Breve Comentario sobre el Consumo en el Mercado Internacional

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Por: Maximiliano Arango Grajales [1]

“El tiempo es un elemento de tanta consecuencia en las relaciones jurídicas, y ha dado motivo a tantas divergencias en las decisiones de las judicaturas y en la doctrina de los jurisconsultos, que no se ha creído superfluo fijar reglas uniformes…”[2]

No es un secreto histórico, ni un íntimo resguardo, que las reglas uniformes de la época de la codificación, al cual pertenece el Código Civil Colombiano, se afiliaron a una concepción filosófica particular. No sólo al liberalismo enciclopédico, laisser-faire et laisser-passer; también a otro tipo de inspiraciones que veían al Estado como culmen de la evolución humana: la Ley es la máxima expresión de la Nación y como tal, es incorruptible e inexpugnable. Es así que los Códigos y las normas en ellos, eran obligatorias para todo aquél que estuviere a su alcance…no estándolo quien estaba sometido a la concurrencia de distintos Códigos. Y entre éstos y aquellos, se demandaba aplicación primera y última frente a ciertas situaciones. La territorialidad de la Ley se erige como principio, en el cual residen conceptos de mayor entidad, como la soberanía, la seguridad, etc.

Afiliado al discurso anterior, se encuentra el concepto 12-150854-00001-0000 de la Superintendencia de Industria y Comercio; que respondió a la siguiente pregunta: Al comprar componentes nuevos en el exterior (SIC) cuáles son las normas de garantía que aplican al producto? (SIC) Las nacionales o las impuestas por el fabricante en el exterior? De existir un representante en Colombia, (SIC) debe este prestar el soporte o puede negarse a hacerlo teniendo en cuenta que no vendió el componente? A lo cual, luego del discurso de la territorialidad, la autoridad de control fue tajante. En ningún momento fue dubitativa en el contenido de la territorialidad tanto de la Ley como de sus competencias:

“En consecuencia, si el negocio jurídico que generó la relación de consumo se celebró en el exterior, con una empresa extranjera, que no cuenta con sucursal o representación legal en Colombia, dicha relación de consumo desborda el ámbito de aplicación de las normas de protección al consumidor nacionales, así como nuestras facultades.”   

 

De lo anterior, una pregunta surge y será el objeto de este ensayo: ¿Cuál es el campo de aplicación del Estatuto de Consumidor Colombiano? La respuesta no puede ser tan simple y llana como la de la Superintendencia, ya que el derecho que rige las operaciones de carácter internacional es riquísimo en figuras y no sólo a la elección del derecho por las partes. Para postular estas hipótesis de aplicación del Estatuto, primero deberá establecerse la real delimitación del principio de territorialidad (I), para pasar a sus excepciones (II).

I. El Principio de Territorialidad de la Ley

 

Este principio no expone otra cosa que la aplicación irrestricta de la Ley en su espacio, es decir, en el territorio –y las personas que habitan en él- para el cual el Estado que domina aquella porción de tierra, creó la Ley. Así, debe comenzarse con la relación política del principio vista desde la concepción de la Constitución de 1991 en Colombia (A), y estudiar su inserción en los Códigos (B); es decir, plantear retrospectivamente el principio. Debe aclararse, que no existe duda de la territorialidad en la Ley procesal, aquella que otorga competencias a una autoridad para dirimir un conflicto, pues ninguna norma extranjera puede darle competencia a un juez local, si tampoco se la ha dado su propio ordenamiento jurídico.

 

A. Soberanía normativa y territorialidad de la Ley. La territorialidad es una especie o una aplicación de la soberanía nacional. Como los Estados tienen el poder de autodeterminación, de autorregulación e independencia –soberanía-, así mismo, el Estado tiene el derecho de aplicar sus normas en su territorio, sin sujeción a ninguna condición o injerencia de un tercer Estado[3]. Bien establecido es lo anterior por parte de la Corte Constitucional, en su sentencia C-574 de 1992:

“la idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e interdependiente de la humanidad”.

