La Frontera Colombo-Venezolana: Una Crisis Humanitaria Aún Latente

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Por Carolina Betancourt Maldonado, estudiante de Derecho de la Universidad de La Sabana

 

Actualmente una parte importante de la atención mundial está centrada en la crisis humanitaria de inmigrantes y refugiados que se vive en Europa a causa de la guerra civil en Siria y que ha tomado mayor gravedad con los ataques del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS o Daesh). Sin embargo, y aunque con importantes diferencias, esta realidad no está tan alejada de nosotros. Si bien el mismo éxodo se ha presentado por causas y con magnitudes distintas, no hace falta ir a otro continente -ni siquiera a otro país- para ser testigos y hasta víctimas de una crisis que aunque no tiene las mismas dimensiones, sí involucra desplazamientos masivos de personas (nacionales colombianos y venezolanos) y numerosas violaciones a los Derechos Humanos.

 

Desde el día 22 de agosto de 2015 el mundo ha sido testigo de las deportaciones masivas de colombianos que el Gobierno de Venezuela ha realizado como desarrollo de la operación “Liberación del Pueblo”, con fundamento en la precaria situación social que dicho país atraviesa actualmente. Esta crisis involucra aspectos económicos, políticos y de seguridad, problemas que a fin de cuentas son internos y que con una buena administración de políticas públicas podrían ser erradicados o al menos mitigados.

Todo inició el 19 de agosto, cuando dos hombres miembros de las FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) que estaban participando en una operación anti-contrabando fueron heridos por presuntos miembros de grupos paramilitares colombianos. Inmediatamente el gobierno venezolano decretó el cierre de la frontera con Colombia durante 72 horas. Subsiguientemente, se publicó el decreto de “estado de excepción” y cierre de fronteras indefinidos en varios de los municipios pertenecientes a los estados venezolanos limítrofes con Colombia, que posteriormente fueron prorrogados.

El gobierno venezolano, en sus múltiples intervenciones, ha culpado exclusivamente a los nacionales colombianos de ser la causa de algunos inconvenientes sociales actuales en territorio venezolano, como los son el paramilitarismo, la prostitución y el tráfico de droga. Se trata de situaciones problemáticas internas desarrolladas a lo largo y ancho del territorio de ese país, pero sin duda alguna, con mayor fuerza en la zona fronteriza colombo-venezolana.

Como solución a estos problemas, en un primer momento el gobierno venezolano tomó la determinación de realizar la deportación masiva de más de 1.100 nacionales colombianos, alegando que éstos eran los principales promotores de todas las actividades ilícitas e inmorales ya mencionadas. Dichas deportaciones masivas, además de incluir la movilización forzosa, abarcaron también destrucciones de hogares, separación de familias, abuso de autoridades militares y una clara y evidente discriminación a causa de la nacionalidad de los seres humanos víctimas de todos estos atropellos.

De esta manera, en el presente artículo se argumentará que esta medida política y gubernamental es, desde su más profunda esencia y desde su última causa, completamente contraria al Derecho Internacional: es una medida ilegítima e ilegal.

Además de las deportaciones masivas, y los cierres fronterizos, se conocieron declaraciones de violaciones al espacio aéreo colombiano en repetidas ocasiones por parte de aviones pertenecientes a las fuerzas militares venezolanas, cruce de tropas y además, nacionales colombianos y venezolanos interpusieron denuncias sobre abusos y maltratos que presuntamente cometieron los miembros de las fuerzas armadas de Venezuela.

