este suceso radica en comprobar la postura solo reactiva de Colombia en la disputa jurídico-política con Nicaragua. Desde 2001 Nicaragua ha marcado el ritmo de la situación y en Colombia no se evidencia una gran estrategia para hacer frente a los objetivos del país centroamericano, como se explicó en el punto anterior. Debe recordarse que en septiembre de 2013, Nicaragua había presentado otra demanda ante la CIJ, solicitando la delimitación del el “rumbo exacto” de la frontera marítima que separa a los dos países, más allá de lo logrado en noviembre de 2012. Y solo hasta septiembre de 2013 el Presidente Juan Manuel Santos dio a conocer el plan de Colombia ante la arremetida de Managua.

Por su parte, Nicaragua aprovechó el discurso de la Cancillería colombiana para demandar, por primera vez en la historia de la CIJ, a un país por incumplimiento de un fallo del mismo tribunal. Con esta nueva demanda, Nicaragua pone ante la Corte Internacional de Justicia la posibilidad de hacer sentir su autoridad, valer su fallo y reforzar el mensaje de obligatoriedad de sus decisiones, en momentos en los que otros dos países suramericanos, Chile y Perú, esperan la decisión de la Corte sobre la disputa marítima por 95.000 km2 en el Océano Pacífico. Y aunque Lima y Santiago se han comprometido a respetar la decisión, dicha actitud no garantiza nada, pues uno de los más férreos opositores al acatamiento (no solo aplicación) de fallo de 2012 de la Haya en Colombia, ha sido el ex presidente Álvaro Uribe, quien en 2008 había asegurado a Daniel Ortega y a otros Presidentes que respetaría el fallo (ver video acá: http://www.youtube.com/watch?v=widi8MH1s4U). Así, la CIJ podría estar interesada en no dejar lugar a ambigüedades sobre el acatamiento y aplicación de sus decisiones.

Finalmente, esta segunda demanda de Nicaragua contra Colombia debe entenderse en el marco de una clara estrategia que incluye, a su vez, acercamientos a importantes aliados de Colombia como Estados Unidos, la demostración de fuerza militar a través de otros aliados en búsqueda de recuperar protagonismo internacional (Rusia) y el apoyo económico de China, segunda potencia mundial -por ahora-, la cual tiene un claro interés en construir un canal a través de Nicaragua. En pocas palabras, la segunda demanda de Nicaragua es la punta de un iceberg jurídico-diplomático que el Gobierno de Bogotá no ha sabido estimar en toda su dimensión.

#3. El gran debate sobre la impunidad, la justicia transicional y la paz

El Marco Jurídico para la Paz e Intervención de la Corte Penal Internacional

cpi

 

 

 

 

 

 

El Marco Jurídico para la Paz es el instrumento de justicia transicional que el Gobierno Santos logró aprobar y la Corte Constitucional la declaró exequible. Su desarrollo concibe la posibilidad, en resumidas cuentas, de un tratamiento penal especial para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por supuesto, la razón de dicho instrumento es firmar la paz con la guerrilla de las FARC.

El tratamiento penal especial incluye suspensión, reducción o penas alternas. Para algunos, dicho tratamiento es una violación al Estatuto de Roma el cual Colombio ratificó el 5 de agosto de 2002 y entró en vigor para Colombia el 1 de noviembre de 2009. El hecho relevante consiste en que a mediados de agosto se conoció, a través de distintos medios, una carta escrita por la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en donde hacía referencia a este importante punto acerca de la reducción de penas para advertir que no se puede dar una irrisoria, inadecuada, a un perpetrador de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. No obstante lo anterior, Fatou Bensouda, al reunirse con el Presidente Santos declaró su respaldo al proceso de paz. La definición de lo que puede ser una pena inadecuada todavía será tema de debate especialmente si se decide desarrollar el Marco Jurídico para la Paz.

Como conclusión, es comprensible que un tema tan sensible para Colombia sea manejado directamente por el Presidente de la República, sin embargo, era evidente y previsible que las consultas a la Fiscal se debieron de hacer anteriormente, y por qué no, con plena transparencia frente a los colombianos y el mundo. El argumento de soberanía plena para hacer la paz no es suficiente para desconocer las obligaciones internacionales que Colombia se compromete. De nuevo, se requiere más proactiviadad y menos reactividad en el escenario internacional.