 

No es cierto que lo anterior sea lejano a lo estatuido por la sabiduría de la época de la codificación y de la teoría clásica. No es necesario ir más lejos que el famoso Tratado sobre la materia de M. Weiss, donde con extrema claridad estableció que el único recurso no es sólo la legislación y la jurisprudencia local, sino además, el consentimiento de los Estados,  y la doctrina[4]. Es así, que lo que sí puede ser dicho es que los Código tienen imbuidos principios propios, que no son absolutos ni mucho menos pétreos, sino dados a fuerza de la evolución de las circunstancias y de la interpretación de los operadores.

B. Cualidad de la codificación: la expresión de bondad del príncipe. La mejor forma de explicar la bondad del príncipe, es exponer la sentencia que rompió el anquilosamiento proveniente de tanta bondad. Interpretando el artículo 3 del Código Civil francés, codificación por excelencia, se modificó la forma de entendimiento de la norma, siendo posible aplicarla a extranjeros: bilatéralisée. Pocos años transcurrieron desde que el artículo 3 era entendido como unilateral, es decir, de franceses para franceses, para invertirlo y hacerle decir cosas que en la literalidad no dice. Fue en 1814 con la decisión Busqueta que se cambió la concepción unilateral de los códigos, más no de la teoría tradicional: Regulado por el estatuto personal que afecta la persona y la sigue en el lugar que esté o que lo encuentre, la capacidad de un extranjero se rige por su Ley nacional (Traducción propia y libre)[5].

Antes de esto, la sentencia extranjera que no aplicaba el artículo 3, simplemente se dejaba pasar y se autorizaban ciertos efectos por parte del Estado anfitrión: cortesía internacional o del soberano. Es pues, que la expresión del príncipe encontró su declive ante una fuerza más grande. La interpretación hecha por la Corte de Casación Francesa, abrió la puerta para entrometer otros mecanismos de solución a la concurrencia de normas nacionales.

El Código de Don Andrés Bello no es la excepción, pues en su inmersión como Código Civil de Colombia, en sus artículo 19 y 20 son clara muestra: sólo se requiere leerlos contrario sensu. Si la capacidad legal del Código sigue a los colombianos, lo mismo ocurrirá con los extranjeros, aun cuando estén en Colombia. Y en caso de estarse ante una sucesión inmobiliaria de un colombiano, abierta en el extranjero, nada podrá hacerse, se seguirá la Ley del lugar del bien: Lex Rei Sitae. Y la maravilla de lo anterior reside en que no se requirió de una decisión como Busqueta o Rivière[6].

Con todo, se demuestra que la territorialidad no es absoluta como la hace parecer ver la Superintendencia de Industria y Comercio, y como todo, tiene sus excepciones, conviene ahora observarlas.

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II. La Relatividad de las Operaciones Internacionales

 

Desde el punto de vista empírico, todo principio, al menos en el derecho, tiene excepciones. Este es también el caso de la territorialidad. Algunas excepciones devienen de metodologías acordes –o por lo menos no tan rompientes- con la filosofía que inspira al principio mismo (A) y, otras tantas, de la necesidad (B).

 

A. Los métodos del Derecho Internacional Privado y del Derecho del Comercio Internacional. En primer lugar, el derecho anglosajón y el derecho del comercio internacional. En segundo, se encuentra la metodología del DIPr. Ante este se despliegan: las normas de conflicto, su complicación y solución y, las normas de aplicación imperativa.

En la primer posibilidad, está la tesis de los puntos de contacto, si bien esta no es aplicable por un juez colombiano de la causa, en principio, sí puede verse ante una decisión que la haya aplicado. Esta metodología insiste en que la Ley aplicable no es otra que la que ofrezca mejor adaptabilidad a los hechos del litigio. Así, si el consumidor y el fabricante son colombianos, pero su distribuidor y el contrato no, aún ante esto puede darse que la Ley sea el Estatuto de Protección al Consumidor de Colombia en caso de no haber electio iuris.

