Los límites humanos del Derecho

acedi-cilsa-CorteIDH-control-convencionalidad

 

 

Por: Juan Fernando Sánchez Jaramillo[1]

 

El control de convencionalidad, como una creación para la protección efectiva de los derechos humanos en el marco del corpus iuris internacional, pugna, en ocasiones, con las restricciones constitucionales de los países parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Más allá de las distintas discusiones que esto genera en materia de soberanía, seguridad jurídica y el principio de legalidad, la pregunta de fondo gira alrededor de los límites del Derecho y su interpretación.

 

En este sentido, preguntarse sobre los límites y los puntos de convergencia o contradicción de dos fuentes del Derecho –corpus iuris internacional y las Constituciones- supone hacer una reflexión sobre al menos tres temas transversales al mundo jurídico. La ubicación del Derecho como una ciencia humana o científica; el sistema de fuentes y su objeto, la justicia; y el principio pro homine como una materialización de los límites humanos del Derecho.

 

Esto permitirá concluir dos cosas; por un lado, que en razón a que la ciencia del Derecho tiene como objeto lo humano y su relación con lo justo, los límites los determina la dignidad del ser humano. Por otro lado, que el principio pro homine es una forma de materialización –no exclusiva del corpus iuris internacional- de los límites aquí referidos. Esto va más allá de las contradicciones formales entre Constitución y Derecho Internacional, y propone un norte para la interpretación del mundo jurídico, en general.

 

Breve ubicación del Derecho como ciencia ¿Humana o Científica?

El Derecho es una ciencia de lo humano. No sólo porque su creación, como toda ciencia, es atribuida a los seres humanos, sino porque no tendría objeto alguno intentar ordenar las relaciones de la sociedad si estas se miran desde una visión ajena a lo humano. Esto ha sido puesto en entredicho en el marco de la tradicional discusión entre Derecho Positivo contra Derecho natural, que ha estado circunscrita a una forma de entender el papel del ser humano frente a lo que es científico. El positivismo, en cierto sentido, lo ve como un obstáculo, pues entiende que cualquier viso de moral o “sentimentalidad humana” enloda el sagrado principio de cientificidad que debe tener el Derecho. El derecho natural, por el contrario, apela a la naturaleza humana y entiende, desde el realismo, que es apenas lógico que la naturaleza humana sea la fuente y objeto mismo del Derecho. En esta discusión hay posiciones menos maniqueístas en donde se admite que el Derecho es en parte positivo y en parte natural[2].

Ahora bien ¿Qué objeto tiene para los efectos prácticos decir que el Derecho es una ciencia de lo humano y para lo humano? La respuesta puede sonar obvia, pero decirlo implica imponer un norte en cualquier discusión jurídica y, por supuesto, determinar un sentido para definir los límites que lo rodean. Esto tiene una especial relevancia cuando lo que está en disputa es la jerarquía misma de las fuentes. ¿Es la Constitución de un país más fuerte que el corpus iuris internacional de derechos humanos? ¿Cuál es la interpretación más autorizada de los derechos humanos? Preguntas estas que buscan problematizar y complejizar aún más el tema de si debe ser más importante el sistema internacional o la Constitución de los países, pero que al final del día, debe resolverse desde el objeto mismo del Derecho, lo justo en el caso concreto desde una visión de lo humano[3].

 

El sistema de fuentes y la interpretación del Derecho

 

El Derecho de lo humano –expresión que puede sonar tautológica o redundante-  supone  una forma distinta de abordarlo y de interpretarlo. El viejo sistema jerárquico Kelseniano establecía que había unas fuentes que tenían mayor valor que otras y que uno de los criterios para resolver la contradicción entre unas y otras se resolvía a favor de la que mayor valor formal tuviera. A pesar de que en la cultura jurídica sigue muy vigente esta idea de la jerarquía- y de la justificación formal de las decisiones-, el nuevo auge de la jurisprudencia constitucional y de la constitucionalización del Derecho le ha dado un giro al sistema de fuentes, que impacta directamente la forma de interpretación. Hoy en día el lugar común del Derecho es lo humano y su dignidad[4]. Esto supone que la subsunción lógico – deductiva es cosa del pasado; el Derecho no es únicamente teoría, es también una pregunta sobre lo justo, y en consecuencia, sobre lo práctico[5]. Esto supone un sistema de fuentes dinámico al cual se puede apelar sin prejuicios y con la idea de dar lo justo en el caso concreto.