#4. Una esperanzadora y verdadera integración en América Latina

Avances integración Regional desde la Alianza del Pacífico

alianza_del_pacifico

 

 

 

 

 

Cuando el 28 de Abril de 2011, el en ese entonces Presidente del Perú, Alan García, en conjunto con los Jefes de Estado de Colombia, Chile y México le apostaron a un proceso de integración con miras al comercio con Asia, crearon los cimientos de un bloque económico que ha sabido despertar el interés del mundo. En la actualidad la Alianza del Pacifico representa un mercado común de más de 200 millones de personas y, según datos de Proexport[1] equivale a la octava economía del mundo, por lo cual ya son 24 los países que se han adherido en calidad de observadores y Costa Rica está en proceso de Incorporación.

Aunque la Alianza arrancó como un acuerdo de libre comercio entre los países miembros, está llamada a convertirse en un verdadero proceso de integración regional. El cual, aunque en su origen busca profundizar la integración de las economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia – Pacífico, en la actualidad está posicionándose como un importante actor del comercio mundial. Prueba de ello es el Mercado Integrado Latinoamericano – MILA, el cual integra la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Lima, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores prepara su ingreso para el primer semestre de 2014[2].

Todo indica que los Jefes de Estado de la Alianza buscan dar un paso más allá de una integración económica, pues en la actualidad se está trabajando en la creación de un Parlamento de la Alianza con 10 miembros de cada país; ya existen embajadas comunes en algunos países de África, así también, se han unido las Agencias Nacionales de Promoción al Comercio, las cuales si bien por el momento trabajan como un techo común, en un futuro podrían tener una verdadera integración; el sistema de becas que ha establecido la Alianza propende por impulsar fuertemente la movilidad estudiantil y académica dentro de la alianza. Así las cosas, el horizonte geopolítico que comparten los miembros de la Alianza, impulsados por tasas de crecimiento anuales de, en promedio, 4.3% podrá traernos grandes sorpresas en el futuro cercano.

Si bien la Alianza anda por buen camino, la CEPAL[3] ha advertido que se debe llegar a un mayor nivel de integración, pues de restársele la participación de México, el aporte que pueden tener las restantes tres economías en materia de productos, exportaciones y de acceso a la inversión extranjera, es muy limitado[4], por lo cual habrá que observar con mucho detenimiento este interesante proceso de integración latinoamericana, que desde ahora parece opacar los lentos y escasos resultados de Unasur.

#5. Cualquier cosa antes que acudir de nuevo a la Corte Internacional de Justicia

El acuerdo con Ecuador sobre la demanda por fumigaciones con glifosato

ecuadorcol

 

 

 

 

 

 

El pasado 13 de septiembre, Ecuador retiró la demanda que tenía contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones con glifosato en la frontera binacional desde el año 2000 hasta el 2007. El acuerdo extrajudicial contempla, entre otras cosas, el pago por parte de Colombia de 15 millones de dólares a Ecuador, para la promoción del desarrollo de las zonas de frontera y la reparación de las personas afectadas por el glifosato. Al parecer la diplomacia colombiana ha entendido que es mejor resolver nuestros conflictos por acuerdo entre partes y no ante la Corte, consejo que debería seguirse con el caso nicaragüense.

Sin embargo, por más conveniente que haya sido el acuerdo, al lograr hacer retirar la demanda, no hay que olvidar la realidad de nuestro país en medio del conflicto, pues el acuerdo alcanzado ha contemplado una zona de exclusión de futuras fumigaciones con glifosato de 10 kilómetros antes de la frontera, franja que podrá ser reducida por decisión de una comisión científica binacional a 5 kilómetros luego del segundo año y hasta a 2 kilómetros posteriormente o, también incrementarse según determine la comisión. Ahora, al tener presente que la frontera colombo-ecuatoriana se extiende por 586 kilómetros, resulta ser muy amplio el cinturón que tienen los grupos armados ilegales y narcotraficantes en general, bajo el abrigo de la selva, para desarrollar sus cultivos, lo cual supone nuevo reto para Colombia en la lucha contra los cultivos ilícitos.

Resulta interesante ver cómo Bogotá supo moverse frente a este caso, en comparación con la posición que ha asumido frente al de Managua, lo cual solo deja serias dudas sobre la asertividad que debe primar en el manejo de las relaciones exteriores. Al parecer este es uno de los pocos casos que han sido manejados de forma sopesada y previsiva, alejándose de las ya acostumbradas medidas reactivas e impertinentes, que solamente buscan calmar al país a través de los medios de comunicación, como si nuestras relaciones internacionales consistieran en apagar incendios.