Frente al derecho del comercio internacional, se entiende que se compone o de tratados o de compilaciones –entendidas como nuevos recursos jurídicos- de la Ley con fuente supraestatal o no gubernamental, en los cuales, se busca otorgar una reglamentación sin necesidad de pasar por la regla de conflicto. Lo propio ocurre con ciertos principio que tienen vocación de aplicación, por su carácter consuetudinario: Lex mercatoria.

Por otra parte y tal como se vio en el primer capítulo de este ensayo para los efectos colombianos, la regla de colisión puede entrar a ayudar a regir situaciones inclusive, cuando no se está ante ciudadanos del estado en cuestión. Esta especial regla es, en palabras del profesor Aljure, “… según la teoría clásica de los sistemas de derecho civil, es una norma interna, de carácter bilateral, que resuelve conflictos internacionales de Leyes entre normas de derecho privado.” Nada obsta para que una regla de colisión o conflicto elija el Estatuto[7], siempre y cuando se tenga que el caso, sí apela a la aplicación de dicha norma: pues primero debe procederse a su calificación como un caso propio del consumo y que admite aplicación sea por los brocardos Locus Regit Actum o Lex Loci Solutionis[8].

Frente a las complicaciones:

1. El reenvío implica que, una regla de conflicto remite a otra que no elige su propia Ley sustancial. Para solucionar este evento, se ha propuesto tres respuestas, a saber: se acaba el reenvío cuando la primera regla de colisión remite al origen y, cuando se llega al tercer grado de reenvío. Además, la doctrina busca acabar con el reenvío diciendo que una regla de colisión nunca podrá remitir a otras reglas DIPr, sino directamente a las normas sustanciales[9], y nada impide que se termine aplicando el Estatuto.

2. La calificación[10] problematiza la interpretación, los mismos términos pueden tener diferentes efectos en diferentes estados. Normalmente se soluciona, siguiendo la interpretación sea del estado de origen de la norma o de la decisión[11].

3. El conflicto móvil se presenta cuando la calificación del problema se modifica en el tiempo o por la intervención humana[12]. En el primero caso, se modifica la regla de conflicto en sus efectos; si el bien mueble cambia de ubicación, evidentemente también lo hará su Ley. Cuando es por la intervención humana, baste memorar el caso Caron[13], donde se aplicó la Ley francesa a unas acciones titularizadas de bienes inmuebles en Francia, acciones ubicadas en Nueva York. Si bien la Ley debió ser la del lugar de las acciones, la del Estado de Nueva York, por fraude a la Ley, se aplicó la Ley gala. Y de nuevo, nada constituye en principio un obstáculo para que se dé un caso de aplicación del Estatuto.

Resta analizar las normas de aplicación imperativa, no obstante, estas serán objeto de la siguiente parte de este texto, debido a su vastedad.

B. Normas de aplicación imperativa: la visión del juez local. Una norma de aplicación imperativa es aquella que, extraída de una norma de orden público –no puede ser modificada por las partes-, rompe el esquema de las reglas de colisión y exige su inmediata aplicación a la causa, por estar ínsita en ellas, el orden público del estado de control de la decisión[14]. Como se verá, estas especialísimas normas tienen margen de acción tanto en el derecho aplicable, como en sede de control a una decisión en materia de consumo, partiendo desde la base del Juez que aplica su propia Ley.

i. Derecho aplicable. El juez colombiano que por razones de la Ley procesal de competencia conoce de la causa, se debe preguntar el régimen jurídico de la relación jurídica que se somete a su juicio. En primer lugar, debe hacer un juicio de posibilidad, es decir, que se sigan las normas de orden público, pues estas no pueden ser modificadas por las partes. Una vez hecho esto, observa las normas elegidas por las partes; ante las cuales, se abren dos hipótesis: o son válidas estas estipulaciones sean puramente, o por modificación de reglas supletivas o, se desechan porque contrarían normas de orden público o contrarían normas de aplicación imperativa.

