El Plan Colombia y la Regulación de las Aspersiones de Glifosato bajo el DIH y el DIDH

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Por: Sebastián Correa Cruz, pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, estudiante de Jurisprudencia en proceso de grado con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial, Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia). 

 

 

Colombia es considerado uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, la existencia de un conflicto armado, combinado con el fenómeno de narcotráfico, expresado en la producción y exportación de cocaína, ha llevado a la creación de diversas iniciativas en respuesta a esta problemática. Dentro de estas estrategias se encuentra el denominado Plan Colombia que desde 1997 ha pretendido por la eliminación total de los cultivos de coca mediante el uso de aspersiones aéreas del químico herbicida denominado glifosato.[1]

Las aspersiones con esta sustancia han arrojado como resultado que Colombia pierda alrededor de 3.000 Km2 de bosques cada año por el proceso conocido como triple deforestación. Este proceso se presenta cuando los cultivos de coca son plantados y se da inicio a las aspersiones de glifosato que resultan en la destrucción tanto de los cultivos de coca como los cultivos de alimentos, produciendo así un desplazamiento de los campesinos a lugares no afectados por las aspersiones donde se inicia nuevamente  el proceso.[2]

Ahora bien, a la luz del Derecho Internacional, se concibe como regla general que los Estados son quienes tienen la autoridad exclusiva de regular las conductas que ocurren dentro de su propio territorio al partir del principio de territorialidad de la ley y de la obligación de no injerencia en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los mismos[3]. En este entendido, en cuanto la cuestión de las aspersiones aéreas de glifosato en el territorio colombiano es posible concebir la existencia de una dualidad en cuanto su regulación. Esta dualidad se expresa, por una parte, como respuesta al uso de un arma química o biológica en el curso de un conflicto armado de carácter no internacional regulado por el Derecho Internacional Humanitario[4]; y por otra, como un componente de una acción doméstica de policía para neutralizar el fenómeno del narcotráfico, donde la regulación pertinente sería aquella referente al derecho interno y al estándar de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este orden de ideas, el propósito del presente artículo será el de analizar las posibles transgresiones al marco regulatorio correspondiente, según los supuestos de hecho cuando se realiza esta práctica de erradicación de cultivos ilícitos en el territorio colombiano.

 

I. Derecho Internacional Humanitario

En primera medida, el Derecho Internacional Humanitario vela por la protección de la población civil en tiempos de conflicto. En ese sentido, para que se presente su ámbito de protección ratione materiae, los supuestos de hecho se deben contextualizar en el curso de un conflicto armado internacional o de carácter no internacional.[5] Bajo este supuesto, para que se aplique esta normatividad se hace necesario determinar que la conducta referente a la aspersión se encuentre suficientemente ligada a la existencia de un conflicto armado no internacional en relación con el Protocolo Adicional II (1977) a los Convenios de Ginebra de 1949.[6]

En cuanto la situación colombiana, existe bastante evidencia que demuestra que las personas que cultivan coca lo hacen por necesidad económica o por presión ejercida por las guerrillas y grupos paramilitares, para generar ingresos y lograr financiar su lucha en el conflicto armado. Lo anterior se evidencia siempre que hacia el año 2005, 65 de las 110 unidades operacionales de las FARC estuvieron involucradas en la cultivación de coca. Asimismo, desde 1996 las Autodefensas Unidas de Colombia se han movido hacia las regiones donde se cultiva la coca y han desplazado a los mismos grupos guerrilleros de esas zonas. Posteriormente, luego de la desmovilización parcial de las Autodefensas en 2006, nuevas asociaciones formadas por los miembros restantes formaron grupos que aceptaron el narcotráfico como su fuente de ingresos primaria.[7]

 

Tomando lo anterior en consideración, el Artículo 4(1) del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra consagra que todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respete su persona. De forma semejante, el Artículo 4(2) prohíbe aquellos actos que envuelven atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas referidas en el Artículo 4(1). Es así, que el primer problema que salta a la vista es la cuestión de si los campesinos que cultivan la coca se encuentran participando activamente en las hostilidades. Como resultado de esto, el Gobierno en el desarrollo de su campaña para combatir los cultivos ilícitos debería distinguir entre aquellos que participan directamente en las hostilidades de aquellos que no, pues éstos son personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.[8]

