La no Comparecencia de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia: la Miopía del Gobierno y la Ceguera de sus Defensores

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El Agente de Colombia Carlos Gustavo Arrieta, la Canciller María Ángela Holguín y el co-agente Manuel José Cepeda

 

Por Miguel Ruiz Botero, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. 

 

Los fallos de la Corte Internacional de Justicia del pasado 17 de marzo ofuscaron profundamente al gobierno nacional y a millones de colombianos. De manera expedita, el Presidente, flanqueado por la Canciller y – en un mensaje francamente vergonzoso – el Ministro de Defensa, declaró que Colombia no seguiría compareciendo ante la Corte. Horas después, en el Capitolio Nacional, reiteró esta posición mientras detrás de él asentían complacidos los líderes de todos los movimientos politicos ahí representados. Ese mismo fin de semana, los más diversos periodistas y líderes de opinion dejaron correr ríos de tinta en los periódicos respaldando, sin argumentos de peso, la decisión del ejecutivo.

 

Si bien las razones por las cuales no comparecer es un tremendo error han sido expuestas en la prensa escrita y en televisión por académicos infinitamente más calificados e instruidos que yo, desde entonces se han publicado dos artículos en particular, firmados por Giovanni Vega y Santiago Díaz (publicado en este medio a finales del mes pasado), que se aproximan al asunto desde un punto de vista técnico y cuyos argumentos, fruto de un estudio juicioso, siento no han sido adecuadamente respondidos. Díaz se refirió a buena parte de los argumentos presentados por Colombia en sus objeciones preliminares en ambos casos, aduciendo que la mayoría de ellas deberían haber sido aceptadas. Vega se refirió principalmente a la tercera objeción de Colombia en el caso sobre la Plataforma Continental Extendida, a saber aquella que versaba sobre la cosa juzgada o res judicata.

 

Si bien suscribo la posición de ambos autores sobre esta última objeción, no puedo estar de acuerdo con el análisis de Díaz, y mucho menos con la conclusión a la que ambos llegan. Esta conclusion es errada porque se despreocupa de dos asuntos fundamentales. El primero es: ¿Cómo llegamos acá? El segundo es: ¿Qué pasa después de que Colombia no comparezca? Intentaré responder estas preguntas tras un breve análisis de los argumentos jurídicos que ambos autores presentan.

 

El supuesto recurso de la Academia al argumentum ad verecundiam y la Demanda del Pacto de Bogotá

En su texto, Díaz critica a algunos académicos colombianos por considerer errada la decisión de no seguir compareciendo, fustigando además al gobierno nacional por la demanda del Pacto de Bogotá y otros actos de continuo desafío al fallo de 2012. En particular, tanto el profesor Eduardo Barajas y el profesor Walter Arévalo de la Universidad del Rosario, así como Laura Gil, Carlos Arévalo y Andrés Molano han adelantado estos argumentos, ilustrando además las razones políticas que motivaron las actuaciones del gobierno. Díaz sostiene que los académicos colombianos erran en su interpretación poniendo excesivo crédito en las decisiones de la Corte por la única razón de estar compuesta de ilustres conocedores del Derecho Internacional. Aquello que, sin tanto latinazgo, llaman la falacia del argumento por autoridad.

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La Canciller María Ángela Holguín y el Presidente Juan Manuel Santos en alocución al país

 

Entonces ¿quién tiene razón? En mi humilde criterio, tiene razón la academia colombiana cuando califica la demanda al Pacto de Bogotá como innecesaria y artificiosa. Esto responde a una razón sencilla. Tanto la demanda – impetrada por el mismísimo Presidente de la República, máximo representante del Estado en asuntos internacionales – como la Sentencia C-269 de la Corte Constitucional parten de una premisa falsa: que los límites de Colombia fueron modificados por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 2012. Esta premisa es falsa por una razón sencilla. Desde 1969 a 2012, Colombia insistió en que efectivamente existía un límite entre nuestro país y Nicaragua, supuestamente consagrado en el acta de canje del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Colombia sabía bien que esta reclamación era una estrategia jurídica antes que un asunto de hecho. El ex-presidente Alfonso López Michelsen, quien fuera canciller en el momento en el cual se cristalizó la disputa, fue luego insistente en que debía suscribirse un tratado con Nicaragua para establecer una delimitación marítima, en atención a que el meridiano 82 no constituía límite alguno.