#6. La aspiración de entrar a las grandes ligas

Gobierno colombiano formaliza protocolo de ingreso a la OCDE

Colombia_OCDE

 

 

 

 

 

El pasado 19 septiembre, los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobaron la hoja de ruta para la adhesión de Colombia. La reacción colombiana no se hizo esperar, pues el 25 de octubre de 2013, el presidente Santos formalizó el protocolo de ingreso, que en el mejor de los escenarios, le tomaría a nuestro país tres años en implementarse, para así convertirse en un miembro pleno de la organización. Sin embargo, dentro de esos tres años, Colombia tendrá el reto de acomodarse a los 250 instrumentos legales que tiene la OCDE, claro está, contará con la ayuda permanente de expertos que apoyen las autoridades colombianas, pues al fin de cuentas se trata del club de las buenas prácticas[5].

Frente a los ojos de muchos, el paso de Colombia es visto como osado, pues la gran mayoría de los países de la OCDE son desarrollados, por lo cual la vara de medición estará mucho más alta de lo que hemos estado acostumbrados a tener. No debemos tampoco olvidar que la OCDE también se beneficiaría del ingreso colombiano, pues en palabras de su director Ángel Gurría, nuestro país tiene gran experiencia en sectores como e-goverment, sistemas de créditos educativos, sistemas de transporte masivo, etc., ello sin contar con el aire fresco que su ingreso le daría a la organización, muy de la mano con el reciente ingreso de Chile (2010).[6]

Así las cosas, debemos estar muy atentos a este importante paso de Colombia, pues sin lugar a dudas, entrar al club de los países ricos si bien luce como una ardua tarea, al fin de cuentas puede generar una gran cantidad de beneficios, v.gr. una mayor inversión extranjera directa y, sí siendo optimistas, le sumamos un posible acuerdo de paz en la Habana, el horizonte colombiano se aclararía mucho más.

#7. Política interna y el salvavidas del Derecho Internacional

La destitución del alcalde de Bogotá y posible intervención la CIDH

petro

 

 

 

 

 

 

El tema de la destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sigue siendo desde un principio, incluso desde el punto de vista de lo jurídico, un tema en extremo controversial. Si bien para muchos juristas es claro que el Procurador obró en derecho, para otro grupo no lo fue: el primero abogando por la ley y la constitución definiendo que el Procurador tiene dichas facultades, mientras que el segundo invoca la Convención Americana de Derechos Humanos para sostener que un servidor público elegido de manera popular sólo puede ser destituido de su cargo por un juez.

Ni siquiera en derecho interno se han puesto de acuerdo los juristas y es por esto que el tema es incluso aún más complicado para organizaciones internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas. La ONU no ha tenido una intervención drástica en el asunto, más bien ha sido bastante distante a intervenir en ello. Salvo ciertas declaraciones, donde se sostiene que es desafortunado el suceso, no ha dicho ni hecho nada distinto. El tema central del asunto es otro organismo internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es bien sabido, en jurisprudencia de dicha institución, se sostuvo, en el caso Leopoldo López Mendoza v. Venezuela, que para que el mismo fuese retirado de su cargo requería una sentencia de un juez de la República, no bastaba con una decisión de otro funcionario público que no estuviese revestido como juez.

Así las cosas a Gustavo Petro, quien el martes pasado se dirigió a Washington precisamente a hablar del tema ante la Corte, le resta interponer los recursos de ley internos para poder accionar el sistema legal de dicha Corte. En principio, la creencia de muchas personas es que ganará, teniendo en cuenta una jurisprudencia tan clara y rotunda como la del caso Leopoldo López. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, las facultades del Procurador están establecidas en la Constitución Política de Colombia, no en una ley ordinaria, y el mismo funcionario ha sancionado a más de 800 alcaldes y 23 gobernadores sin que nadie objetara; es decir, como si la misma sociedad, y los mismos políticos, hubiesen entendido que era totalmente válido que así lo hiciera.

En segundo lugar, la decisión fue en derecho. El tratar de probar que la misma fue basada en posiciones ideológicas y políticas resulta incoherente por dos grandes motivos: los fundamentos de la decisión, que de por sí están basados en temas bastante técnicos y de una juridicidad evidente, y los porcentajes: de los políticos sancionados por el Procurador, el 80% son de derecha, así que este tema también resulta inocuo. Como lo han señalado distintos analistas, el Procurador actuó en derecho, pero el problema estriba precisamente en que el mismo derecho es tan amplio que permite interpretaciones amplias y sin criterios que lleven a una gradación más predecible de las sanciones.