ii. Control a la decisión. Los jueces tienen la misión de llevar el procedimiento de reconocimiento –y ejecución- de laudos y sentencias extranjeras llamado exequátur, ante lo cual, Colombia siguiendo el Derecho del Comercio Internacional, se adhirió a lo dispuesto por la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento de decisiones extranjeras –Uncitral[15], que dicta las reglas frente a laudos extranjeros junto con la Ley 1563[16]. Así mismo debe observarse el artículo 606 del Código General del Proceso[17]. Tanto el primero como el segundo, tienen algo en común, en tratándose de aplicar una norma de orden público interno: el Orden Público Internacional.

Orden público internacional se conforma de los principios fundamentales del establecimiento, cuyos efectos son el rechazo de la Ley y decisión extranjera que los viola[18], pues no puede dejarse pasar un comportamiento tan lesivo a la organización política, económica y social[19]. Estos principios pueden tener dos expresiones: como principio en sí mismo –excepción de orden público y como norma de aplicación imperativa.

Entonces, la otra cara del orden público internacional es la norma de aplicación imperativa, pues es aquella norma de orden público interno que tiene ínsita en ella el desarrollo, germen, efecto, apéndice o expresión del orden público internacional del estado. Y a propósito del Estatuto de Protección al Consumidor, no existe duda que no sólo es de orden público, sino además una norma de aplicación imperativa (salvo las excepciones de la misma Ley)[20]. Lo anterior se fundamenta en dos elementos: 1. Se trata de una norma que desarrolla mínimos de defensa y 2. Más importante aún, muy de acuerdo con las tendencias internacionales, se trata de un Estatuto del consumidor. El consumidor es una parte débil y como tal, merece una protección especial del Estado, sin interesar que la relación sea local o internacional[21].

Con todo, ante una relación nacional o internacional que involucre un vínculo de consumo, tal como es definido en su campo de aplicación del Estatuto, obliga al Juez Colombiano a aplicarlo, de lo contrario se vería lesionando el Orden Público Internacional colombiano. Aunque lo anterior, debe ser visto con reserva, tal como se explicará más adelante.

Conclusión

Es claro que una Ley extranjera no puede darle competencia a un juez local, que tan siquiera su propia Ley se la ha dado. Aquí el principio de territorialidad está vigente. Pero esto no significa que se vea el vaso medio vacío como lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que sobre la Ley aplicable, no sólo la elección de las partes puede ser la vía de aplicación del Estatuto de Protección al Consumidor; existen otras tantas vías que vale la pena recapitular, a pesar de la superficialidad de este escrito: el derecho del comercio internacional, las normas de colisión y sus problemas, y las normas de aplicación imperativa. La autoridad del consumo no puede ser tan superficial en sus respuestas, porque esto puede tener dos hipótesis que lo explican: o que no sabe de lo que conceptúa, o que tiene una visión del DIPr anterior incluso, a la decisión lusitana Busqueta y a nuestro Código Civil.

A forma de Epílogo

De lo anterior y de forma escueta, se enunció que el Estatuto del Consumidor es una norma de aplicación imperativa colombiana, pero una pregunta se revela en caso de estarse ante una sentencia o un laudo que no lo haya aplicado en una problema jurídico ligado a una relación de consumo: ¿debe rechazarse la decisión? Es cierto que la técnica impone el salto a la metodología de reglas de conflicto en presencia de una norma de aplicación imperativa y en ello, la respuesta no sería otra que el rechazo. Sin embargo, ha de recordarse que las normas de aplicación imperativa tienen en su naturaleza el concepto de orden público internacional colombiano. Así que, si la decisión no viola estos principios, no habría razón de naturaleza y lógica para denegar la efectividad de la decisión. En otras palabras, la sustancia debe prevalecer sobre su accidente: aunque no se haya aplicado el Estatuto, una decisión foránea, no se vería rechazada si cumple con el mínimo de protección a los consumidores. No obstante, la pregunta de ¿cuál es la regulación del contrato internacional de consumo?, excede los límites del presente ensayo. Pero lo que sí puede decirse, es que parece factible la solución desde el prisma del efecto atenuado del orden público internacional[22].