 

Ahora bien, esta reclamación nació de una declaración en el acta de canje que establecía “que el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que se menciona en la cláusula primera del tratado referido no se extiende al occidente del meridiano 82 de Grenwich.” Esta declaración fue en aquel momento exigida por Nicaragua como condición necesaria de la ratificación. Esto debido a que Nicaragua temía que Colombia quisiera reclamar soberanía sobre otras islas adyacentes a la costa nicaraguense que no eran mencionadas en el texto del tratado Esguerra-Bárcenas. Así pues, el meridiano servía como una suerte de barrera protectora para Nicaragua en contra de potenciales pretensiones futuras de Colombia. Nada más.

 

A esto se suma el hecho que en aquella época no existía siquiera el concepto de límite marítimo, toda vez que los conceptos de zona económica exclusiva y derechos sobre la plataforma continental surgieron décadas después. De esto se sigue que entre Colombia y Nicaragua nunca existió un límite hasta su establecimiento por la Corte en 2012. Así pues, en la ausencia de un límite a lo largo del meridiano 82 o con cualquier otro curso, el argumento del gobierno nacional y de la Corte Constitucional según el cual es necesario un tratado para implementar la sentencia del 2012 es falaz ya que no existía ningún límite previamente establecido para modificar.

 

Esta, como ya lo dijimos, no es una realidad que fue descubierta por el gobierno de Juan Manuel Santos sino un hecho ineluctable del que tenían plena conciencia 11 gobiernos consecutivos. ¿Qué otra caracterización puede entonces dársele a la demanda del Presidente sino la de temeraria y artificiosa? Lastimosamente, esta y otras actuaciones del gobierno nacional fueron tomadas por la Corte como la prueba de que sí existía entre Colombia y Nicaragua una disputa, como lo discutiremos más adelante. Como lo dijera el professor Walter Arévalo en días pasados, los errores de Colombia fueron politicos y no jurídicos y fueron en gran parte causantes de los fallos desfavorables que se dieron a conocer el mes pasado.

 

La existencia de la disputa

En el caso sobre Supuestas Violaciones a los Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (también conocido como NICOLC), Colombia argumentó que entre Colombia y Nicaragua no existía disputa alguna, que Colombia estaba plenamente comprometida a implementar el fallo del 2012 y que en ningún momento Colombia había descalificado la sentencia de la Corte. Adicionalmente adujo que las supuestas violaciones denunciadas por Nicaragua fueron comunicadas a la Cancillería colombiana más de 10 meses después de introducida la demanda, impidiendo que Colombia pudiera oponerse positivamente a estas reclamaciones, configurando así una disputa.

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Ciudadanos colombianos en una manifestación contra las decisiones de la CIJ

 

Es efectivamente cierto que la Corte en su jurisprudencia ha establecido el requerimiento de que, para que exista una disputa, debe existir una revindicación por una de las partes que sea objeto de “positive opposition” por la otra parte antes de la fecha crítica, a saber la introducción de la demanda ante la Corte.

También es cierto que la jurisprudencia de la Corte sobre la existencia de una disputa remonta a hace más de 90 años cuando, en su estudio del caso Mavrommatis, la Corte Permanente de Justicia Internacional determinó que una disputa es “un desacuerdo sobre un punto de hecho o de derecho, un conflicto de puntos de vista jurídicos o de intereses entre dos personas jurídicas”. En su sentencia sobre Interpretación de Tratados de Paz con Hungría, Bulgaria y Rumania la Corte explicitó más allá que lo importante para determinar la existencia de una disputa es que “las partes sostuvieran puntos de vista claramente opuestos frente al asunto de la ejecución o no ejecución de ciertas obligaciones internacionales”.  En su examen de la objeción de Colombia la Corte además recordó que su jurisprudencia en los casos Asuntos Relativos a la Obligación de Enjuiciar o Extraditar y Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial establece que “la existencia de una disputa es un asunto que debe ser objeto de determinación objetiva por la Corte” y que “la determinación de la Corte debe basarse en una examinación de los hechos. El asunto es de sustancia, no de forma.”