Dentro de los acontecimientos más trascendentales en el desarrollo de esta crisis se tienen los siguientes: las reuniones entre las cancilleres de los dos países; el acuerdo de permiso a la Defensoría del Pueblo Colombiana de entrar a territorio Venezolano para ayudar a los colombianos expulsados a recolectar sus pertenencias (acuerdo que posteriormente fue incumplido, pues el gobierno venezolano nunca autorizó la entrada del Defensor del pueblo);  el llamado a consultas a los embajadores de ambos países por parte de los dos gobiernos; la decisión de la no intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la organización de una reunión especial entre las cancilleres de Venezuela y Colombia; la apertura de un corredor humanitario que ha permitido a niños asistir a clases; la apertura de la frontera con horarios definidos para paso de tráfico pesado; la decisión de Colombia de otorgar nacionalidad a venezolanos que tienen familias deportadas; la creación de comisiones entre Venezuela y Colombia para proteger los derechos de los expulsados; las misiones humanitarias que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el reconocimiento de la crisis humanitaria que realizó la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Igualmente, se debe mencionar el acuerdo sobre 7 puntos al que llegaron los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos el 21 de septiembre de 2015. La decisión conjunta comprendió el retorno de los embajadores correspondientes a ambos países, fortalecer el diálogo bilateral, emprender trabajo conjunto, investigación de la situación fronteriza, reunión de los ministros de los dos gobiernos para discutir cuestiones críticas, y la progresiva normalización de las zonas fronterizas.

Actualmente, el corredor humanitario continúa funcionando, el paso a trasporte de carga pesada es permitido a ciertas horas del día, pero la frontera permanece cerrada.

Sin necesidad de analizar cada punto convenido, cada decisión tomada y cada acción realizada con mayor profundidad, surgen las preguntas: ¿qué pasa con las violaciones a derechos humanos que se dieron, se dan y muy probablemente se continuarán dado? ¿Deben pues las víctimas, sacrificar su derecho a la justicia permitiendo que dichas violaciones se sigan perpetuando? ¿En dónde queda la responsabilidad internacional de los Estados? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante situaciones como esta?

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Venezuela

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Sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En 1969 los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Este acuerdo instaló dos órganos que velan por la protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)  es un órgano judicial autónomo que tiene función jurisdiccional y consultiva, y su objetivo es interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada en 1959 pero instalada en 1979, es una institución principal y autónoma que se encarga de la protección y promoción de los derechos humanos en América, sin función jurisdiccional, que se desenvuelve con base en el monitoreo de los derechos humanos en los Estados Miembro y en el Sistema de Petición Individual.

Algunos de los instrumentos del Sistema interamericano son los Estatutos de la Comisión y Corte de Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y su Protocolo Adicional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), entre otros.

Por su parte, el 10 de septiembre de 2013, Venezuela retiró formalmente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto ya no hace parte de ese sistema judicial. Esta situación tuvo inicio en el último año de gobierno del el ex presidente Hugo Chávez, pues fue este quien originalmente denunció la CADH. El argumento principal de Hugo Chávez fue la conspiración, el favorecimiento y la parcialización política de dicho organismo, pues según el gobierno venezolano la CorteIDH nunca respondió sus interrogantes sobre violaciones a derechos humanos importantes, como las son las ocurridas en el Caracazo pero sí cuestionó proyectos de ley de cooperación e información.

Nicolás Maduro, seguidor de Chávez y actual presidente de Venezuela, reafirmó la decisión de su predecesor. Esto deja a Venezuela como uno de los pocos países del continente que desconoce la competencia de la Corte, junto con Estados Unidos y Canadá.

 

Migrantes, expulsiones y deportaciones en la jurisprudencia de la Corte IDH   


La Corte IDH a lo largo de su jurisprudencia ha establecido reglas para que lo Estados puedan llevar a cabo deportaciones y expulsiones de manera justificada. Se han instaurado parámetros básicos para que cada país ejerza su derecho autónomo de crear políticas migratorias. Todas estas reglas se basan especialmente en prohibiciones y garantías para todas aquellas personas que están envueltas en dichos procesos.

En primer lugar es muy importante resaltar la autonomía, independencia y obligación que tienen los Estados de establecer sus políticas migratorias protegiendo siempre los derechos humanos. En la Opinión Consultiva OC- 018 de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos (ver http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf), la Corte IDH ha dicho que “los objetivos de las políticas migratorias deben tener presente el respeto por los derechos humanos. Además, dichas políticas migratorias deben ejecutarse con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Como ya se señaló […], las distinciones que los Estados establezcan deben ser objetivas, proporcionales y razonables.”. Además, continúa la misma Sentencia, “en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, es lícito que los Estados establezcan medidas atinentes al ingreso, permanencia o salida de personas migrantes […]”. Finalmente, “ la Corte considera que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.”