 

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta la dimensión práctica del Derecho, su objeto hacia lo humano, cualquier contradicción o choque entre fuentes –como el corpus iuris internacional y las Constituciones- debe resolverse desde y hacia ese norte. De ahí la importancia de los principios, como paradigmas que irradian, limitan, dimensionan y determinan toda la ciencia de Derecho.

 

El Principio pro persona, una forma de materialización de los límites del Derecho a propósito del “choque” control de convencionalidad v. Constitución

 

En las distintas relaciones que pueden existir entre las Constituciones de los Países y los sistemas de derechos humanos ha surgido la pregunta de qué hacer o cómo enfrentar las restricciones de los derechos humanos de raigambre constitucional. Para responderla, se hace necesario estudiar dos aspectos: (1) las herramientas de armonización que existen en los sistemas de derechos humanos, el americano y el europeo y (2) el papel del principio pro persona como el catalizador de los límites humanos del Derecho.

Frente al primer punto, para de alguna manera armonizar el corpus iuris internacional con el ordenamiento jurídico interno de los Estados, se han generado al menos dos herramientas de interpretación. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana, creó la doctrina del control del convencionalidad[6]; en el sistema europeo, la Corte europea, creó la doctrina del margen de apreciación o de discrecionalidad[7].

 

El control de convencionalidad es aquel que deben realizar los jueces para adecuar las normas jurídicas de los ordenamientos internos con los Tratados internacionales, y en específico con las obligaciones generales y su interpretación autorizada, dentro del marco del sistema interamericano de Derechos Humanos[8], es una especie de examen de adecuación entre la aplicabilidad de las normas internas con lo establecido en el orden internacional, relacionado de alguna manera con el principio de legalidad[9].

 

En Europa, el margen de apreciación no es precisamente una obligación directa de aplicación de los derechos humanos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino un criterio de interpretación que se justifica en la mejor posición que tiene un Estado para determinar la aplicación concreta de su aplicación y que se basa en un test de ponderación que evalúa la legitimidad, el fin y la necesariedad en una sociedad democrática[10].

 

Ambas herramientas no resuelven el vacío relacionado con la pregunta formulada. Al plantearse una contradicción entre ambos órdenes jurídicos se le da prelación al corpus internacional, en parte justificada en su jerarquía formal fundamentada por los principios de buena fe y de pacta sunt servanda, materializados en el postulado según el cual los Estados no pueden oponer su derecho interno como excusa para incumplir sus obligaciones internacionales[11].  Esto no resuelve el problema de fondo, en el sentido en que este sería una especie de falacia sustentada en un argumento ad verecundiam o de autoridad, que en últimas se quedaría corto ante la exigencia de una mejor solución del problema jurídico, teniendo en cuenta su norte de justicia y de dignidad humana. En otras palabras, no necesariamente una solución originada en el corpus iuris internacional, es más garantista que una originada en un ordenamiento jurídico nacional.

 

Frente al segundo punto, ante este vacío, existe una solución principialista sustentada en el denominado principio pro homine o pro persona. Este ha sido definido como aquel criterio según el cual se restringe o amplia una interpretación según lo que mejor resulte para el ser humano o la persona[12]. Siendo esto así, este principio materializa el límite humano del Derecho, entendido, en una de sus formas de ser y para el problema aquí tratado, como un conjunto de normas. Es decir, es este principio el que marca el norte de todo el ordenamiento jurídico, independientemente de sus jerarquías formales.

 

Al margen de lo anterior, ante la pregunta de si son válidas las restricciones constitucionales al ejercicio de los derechos humanos. Una posible respuesta es que son tan inválidas como si las restricciones vinieran de los sistemas de Derechos Humanos y esto se fundamenta en los puntos ya mencionados en este escrito. Por un lado, el fin del Derecho –como el de cualquier ciencia-  es la persona y su dignidad humana, lo que algunos han denominado, los bienes humanos[13]; por otro lado, su objeto es la justicia y en términos propios de lo práctico, la justicia en el caso concreto.