 

Este último punto es de gran importancia porque la defensa de Colombia en este asunto es meramente formal. Como Nicaragua no comunicó formalmente a Colombia que consideraba que sus derechos estaban siendo vulnerados, Colombia no reconoce que exista una disputa. Sin embargo, en su sentencia la Corte demuestra claramente que entre Colombia y Nicaragua sí existía en el momento de la demanda un desacuerdo sobre un punto de hecho o derecho y que las partes sostenían efectivamente puntos de vista claramente opuestos sobre la ejecución o no ejecución de las obligaciones internacionales derivadas de la Sentencia de 2012, conformándose así a la definición de disputa establecida por la jurisprudencia de la Corte.

 

Es sumamente desafortunado el comportamiento del Gobierno Nacional en los meses inmediatamente posteriores al fallo en el sentido en que sus actitudes desafiantes fueron tomadas por la Corte como prueba irrefutable de que efectivamente existía una reclamación colombiana, explicitada tras la reunión presidencial entre Juan Manuel Santos y Daniel Ortega en Diciembre de 2012, tras la cual el Presidente Santos dijo “ Continuaremos ¾ y esto se lo hemos dicho claramente al Presidente Ortega ¾  buscando el reestablecimiento de los derechos que esta Sentencia violó en un asunto grave para los colombianos”.  Así pues, Colombia, sosteniendo que le habían sido violados sus derechos y que además continuaría buscando su reestablecimiento, sostuvo una posición claramente opuesta a Nicaragua que, en cabeza del presidente Ortega dijo que “ entendemos la posición tomada por el Presidente Santos pero no podemos decir que estamos de acuerdo con la posición del Presidente Santos. Estamos de acuerdo que es necesario dialogar, estamos de acuerdo en que es necesario buscar alguna clase de acuerdo, tratado, como sea que queramos llamarlo, para implementar de manera harmoniosa la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia”. En ese momento fue Colombia quien extendió una reclamación que inmediatamente fue objeto de oposición positiva por parte de Nicaragua.

 

Posteriormente con el Decreto 1946, declarando la Zona Contigua Integral, Colombia reclamó, conforme al Derecho Internacional Consuetudinario, que todas las islas y cayos que le pertenencen en el Caribe Occidental tenían una zona contigua que se extendía a 24 millas náuticas a partir de sus líneas de base. Sin embargo el decreto también contenía una provision abiertamente illegal, que aquellos familiarizados con el caso denominan “la chimenea”. Si bien la declaración de las zonas contiguas de cada isla garantizaba que Colombia pudiera ejercer derechos sobre zona contigua desde los Cayos Este-Sudeste, al sur del Archipiélago hasta Serrana y Quitasueño al norte, no permitía una “integración” de Serranilla y Bajo Nuevo que se encuentran más al norte en nuestra Área de Régimen Común con Jamaica. Sin embargo, en el decreto 1946, Colombia además de declarar que sus islas efectivamente tenían zonas contiguas de conformidad con el Derecho Internacional Consuetudinario, declaró además que “estas (zonas contiguas) se unirán a la zona contigua de la isla de Serranilla por medio de líneas geodésicas que conservan la dirección del paralelo 14°59’08” N hasta el meridiano 79°56’00” W, y de allí hacia el norte”. Esta unión no sólo no tiene precedente o justificación alguna en el Derecho Internacional sino que, además, se encuentra integralmente en zonas marítimas que fueron asignadas a Nicaragua por la Sentencia de 2012. Esta reclamación colombiana fue también opuesta positivamente por Nicaragua por medio de declaraciones de su Presidente. Así pues, la defensa formal de Colombia, según la cual no existía disputa porque Nicaragua no envió comunicaciones diplomáticas oficiales para protestar nunca fue conforme con la jurisprudencia de la Corte y, sobre todo, nunca fue consistente con las realidades objetivas del caso.

 

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Zona contigua integral

 

La objeción ratione temporis, un “hail mary”

 En el fútbol Americano existe una jugada que únicamente es desplegada en una situación. El equipo que pierde y al cual se le está acabando el tiempo lanza un pase largo a la zona de gol, esperando que, por algún milagro, alguno de los integrantes del equipo logre atraparlo para evitar la derrota. Esta jugada se denomina el “hail mary” o ave maría, debido a su naturaleza desesperada y su poca probabilidad de éxito.

