¿Debe el Estado Colombiano Aceptar los Yerros en que Incurren las Sentencias de la CIJ, y la Academia Continuar Perdida en el Espiral del Argumentum ad Verecundiam?

 

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De la improcedencia de reducir la determinación gubernamental colombiana de no continuar compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia a una “explosión de fervor nacionalista”

 

Por Santiago Díaz-Cediel


 

Son tan numerosas como ávidas de ilusoria infalibilidad las reacciones que, en la academia colombiana, ha suscitado la emisión de las sentencias de excepciones preliminares de fecha 17 de marzo de 2016, en el curso de los dos procesos judiciales incoados por la República de Nicaragua contra la República de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Afirmo que codician –de manera insostenible– afán axiomático porque, en general, ninguna consulta la observancia de fundamentos jurídicos puntuales y la procedencia de su empleo en la decisión sobre el derecho internacional aplicable entre los Estados colombiano y nicaragüense. Por el contrario, reducen la decisión gubernamental colombiana de no continuar compareciendo ante el tribunal internacional a lo que denominan –de manera engañosa– como “patriotismo fanático”.   

 

La República de Colombia, avergonzada en demasía por el yugo que representó para su propia “imagen internacional”, el “conflicto armado interno” –con sus problemas conexos de narcotráfico, inseguridad y corrupción–, optó, con una suerte de “sentimiento de culpa”, por presentarse a sí misma ante la sociedad internacional como un Estado abanderado del “respeto” al derecho internacional.

Al amparo de esa irreflexiva recepción de disposiciones exógenas al sistema jurídico colombiano –de manera masiva y en el afán de liberación de tales sentimientos de culpabilidad–, fueron asumidas obligaciones internacionales lesivas para la nación. Tales compromisos se manifestaron mediante, inter alia, la suscripción y ratificación apresurada de tratados , sin formulación de reservas o declaraciones interpretativas que garantizaran la observancia del orden jurídico y político interno; la ausencia de objeción persistente en la aparición de normas derecho internacional consuetudinario perjudiciales para los intereses nacionales; o, el célere reconocimiento de jurisdicción a tribunales internacionales sin las correspondientes exclusiones temporales y/o materiales a su competencia.

 

No es un secreto que ese raciocinio dirigió nuestras relaciones internacionales en tiempos pretéritos y tampoco lo es que siga estando presente en la academia –integrada, en su mayoría, por generaciones concordantes con esa antigua visión de la política exterior colombiana–. Esas generaciones insisten en una observancia fehaciente e incuestionable de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, cualquiera hubiere sido su motivación y fundamentación jurídica, por el sólo hecho de haber asumido, de manera previa, un compromiso internacional de cumplimiento a sus providencias judiciales.

 

Prima en este segmento de la población una suerte de “criterio orgánico”, donde sin que importe mucho la procedencia de las fuentes invocadas o la conformidad de los fundamentos jurídicos aducidos con el derecho internacional público aplicable a las Partes –siempre y cuando fuere proferida por la Corte Internacional de Justicia–, se encuentra el Estado colombiano frente a una sentencia en sentido material que está obligada a aplicar.

 

Más allá de la asunción de una absoluta “defensa patriótica” de la posición aducida por el Estado colombiano en los procesos judiciales incoados en el año 2013 ante el tribunal internacional –que, por supuesto, me veo en la obligación de señalarlo, no nos es criticable a quienes disponemos de la titularidad de la nacionalidad colombiana–, sostengo que la posición académica descrita erra al garrir –cual psittacoidea reproduciendo sonidos de locuciones humanas– el contenido del artículo 94 de la “Carta de las Naciones Unidas” y de los artículos 59 y 60 del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”. Y hace ello sin efectuar un auténtico escrutinio jurídico de lo aducido por la Corte Internacional de Justicia, en las dos sentencias de fecha 17 de marzo de 2016. Dicho escrutinio ha de hacerse a la luz de, inter alia:

  • las “reglas de decisión” establecidas en su propia jurisprudencia, relativas a la “existencia” de “disputas” –i.e. las fijadas en las sentencias de fecha  20 de julio de 2012 y 1 de abril  de 2011–;
  • la igualdad jurídica entre las cláusulas que fijan la “forma” y las “condiciones” para adelantar los procedimientos de resolución de disputas nominados en el instrumento internacional –previstas en los Capítulos II, III, IV y V del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”– respecto de todas las demás disposiciones que desarrollan y garantizan la solución pacífica de controversias [i.e. proscripción del uso de la fuerza; obligación de acudir, en primer término, a los mecanismos regionales antes de acudir al Consejo de Seguridad; obligación de no ejercer la protección diplomática respecto de materias que son, exclusivamente, de la jurisdicción domestica de un Estado Parte; facultad de solicitar la emisión de opiniones consultivas; o ejercicio del derecho a la legítima defensa individual y colectiva], indistintamente de su ventaja numérica; y,
  • la práctica inequívoca del tribunal internacional –evidenciable, entre otras, en las providencias judiciales de fecha 16 de abril de 2013 y 6 de noviembre de 2003– en relación con la remoción de controversias de su lista de “Casos Pendientes”, en consonancia con su obligación internacional de emitir sentencias definitivas, vis-à-vis el lenguaje empleado en la ratio decidendi y dispositif de la sentencia de méritos de fecha 19 de noviembre de 2012.

 

¿Qué hacer entonces en los eventos en los que se profiere una sentencia en sentido formal, pero no en sentido material? ¿Debe el Estado Parte, per se y en “ciego apego” a disposiciones convencionales del tratado constitutivo de la organización internacional con vocación mundial por excelencia, aceptar los yerros en que incurra un tribunal internacional?

 

**

 

No soy partidario de señalar –como superfluamente se ha hecho– que los miembros actuales de la Corte Internacional de Justicia son ‘desinformados’, ‘caprichosos’ o ‘poco versados’. Con varios de ellos he tenido el privilegio de departir en Europa y América Latina, en calidad de alumno de sus clases y conferencias, e inclusive como ‘colega juez’ en rondas internacionales de concursos de derecho internacional. Otro miembro estuvo vinculado por décadas al Departamento de Derecho Internacional de una destacada institución académica norteamericana a la que, en la actualidad, me encuentro vinculado.

 

Y no obstante el mérito que los jueces de la Corte merecen, no soy partidario de llamar al cumplimiento de sentencias en sentido formal, por virtud de un mandato convencional; una creencia empecinada en que la declaración del artículo 20 del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” los libra de todo cuestionamiento jurídico; y una reducción de la decisión gubernamental colombiana a “pataleta de perdedor”.

 

La construcción y aplicación del derecho internacional obedece a y es, en esencia, la suma de elecciones políticas.

 

La selección del “international lawmaking model” aplicable para cada Juez es una elección política. Optar por un modelo de sujetos de derecho internacional sobre participantes en la sociedad internacional; o por un modelo de productos (tratado o costumbre “producida”) sobre procesos (sin importar si se crea una norma, el intercambio entre actores “crea” derecho internacional); o por un modelo de fuentes formales sobre fuentes no-formales de derecho internacional, es un ejercicio politicus.

 

No obstante, cuando la decisión política insertada en la providencia judicial está desprovista de solidez en su fundamentación jurídica, se erigen obstáculos a su cumplimiento.  

 

Hace –justamente– un año, a propósito de la emisión de dos providencias judiciales por parte de las cortes constitucionales colombiana e italiana, en relación con sentencias de la Corte Internacional de Justicia (adversas a los intereses de la República de Colombia y de la República Italiana, respectivamente), tuve oportunidad de debatir en Ginebra, amplia y francamente, con Jean d’Aspremont, distinguidísimo profesor de derecho internacional sobre la política inherente a la construcción del derecho internacional. En particular, analizamos las decisiones políticas de la Corte Internacional de Justicia sobre, inter alia, la elección del estándar probatorio aplicable en el tribunal internacional –con anterioridad y posterioridad a la elección de Rosalyn C. Higgins en la presidencia– y la elección sobre los hechos científicos “relevantes” en el caso sobre balleneras en el Océano Antártico. Las decisiones políticas hacen parte del ejercicio de la función judicial en la Corte Internacional de Justicia. La política es discusión sobre la determinación de intereses societarios y el derecho internacional es la continuación de la política –sin que ello implique negar su existencia–.