Dicho esto, queda clara la doble función que tienen los Estados, por un lado de establecer políticas migratorias y por otro, de respetar siempre los derechos humanos. También se ha establecido la primacía de los principios sobre las políticas públicas; es decir, si aplicamos esto al caso colombo- venezolano, ambos países son autónomos en el establecimiento de sus políticas de migración y de seguridad, pero lo que no se puede hacer es discriminar a ciertos ciudadanos en la búsqueda de la consecución de los objetivos de esas políticas. En otras palabras, Venezuela no puede discriminar a los nacionales colombianos como solución a un problema de seguridad pública.

Tanto la Convención Americana como la Corte se han empeñado en proteger los derechos de los seres humanos sobre los cuales se llevará a cabo el proceso de deportación, dentro de los que se encuentra que los procesos de expulsión de extranjeros son siempre individuales, por lo que se debe analizar las condiciones de cada caso aislado. La decisión de deportar a un individuo debe ser particular, debe cumplir un fin legítimo utilizando medidas idóneas, necesarias y proporcionadas. Además, se hace imperativo que dicha medida que claramente restringe el derecho a la libertad personal obedezca a causas auténticas, razonables y esté acorde con las condiciones mínimas establecidas en las constituciones políticas y las leyes de los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales.

 

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Prueba de estos lineamientos jurisprudenciales son los casos de 1) Nadege Dorema y otros vs. República Dominicana, 2) Familia Pacheco Tineo vs. El Estado Plurinacional de Bolivia y en especial, el caso de 3) Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

En el caso de Nadege Dorema y otros vs. República Dominicana, en octubre de 2012 la CIDH sometió a conocimiento de la CorteIDH el caso, argumentando el uso excesivo de la fuerza de militares en contra de un grupo de nacionales haitianos en los que siete personas perdieron la vida. Los sobrevivientes y los fallecidos fueron víctimas del desconocimiento a su protección judicial y a las garantías judiciales, pues fueron expulsados sin hacer efectivos dichos derechos. La justicia doméstica militar dominicana absolvió a los militares. Entre las decisiones que tomó la CorteIDH en el presente caso, se declaró la responsabilidad internacional de República Dominicana, y se ordenó reparaciones y adecuación de la ley interna en lo que respecta al uso de la fuerza (click acá).

Tal y como ocurrió en el caso colombo-venezolano actual, al igual que República Dominicana, el gobierno bolivariano desconoció el derecho de los colombianos a la protección judicial y a las garantías judiciales, y de forma casi idéntica, sólo se procedió a la expulsión de dichas personas con el fundamento de ser promover actividades ilícitas, sin tener ellas siquiera una actuación judicial individual, en donde se les hiciera efectivo su derecho al debido proceso.

El caso Familia Pacheco Tineo vs. El Estado Plurinacional de Bolivia, de noviembre de 2013, tiene sus hechos objeto de conocimiento en la expulsión de los miembros de la familia Pacheco Tineo de territorio boliviano, una vez sus autoridades determinaron que ni siquiera considerarían su solicitud de asilo después de que estos estuvieran en situación de migrantes irregulares, mientras realizaron todos los trámites administrativos que terminaron en su efectiva expulsión a su país de origen, Perú.  La Cote IDH decretó la responsabilidad internacional, y ordenó investigar los hechos al estado de Bolivia y además las reparaciones concernientes a las víctimas demandantes (click acá).

Este caso se diferencia de la situación colombiana actual en cuanto los colombianos expulsados no solicitaron asilo al gobierno Venezolano y, además, no todas las personas que fueron expulsadas se encontraban con estatus migratorio ilegal. No obstante, en ambas situaciones ocurrió el mismo fenómeno, una expulsión colectiva que no garantizó los derechos de estas personas. Si bien en el caso contra de Bolivia sólo se trataba de una familia, todos y cada uno de sus miembros tenían derecho  ser procesos de manera individual con todas las garantías judiciales que establecen tanto los ordenamientos internos como los internacionales.