 

A pesar de la defensa de Díaz de esta objeción, lo cierto es que era posiblemente la más debil que Colombia presentó en este proceso. La objeción estaba sustentada en una interpretación a contrario del segundo párrafo del artículo LVI del Pacto de Bogotá que reza “La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo”. Colombia argumentó que del hecho que la denuncia no tuviera efecto sobre los procedimientos iniciados antes de la denuncia, necesariamente se seguía que sí tenía efecto sobre procedimientos iniciados posteriormente al aviso de la denuncia. Sin embargo, el primer párrafo del mismo artículo reza “El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios (…)”. El artículo XXXI, en el cual reside la competencia de la Corte en este caso reza “De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas (…)”.

 

Así pues, el lenguaje expreso del artículo XXXI obliga al reconocimiento de la competencia de la Corte “mientras esté vigente el presente tratado” y el primer párrafo del artículo LVI establece que el tratado “cesará en sus efectos para el denunciante” transcurrido un año después del aviso de denuncia. Colombia basó su interpretación en la teoría del effet utile o efecto útil, consagrada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que require que, dentro de lo posible, ninguna disposición de un tratado sea superflua. Sin embargo, este argumento se vencía a sí mismo por dos razones.

 

 En primer lugar, la teoría de Colombia suponía que dentro del año que transcurría entre la denuncia y el cese de los efectos del Tratado, no sólo cesaba la obligación de aceptar la jurisdicción de la Corte, sino también todas las obligaciones incluidas en los capítulos II, III, IV y V, a saber aquellas referentes a la mediación y buenos oficios, investigación y conciliación, arreglo judicial y arbitraje. Nicaragua señaló acertadamente que la interpretación de Colombia dejaría en vigor con algún efecto únicamente 6 de los 60 artículos que componen el Pacto durante el año posterior a la denuncia. En el entendido que el objeto del Pacto es la solución pacífica de controversias por medio del establecimiento de unos procedimientos específicos, y que la interpretación de Colombia remueve la obligación de recurrir a estos procedimientos, viola claramente el objeto y propósito del pacto.

En segundo lugar, la interpretación de Colombia que busca darle efecto útil al Segundo párrafo del artículo LVI priva como consecuencia al primer párrafo del artículo LVI de efecto útil. Esto en el sentido que el periodo entre el aviso de la denuncia y la extinción de los efectos jurídicos del Pacto no tendría efecto alguno si todas las obligaciones significativas se extinguen con el aviso de denuncia.

En ese sentido, era evidente desde mucho antes que la fe puesta por Colombia en esta objeción tenía tan poco sustento como la fe del jugador de fútbol americano en que el pase caería en los brazos de su compañero.

 

El caso de la plataforma continental

Ahora bien, en el caso sobre Asunto de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la Costa Nicaraguense (o NICOL B) los argumentos nacionales eran mucho más fuertes, y debo decir que suscribo en buena parte los argumentos de los dos autores previamente mencionados.

 

Jurídicamente no parece haber justificación para que una reclamación en la que hay identidad de partes, de causa y de objeto que ha sido decidida definitivamente sea admitida de nuevo en procedimientos nuevos. La reclamación de Nicaragua para que se delimitara la plataforma continental en donde hubiera superposiciones entre la plataforma continental extendida que ellos reclaman y la plataforma continental medida desde la costa colombiana es un ejemplo claro de una petición inadmisible por haber hecho trámite a cosa juzgada. Como hábilmente lo señalaron en sus opiniones los jueces Donoghue y Greenwood, sin embargo, en terminos estrictos solicitar una delimitación entre la plataforma continental nicaraguense y la plataforma continental a la que tiene derecho Colombia en virtud de su soberanía sobre el archipiélago es una reclamación nueva y, por tanto, no estaría bloqueada por res judicata.

 

Es cierto que ignorar el significado que siempre ha tenido la expresión “cannot uphold” como sinónimo de rechazo en la jurisprudencia de la Corte es incomprensible. Es cierto que es también difícil comprender cómo los jueces que votaron con la mayoría no atendieron el hecho de que el párrafo 129 de la Sentencia del 2012 decía claramente, en su versión francesa, que Nicaragua “n’ayant pas apporté la preuve”, es decir, no habiendo presentado la prueba, de que su plataforma continental se superponía a la plataforma continental colombiana, la Corte no pudo delimitar la plataforma continental donde no se había probado que existían derechos de ambos países.