 

En este orden de ideas, es la fuerza deóntica del principio pro homine la que limitaría y determinaría cualquier posible contradicción entre el corpus iuris internacional y la Constitución de un Estado determinado.

 

 

BIBLIOGRAFÍA

–       Peter Häberle, Constitución como cultura, (Artículos seleccionados para Colombia)Traducción de Ana María Montoya, Ed. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Bogotá, 2002.

–       Javier Hervada, ¿Qué es el Derecho? La moderna respuesta del realismo jurídico clásico, Ed. Eunsa, Pamplona, 2002.

–       Maria Carmelina Londoño, “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: Confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Boletín mexicano de derecho comparado, 128 (2010) 761 – 814.

–       Gabriel Mora, Ciencia Jurídica y arte del Derecho, Ed. Universidad de La Sabana y Gustavo Ibañez. Bogotá., 2005, p.346 – 347.

–       Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos” [on line]. Archivo electrónico en la página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – Oficina en Venezuela. Disponible en la World Wide Web: http://www.pnud.org.ve/archivo/documentos/data/300/ 332j.htm en Álvaro Amaya Villareal, “El principio pro homine: Interpretación extensiva vs el consentimiento del Estado” International Law: Revista colombiana de Derecho Internacional Pontificia Universidad Javeriana, 5 (Junio, 2005).

–       Corte Interamericana de Derechos Humanos: Casos Almonacid Arellano v Chile, Trabajadores Cesados v Perú, Boyce v. Barbados y La Cantuta v. Perú.

–       Corte Europea de Derechos Humanos. Casos Leyla Sahin v. Turquía, Irlanda v. Gran Bretaña, Bladet Tromso y Steensas v. Noruega y Sunday Times v. Reino Unido.

–       Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

 

 

Notas:

[1] Estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional, Universidad de La Sabana.

[2] Javier Hervada, ¿Qué es el Derecho? La moderna respuesta del realismo jurídico clásico, Ed. Eunsa, Pamplona, 2002, p.94.

[3] Maria Carmelina Londoño, “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: Confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Boletín mexicano de derecho comparado, 128 (2010) 761 – 814.

[4] Gabriel Mora, Ciencia Jurídica y arte del Derecho, Ed. Universidad de La Sabana y Gustavo Ibañez. Bogotá., 2005, p.346 – 347. Y Peter Häberle, Constitución como cultura, (Artículos seleccionados para Colombia)Traducción de Ana María Montoya, Ed. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Bogotá, 2002, pp 15 y ss.

[5] Javier Hervada, ¿Qué es el Derecho?, Ed. Eunsa, 2002, p.36

[6] Ver casos Almonacid Arellano v Chile, Trabajadores Cesados v Perú, Boyce v. Barbados y La Cantuta v. Perú

[7] Ver casos Leyla Sahin v. Turquía, Irlanda v. Gran Bretaña, Bladet Tromso y Steensas v. Noruega y Sunday Times v. Reino Unido.

[8]Corte I.D.H ., Sentencia Almonacid Arellano, del 26 de Septiembre de 2006, Serie C, No 154, párr 124.

[9] Maria Carmelina Londoño, “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: Confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Boletín mexicano de derecho comparado, 128 (2010), p. 803-804

[10] Corte E.D.H.. Sentencia Leyla Sahin, del 10 de Noviembre de 2005, Application 44774, párrafos 75 – 123.

[11] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Artículo 27

[12]Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos” [on line]. Archivo electrónico en la página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – Oficina en Venezuela. Disponible en la World Wide Web: http://www.pnud.org.ve/archivo/documentos/data/300/ 332j.htm en Álvaro Amaya Villareal, “El principio pro homine: Interpretación extensiva vs el consentimiento del Estado” International Law: Revista colombiana de Derecho Internacional Pontificia Universidad Javeriana, 5 (Junio, 2005), p. 351.  

[13] J. Finnis, Ley natural y derechos naturales, Ed. Abeledo Perrot, Trad,  C. Orrego S. Buenos Aires, 2000, p.118.

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