La ONU y el Vaticano: un debate sobre Derecho Internacional

Ban Ki-moon, Pope Francis

 

Por  Daniel Cano. Egresado de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. danielcanogomez@gmail.com 

 

El pasado 5 de febrero el Comité sobre los Derechos del Niño, que hace parte del Sistema de protección a los DDHH de la ONU, presentó un controversial informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (la “Convención”) por parte de la Santa Sede.  Dicho texto se basa en unos complejos supuestos sobre el Estado Vaticano y su rol como sujeto del Derecho Internacional. En tal sentido y abierto ya el debate, el objetivo del presente texto, alejado de las implicaciones religiosas y sociales de esta decisión, es poner sobre la mesa las implicaciones de las recomendaciones planteadas por el Comité a la luz del Derecho Internacional.[1]

En primer lugar, no es evidente la jurisdicción que pueda tener el Comité sobre el Vaticano puesto que es supremamente complejo definir el ámbito de aplicación de la Convención para este Estado (incluso algunos osados rebaten la posibilidad de considerar al Vaticano como un Estado en sí mismo). Ahora, es cierto que la Santa Sede es un sujeto de Derecho Internacional, que ha firmado y ratificado tratados, que hace parte de Organismos Interestatales en su calidad de Estado, y que ha enviado representantes diplomáticos desde tiempos inmemoriales (Incluso antes de la creación del Estado Vaticano con el tratado de Letrán) igualmente es cierto que como Estado observador de la ONU, la Santa Sede se comprometió con el cumplimiento de la Convención. Este hecho, per sé, abre la puerta para que el Comité pueda conocer “sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos”[2]. Sin embargo muchas de las recomendaciones entran en un espacio bastante ambiguo desde la perspectiva del Derecho Internacional.

El principal problema para evaluar el cumplimiento de la Convención está en definir ¿quiénes son los ciudadanos del Estado Vaticano, y por consiguiente a quiénes debe proteger y por quiénes se hace responsable el Estado? La Santa Sede es un Estado donde no es fácil definir quién es ciudadano; muy pocas personas residen dentro del territorio y ninguna de ellas nació oficialmente en él. Puede decirse entonces que existen dos posibles respuestas a dicha pregunta: 1. Son ciudadanos vaticanos los altos funcionarios que residen dentro del territorio y quienes lo representan en el extranjero, y 2. Todos los clérigos y miembros de la curia, que siguen los lineamientos y mandatos del Sumo Pontífice.

En el primer caso, es poco probable que se encuentren gran cantidad de casos de violaciones a la Convención. Son muy pocos los altos funcionarios del vaticano implicados en denuncias por delitos sexuales como para considerar que ha habido una violación reiterada por parte del Estado a la Convención. Sólo se conoce un caso resonante que involucra a un representante del Estado Vaticano cual es el caso del Ex-nuncio apostólico en Republica Dominicana, quien fue retirado del cargo por las denuncias y actualmente está siendo investigado por la procuraduría dominicana.[3] En conclusión, los señalamientos del Comité no se basan en las actuaciones de Nuncios, Cardenales o cualquier otra alta autoridad vaticana por sustracción de materia. Queda entonces abierta la segunda hipótesis.

Esta hipótesis nos lleva a que podemos asumir que la autoridad del Vaticano es extensible a toda la curia regular y las distintas órdenes religiosas adscritas a la iglesia católica. Es cierto que existe una relación jerárquica directa entre el Papa y la curia,[4] sin embargo esta relación no es tan evidente cuando se trata de las responsabilidades del Estado Vaticano. Precisando esta idea, el Nuncio Apostólico, representante diplomático del Estado Vaticano ante un Estado, no es la máxima autoridad eclesiástica. Usando una analogía no muy adecuada éste no es el “Jefe” de los sacerdotes en dicho país, lo es el Obispo. Es éste último el encargado de realizar un control “disciplinar” sobre las actuaciones de los sacerdotes, excluyendo de ello al  representante oficial del Vaticano en el determinado país. También es cierto que existe una relación “jerárquica” entre los Obispos y la curia romana, pero dicha relación está alejada de las cuestiones diplomáticas y políticas.

Ahondando más en esta idea y tal y como lo señala Marko Milanovic, Abogado Internacionalista y bloguero del European Jornal of International Law, la Comisión alega que las responsabilidades jurídicas del Estado Vaticano se hacen extensibles a otros territorios mientras sean cometidas por clérigos. Se extienden de manera extraña los límites y capacidades jurídicas de un Estado cuyo territorio está claramente definido.[5] Es singular esta concepción, pues hace extensible un fuero de responsabilidades de un Estado a unos sujetos (no ciudadanos) sobre los que no tiene control –salvo en la predicación de la fe.

