El Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y la Aplicabilidad los Derechos Humanos en Colombia

Colombia en la presentación del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2013
Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia, en la presentación del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2013

Por Nicolás Correa Cruz, estudiante de octavo semestre de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. E-mail: nicolascorreacruz@hotmail.com

Con la presentación del II Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el pasado 23 de abril de 2013[1], es pertinente analizar la manera en que Colombia pretende convertirse en un Estado garante del respeto y promoción de Derechos Humanos y libertades sindicales a la luz de la institucionalización internacional. Sin embargo, elementos como la impunidad, el hacinamiento carcelario y la no garantía de los principales derechos laborales, son reflejo de la existencia de falencias estructurales en nuestro país que impiden el completo cumplimiento con los estándares deseados por las Naciones Unidas.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo de evaluación diseñado para examinar la situación de Derechos Humanos de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. De forma más específica, es una herramienta concebida dentro del marco del Consejo de Derechos Humanos con el fin de sentar las bases para la construcción de Estados fundados en el respeto y goce efectivo de los derechos de su población. Establecido mediante la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos del 18 de junio de 2007, el mecanismo busca que los 193 Estados parte de la Organización de Naciones Unidas sean sujetos al examen cada cuatro años y medio. De esta manera, cada año se examinan 42 Estados, divididos dentro de los tres periodos de sesiones que anualmente adelanta el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos[2]. Sumado a esto, las Organizaciones No Gubernamentales tienen un rol imperante en la elaboración del informe, ya que en el contexto de las revisiones específicas de cada Estado en virtud del EPU,  organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch formulan una serie de recomendaciones a los gobiernos para que aborden los principales retos de derechos humanos y refuercen el procedimiento de revisión[3].

En el caso colombiano, los diferentes temas estudiados fueron los concernientes a la cooperación internacional, el conflicto armado, el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, la administración de justicia y el Estado de derecho, la libertad de expresión y el derecho a la libre protesta, a los derechos de los indígenas y los pueblos afro-descendientes.

Entre las recomendaciones, es preciso destacar lineamientos tan preocupantes como:

–          La necesidad  de garantías sobre la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011) con el fin de garantizar la reparación de víctimas a raíz del conflicto interno.

–          Continúan siendo recurrentes las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores involucrados en el conflicto, lo cual resulta en una continua e intensa victimización de la población civil, además del recrudecimiento de la violencia a medida que avanzan los diálogos de paz.

–          La preocupación frente a la Ley estatutaria del fuero militar y al Decreto 4085 del 2011 debido a la posibilidad de que sean causales directos a la impunidad dentro del conflicto.

–          120 de los 142 centros penitenciarios en Colombia se caracterizan por el hacinamiento crítico. El sistema sanitario de las cárceles es deplorable, lo cual se refleja en el hecho de que en las fechas comprendidas de enero a julio de 2012, 80 individuos murieran por no tener ningún tipo de acceso a tratamiento médico.

–          Colombia continúa siendo uno de los Estados en los que existe menor seguridad frente a líderes sindicales. Con 35 muertes de sindicalistas en 2011, es claro que se realizan violaciones sistemáticas a los Derechos Laborales y a las libertades sindicales.

Entonces bien, el gobierno colombiano aceptó 120 recomendaciones e hizo 7 compromisos voluntarios del informe. En un primer lugar, frente a lo referente a la cooperación internacional, Colombia cuenta con instrumentos eficaces en cuanto a los temas objeto de los diferentes convenios de Derechos Humanos y de Derecho Internacional en el mundo. El hecho de que Colombia sea parte del sistema interamericano de Derechos Humanos (a pesar de ser uno de los más demandados dentro de éste), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que se haya extendido el mandato de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos por decisión unilateral del gobierno, es muestra de que se cuentan con los instrumentos internacionales para temas como la protección de refugiados, la trata de personas y la población migrante. Aunque lo anterior demuestra la existencia del compromiso colombiano con la institucionalización internacional con el fin de generar las condiciones para la aplicabilidad de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en un contexto de conflicto interno, los lineamientos mencionados anteriormente son evidencia de lo contrario: la reglamentación de la impunidad y la injusticia social parecen ser los elementos reinantes en materia de Derechos Humanos.

En un primer lugar, organizaciones como Human Rights Watch, han manifestado que la aprobación en Colombia de la ley estatutaria para reformar el sistema de justicia penal militar representa un serio retroceso en materia de derechos humanos[4]. Por ende, según la ONG, la ampliación del sistema de justicia penal militar en relación con violaciones de derechos humanos contradice las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, el Gobierno colombiano es enfático en que la jurisdicción penal militar no es causal de impunidad debido a que las cortes militares tendrían un alcance restrictivo y excepcional. Independientemente de quién podría tener la razón frente a lo que es impunidad y lo que no, es claro que un concepto de “ejecución extrajudicial” dentro del Código Penal bajo el principio de irretroactividad, pudiese convertirse en garante de impunidad a los actuales implicados en crímenes de “falsos positivos” en Colombia.