 

Si bien esa falta de pruebas estaba intimamente ligada al hecho de que Nicaragua no había sometido a la Comisión de Naciones Unidas sobre los Límites de la Plataforma Continental, es claramente una equivocación camuflar el hecho de que Nicaragua no había cumplido con su carga de la prueba en su única oportunidad procesal para hacerlo como un requisito procesal no cumplido. Permitirle a Nicaragua un “segundo intento” para cumplir con la carga de la prueba viola la seguridad jurídica que está ligada a la finalidad de las sentencias de la Corte.

 

Todo esto es cierto. Sin embargo, la conclusion que de ahí sacan los defensores del gobierno es errónea. La tésis es que, como la Corte se equivocó, Colombia debería dejar de comparecer a modo de protesta. Sin embargo, no sólo esta protesta no tendra ningun rédito material, sino que además supone inmensos riesgos al interés nacional.

 

¿Por qué nos pasó lo que nos pasó?

 Muchas cosas se han dicho en Colombia sobre la Corte, desde la Sentencia de 2012. Que está “parcializada”, que el conocimiento jurídico de sus jueces (la mayoría de los cuales, valga decirlo, fueron elegidos con el voto de Colombia en la Asamblea General) es deficiente y hasta que, en una conspiración criminal de una magnitud sin precedentes, la juez Xue Hanqin negoció el fallo de 2012 con el embajador nicaraguënse Carlos Arguello, quien fuera su colega en su periodo como embajadora de China ante los Paises Bajos, y logró que todos los jueces de la Corte, incluyendo el juez ad hoc designado por Colombia, votaran como votaron.

 

Estas apreciaciones, que van desde la ignorancia hasta el absoluto ridículo, son muy ilustrativas de la razón por la cual Colombia ha sido “maltratada” por la Corte. Prima efectivamente lo que Eduardo Barajas denominó la “explosión del fervor nacionalista”, que consiste principalmente en nuestro caso, en la convicción que Colombia siempre tuvo la razón y que cualquier determinación que contraríe esa idea es una conspiración, un error o una manifestación de la mala fe. Ahora bien, mientras esa actitud resida exclusivamente en la prensa y el ciudadano del común, ese asunto es intrascendente. El problema es que tanto los partidos políticos como el gobierno nacional tomaron la oportunidad de adoptar esta actitud ante las providencias del tribunal internacional más importante del mundo para anotarse puntos politicos. Y aunque así hayan logrado, en el ámbito nacional, reunir apoyos, lo cierto es que tanto las declaraciones del Presidente como las de la Canciller comprometen al Estado, en tanto que son sus máximos representantes en la esfera internacional. Es esta circunstancia que tiene a Colombia respondiendo ante la Corte por incumplimiento. La disputa existe porque nuestras autoridades nacionales se plegaron a la voluntad de la opinion pública y las fuerzas políticas sin atender las consecuencias que de ello derivarían en el ámbito internacional.

 

Es probable también que el abierto desafío de Colombia a la Corte haya llevado a la determinación errada que tomaron sobre el asunto de la plataforma continental. Colombia ha hecho de la Corte una suerte de “enemigo” y esta actitud no es ajena a los jueces de la Corte. Aunque esto no sea más que conjetura, es posible que Colombia haya molestado a los jueces suficientemente para inclinar la balanza a favor de Nicaragua en ese caso.

 

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Después de la no comparencia ¿qué sigue?

 Si bien, como lo mencioné anteriormente, suscribo las reservas del equipo jurídico de Colombia y de los autores que se han referido con sorpresa a la decisión sobre el caso de Plataforma Continental, mis objeciones no versan sobre sus argumentos. Mis objeciones versan sobre lo que dejan de decir y sobre lo que dejan de considerar. Si bien simbólicamente no estaría mal que Colombia censure la posición que ha tomado la Corte en el tema de la Plataforma Continental, las consecuencias de este hecho pueden llegar a ser gravísimas.