Finalmente, en dado caso de que el alcalde Petro ganase la demanda, la misma podría tardarse, hasta que haya decisión en firme, alrededor de siete años, cosa que en ultimas resultaría como un gran precedente en Colombia, pero como un despropósito para Petro y su lucha política. No sobra recalcar que la CIDH cumple una función de garante de los derechos humanos en América y como tal debe velar, entre otros, por las garantías de los servidores públicos elegidos popularmente. Se vela de tal manera evitando que sea mediante sesgo político o ideológico el argumento para sacar a un líder de izquierda o derecha del juego. Ahora bien, de ahí a plantear que la investigación sobre el manejo de las basuras de Bogotá y su consecuente sanción respondieron a una persecución política es un tema distinto, muy complejo y que sólo el tiempo dirá quién tiene la razón… Por ahora resta esperar si la Corte en primer lugar conoce del caso, y en segundo si aplica ipso facto jurisprudencia Leopoldo o por el contrario crea otra línea jurisprudencial. Aún faltan recursos internos y la decisión del Procurador no está en firme, por ende no sabremos, al menos en un buen tiempo, si Petro efectivamente queda fuera del juego político.

Por su parte el Gobierno nacional ha decidido no tomar parte por la Procuraduría ni por el alcalde Petro. Sus escazas intervenciones en este asunto han estado encaminadas a solicitar al futuro embajador de Estados Unidos en Colombia, respeto por los asuntos internos y a reiterar que acatará lo que las instituciones nacionales y los organismos internacionales le dicten.

#8. A pesar de todo, faltó más dignidad

El manejo que se le dio al escándalo de las interceptaciones por parte de Estados Unidos

U.S. Secretary of State John Kerry smiles with Colombia's FM Maria Angela Holguin during a news conference at the presidential palace in Bogota

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó en un artículo anterior publicado en la página de ACEDI (https://acedicilsa.com/2013/11/05/espionaje-norteamericano-y-derecho-internacional-una-vez-mas-frente-al-perro-sin-dientes/), las interceptaciones norteamericanas -las llamadas “chuzadas” de la National Security Agency, NSA- no violarían, en principio, ninguna norma internacional. Es por esto que dichas interceptaciones no corresponden a un ilícito internacional. Aclarando entonces que esto no es suceso antijurídico, procederemos a explicar la dimensión ontológica y deontológica del actuar de la Cancillería colombiana.

Se podría afirmar que, partiendo del supuesto propio de la diplomacia internacional bajo los ejes de poder global, la Cancillería colombiana no podía hacer nada más que aquello que efectivamente llevó a cabo. En otras palabras, la Cancillería quedó entre la espada y la pared: ¿qué decir frente las chuzadas norteamericanas que no afectara las relaciones con EEUU, uno de nuestros grandes aliados en materia económica, comercial y militar, pero que tampoco dejara entredicho que EEUU podría ofender, cuando así lo quisiera, la soberanía nacional? Pues bien, muy propio del Gobierno Santos, se buscó un punto intermedio: que no fuese una reacción agresiva pero tampoco que Colombia quedase como el país al cual EE.UU. irrespeta sin ninguna objeción. Lo que se hizo básicamente fue un mensaje diplomático de protesta.
La Cancillería colombiana solicitó información a la Secretaría de Estado americana sobre las chuzadas llevadas a cabo, el número de ellas, los destinatarios, las motivaciones para llevarlas a cabo, entre otras, con el fin de entender por qué se realizaron y poder afianzar la confianza y las relaciones entre ambas naciones. Desde el punto de vista político (de inferioridad y necesidad) se hizo lo debido: solicitar explicaciones del porqué se llevó eso a cabo y exigir compromisos de que lo mismo no se repita más. Así pues, desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales de Colombia, en su posición de aliado de Estados Unidos, hizo lo que su realidad política, económica y de poder le permitía, un “llamado de atención” a los norteamericanos. Desde este punto de vista político-práctico, los norteamericanos efectivamente irrespetaron y despreciaron la supuesta confianza entre las dos naciones, sin ninguna respuesta significativa por parte del ofendido. Intervenir millones de llamadas sin percibir nada diferente a un mensaje diplomático es, en últimas, “hacer y deshacer” sin consecuencias reales.

Esto queda claro en tanto no hubo ningún accionar legal ni diplomático en contra de EE.UU por parte de Colombia, dejando claro que el meollo del asunto se “solucionó” (se eludió, para olvidar prontamente) mediante una lánguida fuerza diplomática y dejando totalmente de lado la parte jurídica o legal en materia de derecho internacional. Sin embargo, no se puede hacer un análisis restrictivo del actuar de la Cancillería colombiana sin entender, al menos de una manera básica, el panorama mundial.