***

[1] Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Estudiante de especialización en Derecho de Contratos de la misma Universidad. Cuenta con estudios en Derecho Internacional General de la Universidad de París I – Panteón Sorbona. Así mismo, tiene diversos premios por la producción de doctrina jurídica, entre los que se cuentan el concurso colombo-francés de derecho privado (2012), el concurso de investigación sobre derecho y desarrollo de la fundación OMG (2011), el concurso de la conferencia de Rio de Janeiro de la Federación Internacional de abogados (2010), el concurso Foro de Jóvenes CCA, en el marco del Congreso Internacional de Arbitraje (2014), el concurso bienal a la mejor investigación en derecho financiero, económico y bursátil (2013) y el concurso Octavio Arizmendi Posada de la Universidad de la Sabana (2011). También, diversas publicaciones en revistas indexadas y libros.

[2] Montt, Manuel; Ovalle, Francisco Javier. Preámbulo del Código Civil de Chile. Mensaje al Congreso. 23 de noviembre de 1855. Tomado de, GRASES, Pedro. Antología. Andrés Bello. Editorial Seix Barral. Barcelona, Caracas, México. 1978. P. 167.

[3] Sentencia C-621 de 2001.

[4] WEISS, André. Manuel de Droit International Privé. Huitième édition. Editorial Librería de la Sociedad de Recueil Sirey. 1929. París. PP. XIV-XXI.

[5] ANCEL, B., LEQUETTE, Y. Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Francaise de Droit International Privé. 5e édition. Dalloz. París. 2006. PP. 1- 10.

[6] Ibíd. PP. 232-244.

[7] ALJURE SALAME, Antonio Agustín. El Contrato Internacional. Primera Edición. Editorial Legis. Bogotá. 2012. PP. 48.

[8] Ibíd. Nota iv. PP. 245-256.

[9] Ibíd. Nota vi. PP. 50-51.

[10] Caso de la viuda maltesa Anton c. Bartholo, ver, Ibíd. nota iv. PP. 70-78.

[11] Ibíd nota v. PP. 49-50.

[12] Ibíd. PP. 51-52.

[13] Cour de Cassation Francaise, Chambre Civile. 23 de enero de 1990.

[14] Ver, ARANGO GRAJALES, Maximiliano. Las normas de aplicación imperativa en derecho internacional privado: La visión del árbitro del comercio internacional”. Edición Enero-Junio/2014. ISSN 1794 – 4252. Revista Internacional de Arbitraje.

[15] Convención de Nueva York 1958. Artículo V. 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: (…)b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; (…)2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

[16] Ley 1563 de 2012. Artículo 112.

[17] Ley 1564 de 2012. Artículo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos: 1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. 2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. (…).

[18] MAYER, Pierre; HEUZÉ, Vincent. Droit International Privé. 10e édition. Montchrestien et l’extenso éditions. Paris. 2010. PP. 287-291.

[19] Corte Suprema de Justicia, 27 de julio de 2011. MP. Ruth Marina Díaz Rueda. Página 54 y 55 de la decisión oficial.

[20] Ley 1480 de 2011. Artículo 4°. Carácter de las normas. Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, salvo en los casos específicos a los que se refiere la presente ley.

[21] COURBE, Patrick. Droit International Privé. París. Hachette Sperieur, 2007, PP. 85. Ver también: FOUCHARD, Philippe. L’arbitrage dans le commerce international. París. Dalloz, 1965, PP. 352.

[22] Ver: Corte de Casación Francesa. Casos: Bendedouche, Chemouni y Rivière.

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