 

Es decir ¿qué puede llegar a pasar? ¿A qué riesgos nos estamos sometiendo? El artículo 53 del Estatuto de la Corte regula la no comparecencia a los procedimientos. En su primer numeral el artículo reza así “1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”. Así, la Corte no solamente está facultada para seguir con el procedimiento de fondo, sino que también Nicaragua puede solicitar que se le otorguen sus pretensiones sin oir argumentos opuestos si esas pretensiones se encuentran conformes a los hechos y el derecho. Esto es lo que sucedió en el caso del Canal de Corfu, cuando Albania se negó a comparecer a las audiencias para determinar la compensación que le debería al Reino Unido. En ausencia de Albania, la Corte le otorgó la totalidad de sus pretensiones al Reino Unido.

Ahora bien, este precedente es en extremo preocupante porque el caso de Colombia no tiene antecedentes en los casos de no comparecencia. Este caso es distinto de los que han repetido a la saciedad los defensores del gobierno para justificar su decision (Jurisdicción de Pesquerías, Ensayos Nucleares, Personal Diplomático y Consular de Estados Unidas en Teherán, Actividades Militares y Paramilitares, y Plataforma Continental en el Mar Egeo) en dos sentidos. En primer lugar, todos los países que dejaron de comparecer en estos casos lo hicieron desde el inicio de los procedimientos. La estrategia de Colombia de presentar objeciones preliminares para luego no comparecer no tiene precedente en este asunto.

En segundo lugar, todos estos casos, exceptuando el de Plataforma Continental en el Mar Egeo, tenían implicaciones más bien sencillas y cuyo incumplimiento resultaba intrascendente. El caso del mar Egeo fue desechado por falta de jurisdicción. El caso de la Plataforma Continental versa sobre derechos soberanos colombianos, que son de vital importancia y cuya pérdida sería lesiva para el interés nacional.

Así pues, Colombia puede enviar un libro blanco, un contra-memorial u otros documentos a la Corte, pero lo cierto es que la no comparecencia corresponde a grandes trazos a la renuncia al derecho de defensa. Esto crea una inmensa paradoja. Para aparentar que el gobierno nacional defiende a capa y espada el territorio nacional y los derechos soberanos en el ámbito interno, renuncia a defenderse en el ámbito internacional. Como ya lo explicamos, la Corte puede acordarle todas (o algunas de) sus pretensiones a Nicaragua si así lo desea en ausencia de Colombia. En el caso de la Plataforma Continental, esto llevaría a que Nicaragua ostente un título jurídico válido sobre porciones de la Plataforma Continental que revindicamos como propias. Y en ese caso, la única posible salida política sería el desacato e incumplimiento de esa providencia. El gobierno nacional le miente al país cuando dice que no comparecencia no significa desacato. El desacato es la consecuencia natural de la no comparecencia en caso de que exista una decisión desfavorable.

Pero los problemas de Colombia no se detendrían aquí. En caso de que la Corte decida otorgar a Nicaragua una porción de la plataforma continental que Colombia considera propia, Nicaragua podría legalmente otorgar en esos lugares concesiones petrolíferas y explotar el lecho marino como le plazca. En caso de que Colombia proteste o, peor aún, tome vías de hecho, no tendría fundamento legal alguno para hacerlo. En caso de que Colombia quisiera impedir la explotación de estas zonas patrullando u ocupando la zona con la Armada, se expondría a ser sujeto de los mecanismos de ejecutoriedad de las providencias de la Corte.

Cabe resaltar que la ejecutoriedad de estas providencias es responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin mencionar que es el mismo organo que deberá, supuestamente, verificar las condiciones del fin del conflicto, el Consejo de Seguridad está facultado para imponer sanciones políticas y económicas (y hasta recurrir al uso de la fuerza) a Estados que supongan una amenaza a la paz y estabilidad mundial. Esto nunca ha sucedido antes, especialmente porque los casos de desacato a providencias de la CIJ contienen obligaciones que no son particularmente importantes para mantener la paz y la estabilidad y, porque buena parte de los casos de desacato corresponden a controversias que los miembros permanentes del Consejo sostienen con otros Estados. Sin embargo, el caso de Colombia y Nicaragua sobre plataforma continental podría imponer a Colombia obligaciones que incluyan el respeto a la soberanía de Nicaragua sobre zonas marítimas que revindica como propias.