Po último, el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana en agosto de 2014 es el más reciente. En esta oportunidad, varias familias compuestas por miembros haitianos y dominicanos, sin recibir el debido proceso fueron detenidas, expulsadas y transportadas de territorio de República Dominicana a Haití. Además, algunos fueron acusados de falsedad en documentos. Todos estos hechos implicaron la separación de familias, la violación al derecho de libertad de movilidad y residencia, desconocimiento de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. La Cote IDH declaró la responsabilidad internacional de República Dominicana, pronunciándose sobre la mayoría de peticiones (excepto sobre las violaciones al derecho de integridad personal y propiedad privada). Asimismo, la Corte IDH estableció que en República Dominicana se dio un proceso sistemático de expulsiones en actos colectivos, que por lo tanto dejaron de lado el análisis y estudio individualizado de cada caso lo que conlleva a una discriminación hacia las personas procedentes de Haití. (click acá).

Se puede afirmar que este es el caso que más guarda cercanía con la crisis colombiana. En primera instancia se trata de una multiplicidad de sujetos expulsados; en segundo lugar, varias de las personas expulsadas fueron acusas de actos delictivos; y en tercera medida, reiteradamente con los casos anteriores, se desconoció el principio de individualidad en los casos de deportaciones y expulsiones, lo que conlleva a una evidente violación de los derechos de quienes fueron expulsados.

Todos estos casos son prueba de las garantías que se tienen que asegurar a las personas durante los procesos de expulsión y deportación, especialmente los derechos a la igualdad, al debido proceso individual y a la protección judicial. Estos fallos hacen especial énfasis en la prohibición e improcedencia de las expulsiones colectivas de extranjeros establecida en el artículo 22.9 de la Convención Americana. Además, reiteran también la individualidad de esa tipología de procesos y establece que el carácter de “colectivo” de una expulsión o deportación siempre lo dará el número de extranjeros sobre los que estos se refieran. Asimismo reiteran el derecho de las personas a recibir asilo y la protección internacional que tienen los refugiados, asilados o solicitantes.

Es preciso y necesario entonces, ahondar en la diferencia entre expulsar y deportar. Las deportaciones son actos legítimos y soberanos que realizan los Estados a personas que se encuentran en sus territorios de manera irregular, es decir, que no cumplen todos los requisitos legales y que por tanto violan en régimen migratorio del país en donde se encuentran. Por otro lado, las expulsiones son los actos de desahuciar a residentes de un país, aun cuando estos lo sean de manera legal. Ahora bien, al ser estos dos actos diferentes, los mecanismos judiciales y legales de tratamiento son igualmente distintos. Por un lado, frente a las deportaciones se deben garantizar los derechos de las personas, en especial, y como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, el derecho al debido proceso individual y a la protección judicial. Sin embargo, frente a las expulsiones, tanto el país de origen de los extranjeros expulsados, como la comunidad internacional deben exigir el cese inmediato de estas, pues generalmente estos hechos siempre conllevan violaciones graves e inminentes a los derechos humanos. (ver: Arévalo, Expulsar no es Deportar).

También se hace imperativo establecer las diferencias entre las calidades de migrante, inmigrante y emigrante. Según la Opinión Consultiva OC- 018 de 2003 ya anteriormente mencionada, migrante es el término genérico que abarca tanto a los inmigrantes como a los emigrantes. Las personas que llegan a un país con la intención de permanecer y residir en él son los inmigrantes. Por su lado, los emigrantes son las personas que abandonan un país con el propósito de establecerse en otro. Como ya se ha visto, a nivel fáctico el caso de Venezuela y Colombia guarda muchas similitudes con los casos que han sido conocidos por la Corte IDH. Sin embargo, y como ya se dijo, en esta ocasión la CorteIDH no tendría competencia con lo que no se le podría establecer responsabilidad internacional a Venezuela y, como consecuencia, no habría lugar ni a sanciones para Venezuela, ni a reparaciones a favor de las víctimas.