 

Para solucionar este planteamiento, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY) definió la participación activa en las hostilidades como actos de guerra que por su naturaleza o propósito pueden causar un daño al personal o al material de las fuerzas armadas del enemigo. Algunos ejemplos incluyen el ataque al ejército enemigo o la recolección de inteligencia.[9]

 

De forma más reciente, la Corte Penal Internacional en su sentencia de 2012 en contra de Thomas Lubanga Dyilo, interpretó el concepto de participación activa en las hostilidades en relación a los niños involucrados en el conflicto armado, considerando que todas las actividades, tanto de participación directa como indirecta, tienen una característica común, a saber, que el menor en cuestión se convierte potencialmente en blanco de un ataque. Por ello, el factor decisivo para determinar si el cumplimiento de un rol “indirecto” debe ser tratado como una participación activa en las hostilidades radica en establecer si el apoyo brindado a los combatientes expone a la persona al peligro real de convertirse en un blanco potencial. Todos estos factores implican que a pesar de estar ausente de la escena inmediata de las hostilidades, el individuo, de todas maneras, está activamente involucrado en las mismas.[10]

 

En relación con la situación de aspersiones aéreas de glifosato sub examine, si bien el cultivo de coca podría ayudar a financiar a los grupos al margen de la ley y configurarían blancos potenciales de las operaciones militares en el curso del conflicto armado, no existe evidencia tajante de que todos los cultivos de coca financien el conflicto armado, o que los campesinos pertenezcan efectivamente a los grupos armados.[11] Como efecto inmediato de este supuesto, los campesinos que cultivan la coca no se encontrarían participando activamente en las hostilidades y se les debería respetar su integridad física y mental como lo refiere el Artículo 4 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, toda vez que los efectos secundarios de las fumigaciones pueden causar heridas y en algunos casos muerte, por lo que el estado Colombiano se encontraría vulnerando este mandato.

 

De manera semejante, el Artículo 13 (2) del Protocolo Adicional II, predica que los ataques no pueden dirigirse contra civiles, con la excepción de si éstos participan directamente en las hostilidades. En otras palabras, el principio de distinción no se respetaría acá, siempre que las partes están obligadas a distinguir entre blancos civiles de los blancos militares. En conexión al principio de distinción, Colombia también se encontraría violando el principio de precaución formado consuetudinariamente[12], pues el Estado nunca se abstendría de llevar a cabo ataques cuando fuese aparente que el daño resultase excesivo a la ventaja militar directa esperada. Esto se presenta ya que si bien se buscaría atacar una fuente de financiamiento del enemigo, las acciones recaerían en una afectación contra la población civil y aquellos que no participan en las hostilidades como se mencionó anteriormente.

 

Por otra parte, según la Regla 43 de las Reglas Consuetudinarias del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el curso del conflicto armado los ataques sólo son permitidos en contra de objetivos militares, implicando que la destrucción del medio ambiente está prohibida en concordancia con la regla 43 de las Reglas Consuetudinarias del CICR.[13] En el caso concreto, el daño incidental al medio ambiente causado por las aspersiones de glifosato expresado en la contaminación de las fuentes de agua, o el desplazamiento de los cultivos de coca a áreas que luego son deforestadas en exceso, predicarían la violación de la mencionada Regla 43.  Finalmente, la Regla 76 del Derecho Consuetudinario del Comité Internacional de la Cruz Roja, prohíbe el uso de herbicidas en ciertas circunstancias, como lo sería el glifosato, usado para atacar vegetaciones que no son objetivo militar.

 

II. Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Interno

En segundo lugar, es pertinente analizar el supuesto en que estas acciones se conciban como un componente de una acción doméstica de policía para neutralizar el fenómeno del narcotráfico sin un nexo entre la conducta y el curso de un conflicto armado, situación en la cual se excluiría el ámbito de protección del Derecho Internacional Humanitario.