 

Es la labor del Juez del tribunal internacional emplear el artículo 31 de la ‘Convención de Viena sobre el derecho de los tratados’ para dar la impresión de que sólo es una extracción mecánica del texto del fundamento de derecho, con miras a asegurar que su decisión sea convincente y persuasiva.

 

No se puede pretender descalificar o invalidar la posición gubernamental colombiana sin considerar que el derecho internacional, aun cuando incorpora política –que hace parte del ejercicio de la función judicial de la Corte Internacional de Justicia–, debe ser “convincente” y “persuasivo” en lo que hace a su utilización en sede de ratio decidendi.

 

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Muy ilustres ex decanos locales, a propósito de las decisiones adoptadas en La Haya el 17 de marzo de 2016 y con el propósito de criticar lo que denominan “explosión de fervor nacionalista”, afirman con desdén que “pocos parecen haber leído” el “Tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua” y que la Sentencia C-269 de 2014 –que examinó la demanda del Presidente de la República contra el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”– fue “inútil y temeraria”.

 

No obstante, ello no les impidió intervenir en el proceso ante la Corte Constitucional y presentar argumentos jurídicos de “inaplicabilidad (sic)”, sin manifestar la ‘inutilidad’ y ‘temeridad’ que hoy les parece tan evidente. ¿Se habrán tomado la molestia de leer los fundamentos jurídicos de la Sentencia C-269 de 2014 (en particular, el 5.8)? ¿Cómo pueden afirmar que hay temeridad cuando la propia Corte Constitucional advirtió, con toda contundencia, que la “Carta de las Naciones Unidas” impone una obligación a los Estados miembros de la organización internacional de cumplir las decisiones que profiera la Corte Internacional de Justicia en todos los pleitos, procesos, controversias o litigios en que sean partes? ¿Es inútil una decisión del órgano de cierre constitucional encaminada a precisar el mecanismo de aplicación interno de una providencia judicial internacional con el propósito de salvaguardar el orden constitucional vigente, en observancia de la jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia?

 

La reducción de la posición gubernamental colombiana a una “explosión de fervor nacionalista” no sólo es inconveniente, sino engañosa. Sugiere la presencia de unas inexistentes rebeldía e imprudencia por parte de el órgano de cierre constitucional y, en igual sentido, induce al error. Es bien sabido que la Corte Constitucional, en observancia de lo establecido por la Corte Internacional de Justicia en sus sentencias de fecha 2 de diciembre de 1963 (“Camerún Septentrional”) y de fecha 13 de junio de 1951 (“Haya de la Torre”), reconoció –como lo efectuó el propio tribunal internacional– que la forma, medio, medida o mecanismo específico de cumplimiento de las sentencias o decisiones de la Corte Internacional de Justicia estaba al arbitrio y discreción de los Estados Partes.

 

En ese sentido, precisar un tratado –como mecanismo doméstico de aplicación de las providencias judiciales del tribunal internacional– no puede calificarse de ‘temerario’ en tanto asunto catalogado por la propia Corte Internacional de Justicia como de viabilidad práctica (“practicability”) o de conveniencia política (“political expediency”), por fuera del ámbito en que ejerce su función judicial.

 

Mención particular también precisan destacados docentes nacionales que restringen la posición gubernamental colombiana a una “exaltación del patriotismo fanático”, calificándola de “chovinista”. Que la República de Colombia haya determinado no continuar compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia dista mucho de incumplir la obligación internacional de arreglar las controversias por medios pacíficos. Tampoco implica “sólo reconocer el derecho internacional que conviene a la agenda política”.