Pero esta conclusión en la que el Estado Vaticano tiene responsabilidad legal sobre los miembros de la curia alrededor del mundo se basa en el supuesto de que el derecho canónico[6] equivale al derecho interno del vaticano. Sin embargo es imposible igualar una construcción jurídica desarrollada con objetivos primordialmente religiosos (Canónico), con el derecho civil o penal de un Estado (Interno). El vocero del vaticano Federico Lombardi[7] aclara que jurídicamente éste paralelismo no es cierto. El hecho de que el Papa, como figura religiosa, tenga un control jerárquico, no desencadena en el Estado Vaticano una responsabilidad legal. Según Lombardi, los compromisos del Estado frente a la Convención se reducen al territorio Vaticano, es decir la pequeña parte del centro Roma y la residencia de Castel Gandolfo.

Igualmente, es muy difícil considerar que las actuaciones de terceros puedan generar responsabilidades para los Estados –salvo aquello casos donde actúan como agentes-. Según la Resolución 56/83 de la Asamblea General de Naciones Unidas la responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito tiene como componente fundamental la necesaria atribución de ese hecho a dicho Estado.[8] No es claro siquiera que el Estado Vaticano haya de alguna forma “actuado” a través de sus clérigos para que dicha conducta (ilícita y reprochable) le sea atribuida a la luz del Derecho Internacional. En consecuencia queda como una pregunta para un futuro debate la aceptación que dé el Estado Vaticano sobre los hechos ilícitos de los que habla el Comité.

Por otra parte, valdría la pena discutir las responsabilidades que pueda tener el Papa, como máxima autoridad eclesiástica, sobre las actuaciones de sus “subalternos”, los sacerdotes. Recientemente el Center for Constitutional Rights, un colectivo de abogados de EE.UU., presentó una denuncia oficial ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la situación de delitos sexuales cometidas por miembros de la iglesia.[9] Según la argumentación del centro, las violaciones cometidas por sacerdotes son delitos contra la humanidad que deben ser procesados por la CPI. Igualmente argumentan que la autoridad del Sumo Pontífice lo hace responsable por dichos crímenes y por la falta de justicia que pesa sobre los mismos. Valga aclarar que el Estado Vaticano no es signatario del Estatuto de Roma.

Queda entonces la pregunta de si la autoridad eclesiástica puede ser comparada a una jerarquía política o militar. De ser cierto podría aplicarse la Teoría de la Responsabilidad de Mando[10] sobre el Sumo Pontífice. Igualmente es importante preguntarse ¿si las responsabilidades del Estado Vaticano a la luz del Tratado de Roma (que no ha ratificado) le son extensibles a la curia que reside y trabaja en otros Estados?

Para concluir vale la pena mencionar que el Comité, en aras de velar por los derechos de los niños según la versión del mismo, presentó unas fuertes recomendaciones finales al Estado Vaticano. Sin embargo, por las particularidades de la Santa Sede como Estado y máxima autoridad de la Iglesia Católica, estas recomendaciones son prácticamente imposibles de aplicar desde la perspectiva del Derecho Internacional.

El tema sigue abierto.


[1] Comité sobe los Derechos del Niño, Recomendaciones finales sobre el segundo el segundo reporte periódico de la Santa Sede disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf

[2] Art. 44, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños (AG Res. 44/25 del 20 de noviembre de 1989)

[4] Para más información sobre la jerarquía eclesiástica consultar los cánones, 762-771 del Código de Derecho Canónico. Disponible en: http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P2H.HTM

[6] El Derecho Canónico es el derecho que rige a la fe católica y la Iglesia Católica. Su principal fuente es el Código Canónico, pero está conformada también por otras fuentes. El Código Canónico no se limita al funcionamiento de la institución de la iglesia católica, sino que busca definir los deberes y responsabilidades de los fieles ante la fe. Es ante todo un cuerpo normativo de carácter religioso.

[9] Para mayor información consultar la denuncia en: http://www.ccrjustice.org/iccvaticanprosecution

[10] Responsabilidad de Mando: es un concepto del Derecho Penal Internacional que se ha aplicado desde el Juicio al General Yamashita. Según este principio, las autoridades militares son responsables por los crímenes cometidos por sus subalternos incluso si la autoridad no tiene conocimiento sobre el acto. Actualmente, este principio esta definido en el articulo 28 del Estatuto de Roma entre otros textos. Para mayor referencia consultar: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter43_rule153?OpenDocument&highlight=command,responsibility

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