En principio, Colombia es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Este instrumento consagra el concepto de responsabilidad compartida, el cual reconoce que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los estados, y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional. Es así, que al tomar las aspersiones aéreas de glifosato como la expresión de una acción de policía, se concibe que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), ejecutado por el estado colombiano, se acomodaría a este supuesto bajo análisis. El PECIG se plantea como una estrategia a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia que se surte mediante tres fases integradas: la detección de cultivos ilícitos, aspersión y verificación[14].

A pesar de lo anterior, si bien bajo este mandato existe una obligación del Estado de combatir el narcotráfico, es preciso encontrar un límite o un marco regulatorio de dicha lucha en el artículo 14 de la mencionada Convención, siempre y cuando las medidas adoptadas respeten los derechos humanos fundamentales y la protección del medio ambiente. Bajo esta línea de pensamiento, y en concordancia con el derecho interno, la Corte Constitucional colombiana ha analizado la conexidad que el derecho al ambiente sano tiene con el derecho a la vida digna, a la salud y a la integridad personal. La protección al ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico nacional, que denota el carácter ecológico de la Carta Política, dando carácter fundamental al derecho al ambiente sano, directamente y en su conexidad con la vida y la salud, entre otros, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.[15]

Ahora bien, podría entenderse que en relación con el ámbito de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos existiría una violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde dichas transgresiones se encontrarían probadas toda vez que los habitantes del Putumayo se han quejado de su estado de salud e integridad por la presencia de mareos, diarrea, vómito, rascazón, ojos rojos y dolores de cabeza.[16]

En adición a lo precedente, también existiría una violación el derecho a la alimentación consagrado en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Esto es sustentado por la actividad agraria en los campos de cultivo de alimentos indistintamente afectados por el glifosato.

 

III. Conclusiones

En el orden de ideas expuesto, y a manera de conclusión, es posible encontrar una dualidad en cuanto la regulación de las aspersiones de glifosato emprendidas por el Estado colombiano desde 1997. Dicha dualidad se refiere a considerar las aspersiones como componentes de una acción doméstica de policía reguladas por el derecho interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para neutralizar el fenómeno del narcotráfico, por un lado; o por el otro, a que estas acciones responden al uso de un arma química en el curso de un conflicto armado donde la regulación pertinente sería dada por el Derecho Internacional Humanitario.

Es por lo anterior, que el elemento diferenciador para aplicar el marco regulador correspondiente recaerá en determinar la existencia de un conflicto armado sumado a la existencia de un nexo entre las aspersiones como conductas con el curso del mismo. Si bien en Colombia se ha decantado la existencia de un conflicto armado, y el Estado ha pretendido demostrar que existe un nexo entre las aspersiones y el curso del conflicto, siempre que el cultivo de coca y el narcotráfico son el mayor medio de financiamiento de los grupos al margen de la ley, existiría una transgresión del Derecho Internacional Humanitario expresado en violaciones de diversos Artículos del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra de 1949  y de algunas Reglas Consuetudinarias del Comité Internacional de la Cruz Roja, como se mencionó anteriormente.

En caso de adoptarse la tesis contraria, es decir, aquél supuesto en el que se niegue la existencia de un conflicto armado en Colombia, o se argumente que no existe un nexo entre las aspersiones de glifosato con un conflicto armado, estas acciones se regularían por el derecho interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde igualmente se apreciarían transgresiones a las consideraciones de la Corte Constitucional Colombiana y contra disposiciones de instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

A lo largo del escrito se evidencia que independientemente la forma en cómo se caractericen la los supuestos de hecho de las aspersiones aéreas de glifosato, Colombia se encuentra indistintamente violando las disposiciones del marco regulatorio aplicable en cada caso. Finalmente, es importante señalar que la problemática analizada no sólo se limita al territorio colombiano, pues el 31 de marzo de 2008 el Estado de Ecuador presentó ante la Corte Internacional de Justica una demanda para iniciar un procedimiento contencioso, al argumentar que Colombia ha incumplido con sus obligaciones bajo la ley internacional por permitir el depósito en su territorio de herbicidas tóxicos. Este caso simboliza la dimensión transfronteriza que tiene dicho fenómeno.

