La politización del Derecho Internacional: reflexiones post-fallo del 19 de noviembre de 2012

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Por Francisco Solano Olarte, Asesor del Centro de Pensamiento Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia[1]

 

 

Las políticas de los Gobiernos de turno en cada país siempre reciben observaciones de la sociedad civil en general. A veces son de respaldo, a veces son críticas constructivas y otras veces, muy infortunadas, son críticas destructivas. Así es la democracia moderna; al menos en América Latina donde estamos, para bien o para mal, en una construcción constante y siempre presente de las instituciones que giran alrededor de aquel ente inmenso e imaginario llamado Estado.

No cabe duda que siempre hay asuntos coyunturales a la orden del día que invitan a cada pueblo a opinar como bien le parezca sobre aquellos, sobre todo en nuestro continente. Colombia no es la excepción. Recientemente el país ha tenido que pasar por difíciles retos a nivel internacional, que han puesto a prueba al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Presidencia de la República como entes rectores de la política exterior del Estado colombiano. Basta con mencionar uno de los más recientes episodios de la diplomacia colombiana –dejando, por supuesto, muchos otros en el tintero-: el fallo de la Corte Internacional de Justicia referente a la controversia territorial y de delimitación marítima con Nicaragua.

En este caso, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha respondido en formas que no a todos han satisfecho; desde la derecha hasta la izquierda de la política nacional. El Centro Democrático, liderado por ex presidente y opositor Álvaro Uribe Vélez, ha señalado que el Gobierno debe rechazar el fallo de la Haya[2]. Por su parte el Polo Democrático Alternativo, el partido de izquierda con más miembros del país, ha pedido un juicio político en contra de Santos, el mismo Uribe y hasta Andrés Pastrana, Presidente de la República en el cuatrienio de 1998 a 2002.[3] Esto sólo para señalar los casos más emblemáticos, pues la protesta de los partidos políticos por el resultado del polémico fallo, por ejemplo, ha hecho reaccionar de manera aireada a la gran mayoría.

Gracias a los desaires políticos entre quienes se oponen al Gobierno Santos, es imperativo explorar, de una manera clara y concisa, la línea argumentativa de las decisiones de política exterior que se han tomado y revisar de acuerdo a qué razones se hace y si debe ser tan criticado. El caso de Nicaragua así lo reflejará. Por ello, el siguiente artículo de opinión explorará cómo algunos sectores del país politizan algunos asuntos recientes de política exterior e intentan sacar provecho electoral. Sin embargo, las decisiones tomadas por el Estado colombiano ante los asuntos del polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso contra Nicaragua obedecen a una línea argumentativa que se apega a lo acordado en tratados internacionales, ellos ratificados dentro del aparato institucional colombiano, por lo que el incumplimiento no es una opción.

Vale la pena aclarar que el objetivo principal del artículo no es el de analizar a fondo las vicisitudes del caso y del fallo la Corte Internacional de Justicia en lo que respecta al derecho de la controversia territorial y de delimitación marítima con Nicaragua sino explorar el impacto causado después de expedido el fallo. Por ello sólo se expondrán los detalles más relevantes para introducir el tema.

El caso data del 6 de diciembre de 2001 cuando el país centroamericano, después de décadas de reclamos a Colombia, decide demandarle oficialmente ante la Corte de Naciones Unidas. La demanda versó sobre los “aspectos legales subsistentes entre los dos Estados en relación con el título sobre el territorio y la delimitación marítima en el Caribe” que comparten ambos. Hubo muchas idas y venidas con el caso, pero, al final, los jueces internacionales dictaron sentencia sobre el litigio el 19 de noviembre de 2012. En pocas palabras, a Colombia se le reafirmó el título de propiedad de las diferentes islas que componen el archipiélago de San Andrés y Providencia, junto con otros cayos más pequeños, mientras que a Nicaragua se le otorgó una gran parte de la Zona Económica Exclusiva que rodea aquellas islas porque Colombia nunca pudo probar de forma fehaciente que el meridiano 82 era un límite válido; así se considerara válido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, para la Corte éste nunca impuso un límite marítimo entre las naciones americanas. Con dicho fallo el país perderá, aproximadamente, unos 75.000 kms2 de Zona Económica Exclusiva –no de mar territorial como se asevera comúnmente-.

En este orden de ideas se enclavó a Quitasueño y a Serrana aunque Colombia pudo probar, mediante effectivités, que ejercía una jursidicción penal, aduanera, fiscal, migratoria y sanitaria sobre ellas y que por lo tanto hacían parte de una misma unidad territorial. En este punto, la Corte parece haber sobrepuesto el derecho de Nicaragua de tener sus 200 millas náuticas por encima de la unidad del archipiélago. A los ojos de los jueces de la Corte el desmembramiento del archipiélago no suponía un gran riesgo para los habitantes de las islas.  Hoy en día Nicaragua, gracias al fallo y a la reacción de Colombia, interpuso dos demandas más: una para hacer un reclamo más amplio de sus zonas marítimas vía su plataforma continental y otra por el supuesto incumplimiento de Colombia hasta ahora.