Con todo esto quedan en evidencia las miles de violaciones de derechos humanos que ha cometido Venezuela hasta el día de hoy a nacionales colombianos bajo la cortina de humo del conocido estado de excepción. Estas personas deportadas y expulsadas fueron separadas de sus familias y propiedades, y no se les garantizó el derecho al debido proceso así como también se obviaron sus garantías judiciales. Todo esto supone un atentado inminente al principio de igualdad, igualdad que se predica sobe todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo o nacionalidad.

 

Dicho esto, ¿debe el Derecho sacrificar la responsabilidad internacional en este caso a cuenta de que no existe un órgano competente para conocer del mismo? Y si bien parece, hasta el momento, que la situación sigue igual, ¿quién le garantiza al mundo que dicha situación o incluso otras violaciones a derecho internacional no se presentarán en el futuro, puesto que Venezuela retiró su jurisdicción de uno de los órganos judiciales internacionales más importantes como la Corte IDH?

No obstante la imposibilidad de acudir ante la Corte IDH, existen otros instrumentos que son vigilados por organismos de Derecho Internacional y que podrían ayudar a dar una solución jurídico-política que busque garantizar la reparación a las víctimas  y sobre todo la no repetición de los hechos. Instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por Venezuela (es decir, con fuerza vinculante). En el Sistema de Las Naciones Unidas se tiene La Declaración Universal de Derecho Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su Protocolo Facultativo, instrumentos que reconocen el derecho a la igualdad y al debido proceso. Y en el Sistema Americano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la justicia (sobre todo en materia penal).

Dada la realidad actual, es imposible encontrar respuestas a los interrogantes anteriores.  Evidentemente todas las personas expulsadas y deportadas de Venezuela, sean colombianos o no, no tienen por qué ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, violaciones que de alguna manera son “permitidas” dada la inexistencia de un órgano judicial internacional competente que pueda conocer del caso. Así pues, el mundo jurídico tampoco debe sacrificar el régimen responsabilidad internacional que con tanto esfuerzo y contribución de los estados se ha logrado construir. Si bien es cierto que el consentimiento -como reflejo de la autonomía y voluntad de los estados- es uno de los pilares más fuertes sobre los cuales se construye el Derecho Internacional, hay que distinguir el estrecho límite entre consentimiento, autonomía y voluntad de no cooperación.

Así pues cabe preguntarse: ¿hasta qué punto la falta de concientización y cooperación internacional de algunos estados, como lo es el caso de Venezuela, se convierte en una falsa legitimación que sirve para excusar la violación de derechos humanos? Y si no hay un órgano internacional competente que pueda castigar dichas conductas, y la realización de dichos actos cuando son un medio para obtener los fines e intereses del gobierno de turno, ¿qué impide a los estados no cometerlos?

Hoy, aunque parece que todos se han olvidado de esta situación, con más de 23.000 personas entre deportadas y retornadas por miedo a represalias, y más de 10 meses con la frontera Colombo- Venezolana cerrada, indiscutiblemente la formulación de todas las preguntas anteriores y la falta de respuestas deja una brecha tan ancha como larga a la pregunta: ¿hasta cuándo los ciudadanos venezolanos y no venezolanos tendrán que seguir aguantando las violaciones a sus derechos? ¿Hasta cuándo la solución de los  conflictos internacionales en los que se ve envuelto dicho país, especialmente con Colombia, dejará de ser usada como cortina de humo política a la luz de intereses gubernamentales?

En tanto no se hallen respuestas coherentes y legítimas a todos los cuestionamientos previos, Latinoamérica corre el riesgo de que en un futuro no sólo sean dos los países involucrados, cien las preguntas sin respuesta, y miles las violaciones a derechos humanos. Sin la cooperación internacional de los estados respecto a la jurisdicción de órganos judiciales internacionales y al reconocimiento legal y legítimo de instrumentos internacionales, estas cifras indudablemente se multiplicarán.

Por ahora, en lo que al caso colombo-venezolano se refiere, la solución radica en la diplomacia y cooperación de ambos gobiernos y en la ayuda que puedan brindar organizaciones internacionales Con esperanza, será una diplomacia que respete y promueva los derechos humanos, y que además, busque métodos y sistemas de reparación a todas las víctimas.

 

 

 

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