Ahora bien, en términos de injusticia social frente a las recomendaciones del EPU, se ha reiterado a lo largo de este escrito que el hacinamiento carcelario es un tema de alta sensibilidad en la agenda de Derechos Humanos en Colombia. El debate sobre quién debe encargarse del mantenimiento de los centros penitenciarios ha suscitado dudas sobre cuál debe ser el grado de autonomía de las entidades municipales. Sumado a esto, el gobierno ha tenido que tomar medidas como el declarar la emergencia carcelaria para comenzar la realización de obras de ampliación sin necesidad de recurrir a una licitación pública, lo cual es sinónimo de un intento de celeridad en los procesos de mejoramiento de los centros de reclusión. Sin embargo, la situación es crítica, ya que en cifras del INPEC existen aproximadamente 117.000 reclusos, 40.000 más del número para el que fueron hechas las cárceles[5]. A esto se suman las 700 demandas por situaciones violatorias de Derechos Humanos que tiene el sistema judicial y el déficit de vigilantes del INPEC.

Por otra parte, en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia se encuentra consagrado el derecho a  la formación de sindicatos o asociaciones. Sin embargo, la constante violación de este derecho constitucional se ha dado debido a un incremento de la violencia contra el sindicalismo, los ataques y estigmatizaciones contra las organizaciones sindicales que agravan aun más las dificultades para ejercer el derecho de asociación, el fraude a los derechos laborales y sindicales que se realiza a través de las cooperativas de trabajo asociado y la falta de resultados en el diálogo social[6]. Por ende, sería propicio tomar en cuenta el informe ante la OIT sobre derechos laborales y libertades sindicales en Colombia, en el que se identifica que las principales medidas que debe tomar el gobierno con el fin de garantizar el cumplimiento de estos derechos: la precarización laboral y  las modalidades de contratación deben ser prioridades de políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores en concordancia con los estándares deseados por la OIT y el mismo EPU.

Como se ha visto, son cuantiosos los elementos que se podrían analizar sobre el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en Colombia, sin embargo es propicio realizar varias conclusiones al respecto. Es posible concluir en un primer momento que aún falta un largo camino por recorrer en materia de Derechos Humanos en nuestro país, no solo en el conflicto interno y en la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario por sus partes, sino también en temas de derechos de los trabajadores y de las condiciones de los centros carcelarios. Si bien se han promovido intentos significativos como el Acuerdo Tripartito por el derecho de asociación y democracia, es necesario un avance drástico de sus desarrollos con el fin de que se ofrezcan las garantías necesarias para llegar a ser, en efecto, ese Estado garante de los derechos fundamentales que se propende en los escenarios multilaterales.

En segundo lugar, es claro que este tipo de Exámenes realizados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un gran valor en la medida en que se presentan como radiografías de las principales problemáticas en materia de Derechos Humanos de los diferentes Estados que se someten a este tipo de recomendaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que sus postulados sean siempre lo más pertinente para la consecución de políticas estatales que, como en el caso de Colombia, requerirían de una aplicabilidad especial debido al conflicto interno. El debate sobre si la Ley Estatutaria del Fuero militar es o no una obstrucción a la internacionalmente reconocida justicia transicional colombiana, es prueba de que en muchos casos pueden ser mutuamente excluyentes los estándares de la institucionalidad internacional con la raison d’etat de sus miembros.

Por último, es necesario enfatizar el activo rol que puede tomar la ciudadanía frente al EPU. Los grupos y organizaciones de la sociedad civil pueden participar en el EPU de varias maneras. Algunas de ellas se establecen en las normas que gobiernan el EPU y otras consisten en ocasiones y actividades de refuerzo al margen del proceso oficial[7]. Es de esta manera que es posible conocer las principales brechas existentes entre los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y la realidad que se vive en Estados como Colombia, en donde un efectivo proceso de construcción Estatal y avance internacional en D.D.H.H,  es solo logrado en la medida que se trabaje por él, ya que un contexto de transición requiere de la existencia de un Estado deliberativo.

 

Bibliografía:

–          Examen Periódico Universal Colombia, Abril de 2013. Tomado de: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report%20on%20the%20Human%20Rights%20situation%20in%20Colombia.pdf

–          Informe Human Rights Watch sobre Fuero Militar Junio 2013. Tomado de: http://www.hrw.org/es/news/2013/06/18/colombia-ley-estatutaria-de-fuero-militar-debilita-la-proteccion-de-los-derechos-hum

–          Informe Presidencia de la República sobre el EPU 2013. Tomado de: http://www.derechoshumanos.gov.co/EPU/Paginas/AbcEpu.aspx

–          Revisión Amnistía Internacional sobre el EPU y mecanismo de participación. Tomado de http://www.amnesty.org/es/united-nations/universal-periodic-review/role-of-civil-society

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