 

La tesis conforme a la cual el principio de la solución pacífica de las controversias internacionales se desconoce al dejar de comparecer a la Corte Internacional de Justicia es tan errónea como ampliamente difundida. Ni el procedimiento judicial ante ese tribunal internacional es el único mecanismo de resolución de disputas en la sociedad internacional, ni las disposiciones convencionales que prevén el reconocimiento de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver cualquier controversia de derecho internacional son las únicas que consignan la obligación de tramitar –sin recurso al uso de la fuerza– las disputas en la sociedad internacional.

 

La República de Colombia continúa disponiendo de otros mecanismos internacionales de resolución de disputas (inter alia, buenos oficios y mediación) para tramitar sus controversias e, igualmente, vinculada por otros tratados mundiales, regionales y subregionales que la obligan a solucionar tales controversias pacíficamente (i.e. la “Carta de la Organización de Estados Americanos”, en sus artículos 24 y 26).

 

Otros docentes, refieren –a su vez– supuestos “actos continuos de desafío al fallo de 2012” que, en su criterio, era una providencia judicial “fácil de cumplir y aplicar”, para legitimar la declaratoria de competencia en las dos decisiones adoptadas en La Haya el 17 de marzo de 2016. Califican de “artificiosa” la demanda de inconstitucionalidad contra el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” –como si hubieren participado en el ejercicio o examen de la acción de inconstitucionalidad– y de “falsas apariencias” los acercamientos con la República de Nicaragua para implementar la providencia judicial de fecha 19 de noviembre de 2012 –como si hubieren integrado la Delegación colombiana en la negociación del Proyecto de Tratado con la República de Nicaragua–.

 

Esta academia aquí aludida, que –de manera célere– ha salido a descalificar e invalidar la determinación gubernamental colombiana de no continuar compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia, cómoda en su empleo de la falacia argumentum ad verecundiam, falla al no proporcionar fundamentos jurídicos concretos que permitan desvirtuar la presencia de yerros en las decisiones adoptadas en La Haya el 17 de marzo de 2016.

 

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Yo no evidencio “patriotismo fanático” en la detección del yerro conforme al cual “existe” una “disputa” entre el Estado colombiano y el Estado nicaragüense, sin que esta se hubiere cristalizado a partir de la expresión pública de una desavenencia, disgusto o contrariedad. La Corte Internacional de Justicia, en sus sentencias de fecha 20 de julio de 2012 (“Cuestiones relativas a la obligación de juzgar o extraditar”) y de fecha 1 de abril de 2011 (“Aplicación de la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial”) sostuvo que la materialización o cristalización de una “disputa” precisaba de la manifestación pública de la inconformidad por parte del Estado que la alegaba. En el evento de no haberse producido tal expresión pública no era procedente admitir la “existencia” de una “disputa”.

La República de Nicaragua jamás se manifestó, de manera pública, sobre una desavenencia antes de incoar las dos demandas en el 2013. ¿Es este fundamento de derecho una irracional “explosión de fervor nacionalista”?

 

Tampoco registro “patriotismo fanático” en el yerro que priva de efecto útil al párrafo segundo del artículo LVI del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)”, asignándole la naturaleza jurídica de “disposición innecesaria”, fruto –exclusivamente– de la “ extrema precaución” de sus redactores.

 

De manera errónea, se ha publicitado en La Haya una tesis conforme a la cual el propósito del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” es el de “reforzar” el compromiso respecto del procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia, a expensas de ignorar todos los demás procedimientos de solución pacífica de controversias allí nominados y, a su turno, los no previstos en sus disposiciones.

 

En su sentencia de fecha 20 de diciembre de 1988 (“Acciones armadas fronterizas y transfronterizas”), el tribunal internacional principió a transitar el camino del abierto desprecio por las cláusulas que, de manera expresa, niegan la prelación del procedimiento judicial sobre los demás mecanismos interamericanos de resolución pacífica de disputas (i.e. el artículo III), en provecho de aquellas “interpretaciones” que auxilian su posición política de preeminencia. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia reafirmó lo propio.

