Continente en Litigio


AmericaLatina

Por Nicolás Córdoba Pineda*

Se volvían a enfrentar la escuela francesa contra la escuela inglesa de Derecho Internacional. Pellet era de nuevo asesor del gobierno demandante y Crawford del demandado. De nuevo se discutía la delimitación marítima entre dos Estados de América Latina y en medio se volvían a encontrar los conceptos de “Costumbre” y “Equidistancia” sobre la base de la inexistencia presunta de un límite definido por las Partes. Este fue el escenario frente al cual la Corte Internacional de Justicia se volvió a enfrentar año y dos meses después de la todavía discutida sentencia de Nicaragua c. Colombia.

Y no es gratuito que la Corte haya fallado como lo hizo con el precedente sentado en la Sentencia del 19 de noviembre de 2012, primer tema de este escrito, pero otro fue el escenario que rodeó los actos de Estado, las declaraciones presidenciales y los ánimos post-fallo que en nada son comparables.

El 16 de enero de 2008 la República del Perú solicitó a la Corte: i) fijar la frontera marítima entre éste y la República de Chile utilizando el método de la equidistancia que comienza en el punto llamado “Punto Concordia”, ii) reconocer sus derechos sobre el llamado triángulo externo (zona que se extiende hasta las 200 millas náuticas desde sus costas y por fuera de la zona económica exclusiva de Chile). Chile por su parte solicitó a la Corte desestimar todas las pretensiones del Perú arguyendo: i) la existencia de una frontera marítima internacional convenida entre los dos Estados plasmada en los instrumentos de 1952 y 1954, ii) que los derechos sobre dichas zonas estaban delimitados por una frontera que “sigue el paralelo de latitud que pasa a través del marcador de frontera de límite más hacia el mar de la frontera terrestre entre Chile y Perú, conocido como Hito N º 1” (es decir, una línea recta a través del paralelo geográfico que pasa por el Hito No.1), y iii) que el Perú, en consecuencia, no tiene ningún derecho sobre zonas al sur de dicho paralelo.

Con respecto a la segunda pretensión de Perú, cual es la declaratoria de su “derecho a ejercer derechos soberanos exclusivos sobre un área marítima que se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas desde sus líneas de base”, hay que recalcar como particular histórica el hecho de que en 1991 por medio de la ley No. 19080, Chile declaró en forma unilateral su “teoría del mar presencial” según la cual podría ejercer derechos jurisdiccionales de protección y exploración de “aquella parte de la alta mar, existente para la comunidad internacional entre el límite de nuestra zona económica exclusiva continental y el meridiano que, pasando por el borde occidental de la plataforma continental de la Isla de Pascua, se prolonga desde el paralelo del hito N° 1 de la línea fronteriza internacional que separa Chile y Perú, hasta el Polo Sur”. En éste sentido no sólo reconocía la existencia de una frontera determinada por el paralelo geográfico sino que además se abroga derechos (vale decir no reconocidos por convención ni costumbre internacional) sobre un área que se extiende al sur del paralelo y hasta el polo sur. Es decir, a través de un acto unilateral Chile “cercenó” los derechos de Perú a una Zona Económica Exclusiva que se extiende hasta las 200 millas náuticas desde sus líneas de base.    

En este orden de ideas la Corte, luego de hacer un análisis de los antecedentes históricos, del carácter y contenido jurídico de los 12 instrumentos internacionales invocados por las partes, y luego de analizar la “ley aplicable” al caso, determinó que: i) La frontera marítima internacional convenida entre ambos Estados efectivamente existía como línea paralela a lo largo del hito No. 1 (como alegaba Chile) conforme lo plasmado, en particular, por los seis Convenios de Lima de 1954; ii) que dicha frontera marítima internacional convenida no estaba probada que se extendiera más allá de las 80 millas náuticas -de longitud- del paralelo;  iii) que a partir de dicho punto la Corte se vería en la necesidad (como lo hizo en el caso de Nicaragua C. Colombia y varios otros) a la luz de la costumbre internacional y la equidad entre la Partes, de trazar como nueva frontera una línea equidistante entre las costas de ambos Estados, iv) Que no habría necesidad de ajustar dicha línea y que la misma satisfacía el test de desproporcionalidad (es decir, no generaba desproporción significativa con respecto a la situación o contexto de alguna de las partes), y v) que el Perú efectivamente tiene derecho a que se le reconozca una Zona Económica Exclusiva hasta las 200 misllas náuticas desde sus líneas de base, por encima de la teoría del mar presencial de Chile (ahora Chile encuentra tácitamente derogada su ley en lo pertinente al punto geográfico desde el cuál puede ejercer presencia en el mar más allá de sus 200 millas).