La realidad es que si bien se puede pensar que el actuar de la Cancillería fue débil, el reflejo en el mundo no es muy distinto. Alemania y Francia, dos superpotencias, fueron igualmente víctimas de las chuzadas norteamericanas. Estas dos naciones, al igual que el resto de la Unión Europea en general, se han limitado a reprochar y demostrar su indignación, pero absolutamente nada más. No obstante, sería exagerado plantear que la conducta adoptada Colombia era la única viable para todos los países. Es fácil encontrar otro tipo de conducta, más enérgica, en nuestro mismo vecindario, con Dilma Rousseff y el aplazamiento de su visita oficial a Estados Unidos prevista para el 23 de octubre pasado. En una fuerte nota diplomática, Brasilia explicó que “las prácticas ilegales de la interceptación de las comunicaciones y datos de los ciudadanos, empresas y miembros del gobierno brasileño constituyen un hecho grave, que atenta a la soberanía nacional y a los derechos individuales y es incompatible con la convivencia democrática entre países amigos”.

Aunque no son comparables las relaciones de Brasil y Estados Unidos con las de Colombia y el país norteamericano, la actitud y las acciones de Rousseff muestran que, seguramente, era posible un rechazo más significativo frente las interceptaciones de la NSA. En todo caso, la Cancillería colombiana siempre podrá defender su proceder y justificar que, dada su posición, sus relaciones y cómo se ha manejado esta situación a nivel mundial, obró de la manera debida o, al menos, de la única manera posible.

#9. Confusión, falta de precisión en los términos y crisis innecesarias

El Acuerdo de Cooperación con la OTAN

otan-colombia

 

 

 

 

 

En junio de 2013 el Presidente Santos anunció que firma un acuerdo de cooperación con la OTAN para “iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación con miras también a ingresar a esa organización”.

Dicha declaración despertó varias reacciones en el vecindario. Principalmente, Venezuela, Bolivia y Nicaragua demostraron su preocupación esbozando un discurso antiimperialista, absolutamente previsible. A su vez, Colombia se ratificó y dijo que no pretendía entrar a la OTAN al tiempo que la misma OTAN emitía el comunicado afirmando que Colombia no cumple las condiciones geográficas para ser miembro. No obstante, la OTAN ratifica su intención de tener un acuerdo de cooperación con Colombia.

Si bien es claro que Colombia puede celebrar acuerdos de cooperación con los países u organizaciones gubernamentales multilaterales que considere convenientes para el desarrollo de su propia seguridad es lamentable las múltiples voces que se oyeron: las desafortunadas declaraciones del Presidente en cuanto la intención de ser “miembro” de la OTAN, la ratificación del Ministro de Defensa y la Cancillería que brilló por su ausencia. Ello deja en evidencia, por lo menos, una falta de asesoría para saber con cuales organizaciones Colombia puede pretender ser miembro.

Colombia no debe de permiso a su vecindario pero sí hablar a una sola voz como un Estado Unitario. Se necesua más coherencia en declaraciones internacionales.

– 
#10. A la espera de la rendición de cuentas

Néstor Osorio como Presidente del ECOSOC para el año 2013

osorio

 

 

 

 

 

 

Como un reconocimiento a la política internacional del Gobierno Santos, calificó Nestor Osorio su nombramiento en la Presidencia del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas a finales de enero de 2013. El ECOSOC, como es conocido el organismo, tiene la misión –al interior de Naciones Unidas- de promocionar la cooperación y desarrollo económico y social internacional, los recursos humanos y financieros de la ONU. Para dimensionar el alcance del Consejo (un organismo consultivo y “propositivo”), debe recordarse que éste coordina los trabajos de 15 organismos especializados, 10 comisiones orgánicas y 5 comisiones regionales de la ONU. Así mismo, el ECOSOC recibe informes de 11 fondos y programas de Naciones Unidas y emite recomendaciones de política dirigidas al sistema de las Naciones Unidas y a los estados miembros en particular.

Ahora que finaliza el periodo de Osorio en la presidencia del ECOSOC, Colombia deberá dar cuenta de cómo aprovechó este nombramiento para abordar los grandes retos del mundo, tanto en los países industrializados en materia de desempleo juvenil, por ejemplo, así como en los países en desarrollo y en estado de pobreza, donde las necesidades básicas siguen sin satisfacerse plenamente. Solo hasta enero de 2014 podremos emitir un juicio sobre la diligencia con el Embajador desempeñó su papel al frente de uno de los organismos más importantes de Naciones Unidas.


[4] Palabras de Osvaldo Rosales, director de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), disponibles en: http://spanish.people.com.cn/31617/8398038.html

[6] Op. Cit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s