 

Ese “pick and chose” de cláusulas “convenientes” del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” por parte del tribunal internacional, aun cuando representativo de su actuar, carece de suficiencia al efecto de desechar el párrafo segundo del artículo LVI.

 

Lo anterior considerando que, inter alia:

  • el objeto y fin del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” es la resolución pacífica de controversias, propósito que se realiza, de manera plena, no mediante el procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia, exclusivamente; como tampoco sólo por medio de los procedimientos previstos en los Capítulos II, III y V, sino, a su vez, a través de “procedimientos especiales”, cuya forma y condiciones no están previstas, expresamente, en el tratado en comento –párrafo segundo del artículo II–;
  • la mera ventaja numérica de las cláusulas que fijan la “forma” y las “condiciones” para adelantar los procedimientos de solución pacífica de controversias nominados en el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” –Capítulos II, III, IV y V–, respecto de todas las demás disposiciones que desarrollan y garantizan la resolución de disputas por medios pacíficos no conlleva, per se, su invalidación vis-à-vis el objeto y fin del instrumento internacional, máxime cuando todos y cada uno de los artículos de este último disponen del mismo nivel jurídico;
  • el artículo LVI del “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” es, en extremo, específico acerca de la “fecha relevante para la iniciación” de procedimientos pendientes: únicamente aquellos procedimientos iniciados “antes de la transmisión de la notificación de denuncia” no se afectan por la notificación; y,
  • admitir que las cláusulas convencionales –presentes en sendos instrumentos internacionales– que diferencian: [a] los efectos de la denuncia sobre el tratado determinado, respecto de [b] los efectos de la denuncia sobre los procedimientos de resolución de disputas disponibles bajo el tratado determinado, “carecen de necesidad” y/o son fruto de una “extrema precaución” de sus redactores, contraría la interpretación auténtica de los Estados Partes, en una práctica que no es inusual en la sociedad internacional. Es pertinente advertir que, en todo caso, la obligación de tramitar las disputas por medios pacíficos interamericanos se mantiene, entre los Estados colombiano y nicaragüense, en virtud de los artículos 24, 25 y 26 de la “Carta de la Organización de Estados Americanos”.

 

No me corresponde evaluar aquí si el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)” es “necesario”, “útil” o “primordial” en el contexto interamericano. Que menos del 40% de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos sean Estados Partes del instrumento internacional expresa ya lo suficiente en ese respecto. No obstante, es manifiesto que, en lo que hace a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de disputas marítimas y territoriales con base en el tratado en comento, el hemisferio occidental –en general– y el Mar Caribe –en particular– ha dejado de ser la región “tradicionalmente tranquila” para erigirse en una de las áreas geográficas más conflictivas.

 

De igual manera, no advierto “patriotismo fanático” en la detección del yerro conforme al cual la República de Nicaragua, en el año 2012, está obligada a efectuar y culminar los procedimientos para el eventual establecimiento de los límites exteriores a su supuesta plataforma continental extendida ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (prevista en la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”), con el fin de que proceda ante la Corte Internacional de Justicia su reclamación de plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, y en el año 2016, no esté obligada a lo propio, sin que medie una modificación de naturaleza convencional o consuetudinaria al derecho internacional aplicable a las Partes. ¿Constituye este fundamento jurídico una “explosión de fervor nacionalista” sin sustento?

 

Por último, no detecto “patriotismo fanático” en el yerro que desconoce el principio de “res judicata” –reflejado en el propio “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”–, por medio del cual se permite al Estado nicaragüense incoar, por segunda vez ante el mismo tribunal, la misma disputa, frente a la misma contraparte, con el mismo objeto, que aquella denegada en la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2012, relativa a su supuesta plataforma continental extendida. Que ello se efectúe atribuyendo a los vocablos “cannot uphold” del dispositif un sentido distinto al de rechazo (significado que ha tenido, de manera consistente, en la Corte Internacional de Justicia) es inaceptable no sólo a la luz de la propia jurisprudencia del tribunal internacional –inter alia, las sentencias de fecha 16 de abril de 2013 (“Disputa Fronteriza”) y de fecha 6 de noviembre de 2003 (“Plataformas petroleras”)–, sino a la luz de la equidad procesal que debe imperar en el procedimiento judicial de resolución de controversias.