limites_chilePeruCIJ1

Con esto resuelto, y sin meterse en problemas cardinales (como sí lo hizo en la sentencia del 19 de noviembre de 2012), la Corte decidió que fueran las Partes quienes determinaran las coordenadas geográficas de la nueva frontera. Ahora, prefiere evitar el problema frente al cual se ve enfrentada (con las nuevas demandas de Nicaragua) respecto de cuántos kilómetros cuadrados efectivamente reconoció a Nicaragua.

Así las cosas el resultado es mixto, pues la Corte reconoció la existencia de una Frontera convenida que pasa a través del paralelo que atraviesa el hito No.1 -sólo hasta las 80 millas- y luego decide utilizar las reglas de la equidistancia para definir la frontera desde las 80 hasta las 200 millas náuticas. Lo curioso en éste caso es que Perú, Estado que aún no ha ratificado la III Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), solicitó a la Corte hacer uso de la costumbre imbuida en este instrumento para determinar la extensión y contenido de los derechos que le pertenecían.

Lo más relevante sobre este tema sea, quizá, no el fallo propiamente dicho (con todo el respeto que esta decisión merece) sino las consecuencia post-fallo. Perú, país que no tenía nada que perder, salió inmediatamente a reconocer la validez e importancia de la Sentencia como desarrollo del principio de solución pacífica de controversias internacionales. Chile, país al cual le redujeron la Zona Marítima sobre la cuál venía ejerciendo derechos jurisdiccionales, también salió a reconocer la importancia del fallo en tanto da por resuelto “todas las disputas que versan sobre nuestros límites” como dijo uno de los líderes del Senado chileno.

Si bien en este caso no había soberanía comprometida, no hubo discusión sobre la extensión de las respectivas Plataformas Continentales, ni se desconocieron las circunstancias relevantes de los pueblos costeros de las zonas `afectadas´, este fallo sienta un precedente importante en cuanto a la primacía del derecho y la posibilidad de aceptarlo como un método positivo en el escenario internacional. Perú y Chile nos han demostrado, hasta ahora, que el derecho puede ser el instrumento más útil de las relaciones internacionales.

 

Nota 1: Se reitera de nuevo la innecesaria constricción de ciertos Estados a no ratificar la CNUDM. Está claro que la misma desborda las firmas ad referendum y los registros de instrumentos.

Nota 2: Queda al borde el futuro del Pacto de Bogotá como instrumento “llave” de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, hay que dejar claro que no es el único instrumento que imprime una cláusula jurisdiccional para éste Tribunal. Además, siempre quedará la posibilidad de un compromiso y de alguna Declaración de Estado.

Nota 3: El título de este artículo obedece no solamente a los dos casos de delimitación fronteriza que fueron referidos en este texto, actualmente los siguientes casos –entre Estados de América Latina- están pendientes ante la Corte:

  • Ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la región fronteriza (Costa Rica v. Nicaragua)
  • Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
  • Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico (Bolivia c. Chile)
  • Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas marinas de la costa nicaragüense (Nicaragua c. Colombia)
  • Demanda presentada por Nicaragua contra Colombia el 26 de noviembre de 2013 (obligación de Colombia de acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012)
 

* Co-fundador de ACEDI-CILSA. @NicolasCordobaP

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One thought on “Continente en Litigio

  1. Queda confirmado que la CIJ decide más en equidad que en derecho cuando decide asuntos de límites entre los países. Lo rescatable de todo esto es el ejemplo que Chile y Perú envían a Nicaragua y Colombia. Ortega paseando aviones rusos sobre la costa de Colombia y Santos diciendo que acata pero no aplica…

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