 

De esta forma, se hace pertinente presentar como propuesta práctica -para que Colombia cumpla con su obligación de luchar contra el narcotráfico- el continuar con la erradicación manual de los cultivos ilícitos, técnica que le permitió al Estado colombiano llegar a un acuerdo con Ecuador para finalizar con la continuidad de los procedimientos de la Corte Internacional de Justica en su contra y así evitar  que se le declarare responsabilidad internacional.

 

La efectividad de esta antigua técnica radicaría en que se realice de forma generalizada y sistemática, con la tecnificación de los batallones existentes de los soldados campesinos del Ejército nacional, sumada a la creación de la fuerza de policía gendarme o de policía rural y a las declaraciones del Presidente Santos. Según el mandatario, ante un eventual acuerdo de paz, las FARC pasarían a ser aliados del Gobierno para luchar con el narcotráfico. En ese orden de ideas, se permitiría de forma efectiva reemplazar las aspersiones indiscriminadas y el Estado colombiano podría apegarse a los mandatos propios del derecho interno, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 


 

Notas: 

[1] KNUDSEN, GUY, 2012, War is Peace: How Language Begets Power and Helps to Skirt International Law in U.S. Efforts to Eradicate Colombian Coca Crops Using Chemical and Biological Agents: A Critical Studies Journal. Recuperado en: www.uidaho.edu/~/media/Files/orgs/Law/thecrit/…/KnudsenGuyR.ashx

[2]  ZÁRATE, CECILIA, 2001,  Introduction To Putumayo- The US.-assistedwar in Colombia, z magazine, Recuperado el 16 de Abril en:

http://www.zcommunications.org/introduction-to-putumayo-by-cecilia-zarate-laun

[3]  Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 2625 (xxv)  de 24 de Octubre de 1970, que contiene la Declaración Relativa a los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

[4]  Ver 1, KNUDSEN,  pág 67

[5] KOLB, ROBERT, HYDE, RICHARD,  An Introduction To The International Law of Armed Conflicts , Primera Edición, Hart Publishing, Portland, EE.UU, 2008,, pp 3 -9

 

[6] KOLB, ROBERT, HYDE, RICHARD,  An Introduction To The International Law of Armed Conflicts , Primera Edición, Hart Publishing, Portland, EE.UU, 2008,, pp 3 -9

[7] LANDEL, MORGANE, 2010, Are Aerial Fumigations in the Context of the War in Colombia a Violation of the Rules of International  Humanitarian Law?, Lexis Nexis, Transnat’l L. & Contemp. Probs.  Recuperado en:

https://litigationessentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=19+Transnat%27l+L.+%26+Contemp.+Probs.+491&srctype=smi&srcid=3B15&key=8165932392e763a5e489c956f1ff4de2

[8]  Ver 6, LANDEL.

[9]ICTY, Case No. IT-98-29-T Prosecutor v. Stanislav Galik,, Judgment and Opinion, (2003).

[10] ICC, Sala de Primera Instancia I Sentencia,  ICC-01/04-01/06 , de marzo de 2012 , The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dylio, párr. 628.

[11]  Ver 6, LANDEL.

[12]  HENCKAERTS, JEAN-MARIE, -BECK LOUISE DOSWALD, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, Comité Internacional de la Cruz Roja,  2007, Volúmen I, págs 59. 65.

[13] SASSOLI, BOUVIER, Red Cross Customary International Humanitarian Law, primera edición, Buenos Aires, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2007, Volúmen II, pág 738.

[14]ARANIBAR, CIRCE, ALARCON, ARTURO, Desarrollo alternativo y  erradicación de cultivos de coca, primera edición, La Paz, Bolivia, Editora Urquizo. 2002.

[15] Colombia, Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-154 de 2013, 21 de Marzo de 2013, Nelson Pinilla Pinilla, T-2550727.

[16] NEWSWIRE, Aerial Herbicide Spraying Violates the Human Rights of Peasantand Indigenous Communities in Colombia and Ecuador, January. 15, 2002: http://forests.org/shared/reader/welcome.aspx?linkid=6680&keybold=forests%20AND%20%20herbicide%20AND%20%20spraying

 

 

 

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