 

La República de Nicaragua ejerció, por completo, su oportunidad procesal de probar la reclamación sobre una supuesta plataforma continental extendida –“superpuesta” a la plataforma continental de la República de Colombia– en el proceso judicial que culminó con la emisión de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2012. Falló. En consecuencia, no es procedente admitir, por segunda vez, tal reclamación sin violar, de manera simultánea, el artículo 60 del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”, en lo concerniente al carácter definitivo e inapelable de sus decisiones y, a la par, los artículos 61 y 63 del mismo instrumento internacional que –exclusivamente– prevén los recursos de revisión e interpretación como remedios jurídicos tendientes a la examinación de una providencia judicial en firme.  

 

De tolerarse la posición política de algunos miembros de la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de indicar que la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2012 guarda silencio sobre la reclamación del Estado nicaragüense en relación con la supuesta plataforma continental extendida y que, por consiguiente, hay ausencia de decisión por parte del tribunal internacional sobre los méritos de la reclamación, deberá permitirse –a su turno– que el tribunal internacional –de manera deliberada y arbitraria– deje “abiertas cuestiones de fondo” en sus sentencias de méritos, en violación de su obligación internacional de emitir decisiones definitivas.

 

Debe entenderse que la Corte Internacional de Justicia no se reservó, expresamente, la facultad de examinar reclamaciones de méritos –de manera posterior a la emisión de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2012– como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Por el contrario, removió la controversia de su lista de “Casos Pendientes”, una vez profirió su providencia judicial el 19 de noviembre de 2012.

 

Un segundo examen de la reclamación de la República de Nicaragua en relación con la supuesta plataforma continental extendida (que tanto el Estado colombiano como el Estado nicaragüense reconocen como la misma disputa, con las mismas Partes y el mismo objeto que la incoada, de manera previa), amparada en un abuso lingüístico de las locuciones “present proceedings” para, forzosamente, inferir “future proceedings”, viola –de manera flagrante– las garantías procesales de las que la República de Colombia es titular. De nuevo inquiero, ¿Es procedente reducir este otro fundamento jurídico a una “explosión de fervor nacionalista”?

 

**

 

Es cierto que la Corte Internacional de Justicia no está “atada” por su propia jurisprudencia. No es menos cierto que establecer reglas de decisión en sus providencias judiciales y removerlas favoreciendo al Estado nicaragüense –el mejor cliente por número de demandas incoadas del tribunal internacional, cuya posición política beneficia a múltiples Estados expansionistas de la sociedad internacional–, eleva interrogantes jurídicos puntuales que precisan de la adopción de posiciones gubernamentales complejas, en escenarios que desafían la estabilidad y el carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia.

 

En ausencia de fundamentos jurídicos concretos que permitan desvirtuar la existencia de los yerros referidos supra en las decisiones adoptadas en La Haya el 17 de marzo de 2016 –que, por consiguiente, tienen el carácter de sentencias en sentido formal y no material–, los Estados Partes y, en particular, la República de Colombia, no puede en “ciego apego” a disposiciones convencionales de la “Carta de las Naciones Unidas” (artículo 94) y del “Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” (artículos 59 y 60) continuar compareciendo ante el tribunal internacional. En ese sentido, descalificaciones e invalidaciones por parte de esa academia –invadida por sentimientos de culpabilidad; amparada en el facilismo de referir una “explosión de fervor nacionalista”; y presa del “criterio orgánico”– debe dejar de imitar a la psittacoidea. Extiendo aquí la invitación a dejar de garrir en el espiral del argumentum ad verecundiam.

 

 

 

 

 

 

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