En otras palabras, la Corte podría “entregarle” a Nicaragua parte de las zonas en las que Colombia ejerce derechos soberanos y, de tomar medidas en contra de la materialización de esta “entrega”, Colombia podría ser objeto de sanciones internacionales (que pueden incluir la prohibición de vender armas, municiones y cualquier otro material militar, incluyendo los repuestos para helicopteros y aviones que han sido vitales en la lucha contra el narcotráfico, las guerrillas y las bandas criminales), embargo económico y, aunque esto es muy poco probable, el despliegue de la fuerza.

En ese sentido, la decision de no comparecer puede llegar a tener gravísimas consecuencias para el país, y no presenta ninguna ventaja clara en terminos pragmáticos. Si bien es importante que Colombia manifieste su desacuerdo con la decisión, es aún más importante que defienda los intereses esenciales del Estado en un proceso que pinta muy bien en el fondo. No hacerlo por doblarse a la opinion pública y a la presión política sería tremendamente irresponsable y podría tener consecuencias cuya gravedad apenas podemos alcanzar a dimensionar.

 

La alternativa del gobierno: la negociación del tratado

El camino que ha propuesto el gobierno para dar por terminada la controversia con Nicaragua, en ausencia del mecanismo de la CIJ, es el de la suscripción de un tratado con Nicaragua que delimite definitivamente nuestras zonas marítimas y derechos sobre plataforma continental. Mientras esto puede llegar a ser el único camino que evite consecuencias graves de la no comparecencia, al evitar que la Corte tome determinaciones lesivas para Colombia en su ausencia, tampoco pinta muy bien por dos razones.

La primera es que la actitud de Colombia frente al tratado es una de “recuperación de derechos violados”. Es decir, Colombia ha pretendido todos estos años sentarse a negociar con Nicaragua una delimitación más favorable que aquella definida por la Corte en 2012, y además imponer condiciones respecto a la pesca, la protección ambiental, etc.

Estas pretensiones no son más que una fantasía. Nicaragua no tiene razones para ceder absolutamente nada de lo que se le otorgó en el 2012. La sentencia de la Corte equivale a un título jurídico cuya validez es indiscutible sobre las aguas ahí concernidas. Pensar que vamos a lograr “renegociar” el fallo de 2012 es presumir la incompetencia del cuerpo diplomático nicaragüense  que, francamente, en este asunto nos ha llevado desde hace décadas un paso de ventaja. Si Colombia quiere verdaderamente suscribir un tratado de límites con Nicaragua, tendrá que aceptar que el tratado sea sencillamente un instrumento que ratifique, punto por punto, lo expresado por la sentencia de 2012, con algunas añadiduras sobre asuntos no tocados por esa providencia.

El segundo problema es que, tras la decisión sobre el caso de la plataforma continental, aún esto puede resultar muy difícil para Colombia. ¿Qué incentivos tiene Nicaragua para suscribir un tratado que cierre la discusión sobre la plataforma continental como lo hizo la Corte en 2012? La entrada de este caso a la etapa de fondo le da a Nicaragua la posibilidad de lograr que se le adjudiquen zonas de plataforma continental más allá de aquellas delimitadas en 2012 y que pueden llegar a incluir porciones de la plataforma continental que Colombia reclama hasta 200 millas náuticas de su costa Caribe. En este sentido, suscribir el tratado con las condiciones del fallo anterior será todo un logro para Colombia cuando Nicaragua puede vislumbrar aún más ganancias territoriales en el futuro cercano. Existe la posibilidad de que para lograr un acuerdo con Nicaragua tengamos que someternos a condiciones peores que las del fallo de 2012 para así darle a Nicaragua incentivos suficientes para cesar en su causa ante la Corte.

Es por todas estas razones que considero que estamos hoy en riesgo de perder lo que ganamos con el fallo de 2012, que no hemos sabido entender y apreciar. Espero sinceramente que el gobierno nacional se detenga a reconsiderar detenidamente su curso de acción y decida comparecer en ambos casos. En estos asuntos es de tremenda importancia dejar de guiarnos por las voces de abogados internacionalistas exclusivamente preocupados por el derecho y de políticos y polítologos exclusivamente preocupados por el orden interno. Es tiempo de escuchar a los estudiosos de la política internacional. Esta es la única manera en la que Colombia podrá defenderse adecuadamente de los constantes embates de Nicaragua.

 

 

 

 

 

 

 

 

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