Como ya puede parecer evidente, Colombia fue quien más perdió. De hecho así iba a suceder una vez demandado. Cuando este tipo de casos llegan a la Corte Internacional de Justicia, donde ni el derecho ni los hechos son claros, ella falla en derecho, lo que para algunos puede parecer salomónico, como ya advirtió la Señora Ministra de Relaciones Exteriores colombiana María Ángela Holguín en su momento[4]; sin entrar a calificar si fueron apropiadas o no sus declaraciones, así opera la Corte.  En todo caso, las reacciones tanto oficiales como no oficiales en Colombia no se hicieron esperar. De hecho la respuesta del Gobierno sí esperó mientras se consolidaba una propuesta que realizaban en conjunto la Cancillería y la firma inglesa Volterra-Fietta, sin embargo la sociedad civil en general consideró la pérdida de mar como una gran derrota a nivel diplomático y nacional.

Por un lado, las críticas al proceso del litigio no tardaron. Desde todos los sectores políticos y civiles a nivel nacional se rechazó de forma absoluta el fallo. Es una reacción apenas normal dado que se pierde una porción importante de derechos marítimos en el Caribe. Lo que parece atípico es que se culpa de manera excesiva al Gobierno actual de haber perdido el caso cuando el grueso del proceso estuvo en manos de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Esto parece suceder dentro de la gran baraja de críticas de los sectores políticos que no hacen parte de la Unidad Nacional del Gobierno Santos quienes, por la cercanía de las elecciones, parecen haber encontrado varios caballos de Troya en contra del oficialismo.

Es bueno apuntar que desde hace ya varios años Nicaragua amenazaba con demandar ante la Corte Internacional de Justicia. El Estado hizo caso omiso, no por falta de atención en el Caribe –que de igual forma sigue siendo una de las regiones más apartadas del país en términos políticos y sociales- o irresponsabilidad en el manejo del asunto por parte de Bogotá, sino porque Colombia tenía la plena seguridad que el derecho estaba de su lado con el Tratado Esguerra-Bárcenas como garante de los límites marítimos. Algunas voces dentro de Cancillería llamaban a precisar los alcances del Tratado para estar aún más blindados en contra de cualquier reclamo nicaragüense. Además, Colombia se encargó durante muchos años de “acorralar” a Nicaragua en el Caribe realizando tratados fronterizos con todos sus vecinos, al punto que Costa Rica y Honduras terminaron haciendo sus tratados con Colombia reconociendo el meridiano 82 como un límite oficial. Al final, la Corte consideró que no era así y que el tratado era válido pero su alcance llegaba hasta cierto punto.

Por otro lado, el Gobierno Nacional optó por argumentar que se acata el fallo, pero que es inaplicable[5]. Para el Gobierno de Juan Manuel Santos, no se puede aplicar el fallo dado que cualquier modificación al ordenamiento territorial colombiano debe hacerse por vía constitucional. Puesto que el fallo modifica sustancialmente los límites del país en el Caribe, debe aprobarse una ley que reconfigure las fronteras de acuerdo con lo señalado por la Corte Internacional de Justicia. De acuerdo con esto, el fallo sólo será aplicable cuando el ordenamiento jurídico sea compatible con este según la posición del Gobierno.

El sentido real de aquella inaplicabilidad que defiende el Gobierno Nacional no es más que un proceso normal dentro de la integración de un fallo internacional al ordenamiento jurídico de un Estado. Vale la pena aclarar que el no cumplir una sentencia internacional no es ni factible ni congruente gracias a los compromisos adquiridos al firmar la Carta de Naciones Unidas, el Pacto de Bogotá, entre otros tantos tratados internacionales que reconocen la competencia de la Corte. El Gobierno Nacional denuncia el Pacto de Bogotá para calmar a la opinión pública y para evitar reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia con respecto a casos contra países americanos; precisamente para eludir otro caso similar con Nicaragua. Es muy común que un país pida tiempo para poder implementar un fallo de la CIJ, a nivel tanto jurídico como social. Ante esta situación ya Nicaragua lanzó un par de demandas nuevas, una de las cuales versa de forma preventiva sobre el incumplimiento del fallo del 19 de noviembre; para que Colombia no demore el proceso de cumplimiento.

Aquí la tensión radica entre la obligatoriedad de cumplir el fallo y la indignación nacional por perder mar es donde se genera la mayor cantidad de desinformación. Es imperativo que el Estado pueda comunicar de forma coherente y comprensiva las diferencias entre mar territorial y Zona Económica Exclusiva, donde realmente Colombia no ejercía soberanía alguna. Esta tensión se rompe, definitivamente, por el derecho y los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el pasado. Los diferentes sectores políticos en el país, gracias a sus propias agendas, intentan incitar al público en general con voces de no acatar el fallo, cuando es imposible. Es más, aunque existan retrasos institucionales voluntarios o involuntarios, algún Gobierno, Congreso y Corte Constitucional en el futuro no muy lejano tendrán que asumir el costo político de integrar el fallo a la institucionalidad del país.

¿Cuál es, entonces, el margen de maniobra para Colombia ante ése escenario? La negociación directa con Nicaragua. Hasta la misma Corte Internacional de Justicia acepta que aun existiendo el un fallo, éste puede verse superado por una negociación y un tratado directo entre las partes para solucionar una diferencia. El fallo es una especie de seguro en caso de no resolverse la disputa, como sucede desde un principio. Aunque no lo parezca, Colombia tiene un amplio margen de maniobra para negociar. Así se le hayan quitado aguas de Zona Económica Exclusiva todavía se puede tratar el asunto de los enclaves de Quitasueño y Serrana, los derechos de los pescadores en todo el archipiélago y la no explotación de la Reserva de Biosfera Seaflower. Esto dado que Nicaragua no posee la capacidad naval de hacer una vigilancia completa de las zonas marítimas que se le asignaron; por lo que muy probablemente tendrá que negociar con Colombia una vigilancia bipartita. Este es un punto bastante beneficioso del que puede partir el país para que el fallo sea mucho más fácil de digerir; se precisa de prudencia y precisión en los tiempos para negociar puesto que las últimas dos demandas de Nicaragua podrían entorpecer la hipotética negociación.

Más que cualquier otra cosa, este artículo de opinión académica no pretende hacer una defensa al Gobierno Nacional, sino hacer un llamado a la calma en el país. La sentencia no se puede modificar y lo único que hay por hacer ahora es digerir lentamente sus efectos para que el país pueda seguir adelante. Los partidos políticos deberían coadyuvar en aquel proceso, contándole la verdad a sus seguidores sobre los efectos del fallo y proponiendo estrategias de desarrollo sostenible para los habitantes del archipiélago. En vez de buscar su propio beneficio electoral, deberían pensar en el bienestar del país en general; eso significa dejar de resistirse y polemizar un laudo internacional que no puede ignorarse, por mucho que sea el costo político de aceptarlo.

Si hay algo que se puede agradecer de las nefastas consecuencias del laudo es que despertó en Colombia –así sea temporalmente- la atención que tanto merece el Caribe colombiano –tanto insular como continental- dado que es, sin lugar a dudas, una de las regiones más olvidadas dentro de las prioridades de las políticas dictadas desde el centro del país. Los altos niveles de desigualdad, desempleo, informalidad y pobreza así lo demuestran. Que todos los colombianos aprovechemos esta oportunidad para acercar al Caribe más a la idiosincrasia nacional y romper con la tradición centralista a la que estamos sometidos desde que los españoles llegaran, irónicamente, a las playas de Santa Marta.

 

[1] Las opiniones expresadas aquí sólo comprometen al autor. De ninguna manera deberán ser entendidas como una posición oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

[2]Diario El País. “Uribe le dijo al presidente Santos que rechace el fallo de La Haya” En: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/uribe-le-dijo-presidente-santos-rechace-fallo-haya. Consultado el 19 de febrero de 2014.

[3] SEMANA. “Fallo CIJ: Polo Democrático pide juicio político contra Pastrana, Uribe y Santos”. En: http://m.semana.com/nacion/articulo/fallo-cij-polo-democratico-pide-juicio-politico-contra-pastrana-uribe-santos/268694-3. Consultado el 18 de febrero de 2014.

[4] Caracol. “Polémica por declaraciones de la canciller Holguín sobre litigio de Colombia y Nicaragua”. En: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/polemica-por-declaraciones-de-la-canciller-holguin-sobre-litigio-de-colombia-y-nicaragua/20120425/nota/1676733.aspx. Consultado el 19 de febrero de 2014.

[5] CÓRDOBA, Nicolás. “Análisis de la Estrategia de Colombia frente al Fallo de la CIJ (Nicaragua v. Colombia)”. En: https://acedicilsa.com/2013/09/11/analisis-de-la-estrategia-de-colombia-frente-al-fallo-de-la-cij-nicaragua-v-colombia/. Consultado el 25 de febrero de 2014.

 

 

 

 

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