La Controversia territorial entre Venezuela y Guyana: problemas coloniales vigentes

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Por: Alejandro Ronderos Abuchaibe[1]

 ***

Actualmente, al hablar de Venezuela solo pensamos en el desabastecimiento, la crisis económica, política y social que está sufriendo el país, pero las noticias no prestan atención ni relevancia a sus problemas jurídicos internacionales, algunos de los cuales tienen más de dos siglos de antigüedad y sobre los cuales Venezuela efectivamente tiene derechos legítimos. Como siempre en la débil lucha latinoamericana por una independencia autóctona, política, económica y social, esta fue vulnerada, manipulada y descartada “legalmente” por los intereses coloniales. Hoy, en la propia composición geográfica y territorial de Guyana, todavía se ven los restos de expresiones coloniales que robaron parte del territorio a Venezuela, generando una controversia que continua vigente hoy en día y que desafortunadamente, quienes la iniciaron, no son quienes van a responder.

El presente artículo tiene por objeto realizar un recuento histórico de las cuestiones fácticas y jurídicas que preceden la disputa territorial entre la República de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, buscando hacer un análisis de los argumentos y pretensiones de las partes, así como prever un fallo de la Corte Internacional de Justicia frente al tema. La relevancia de esta disputa territorial vuelve a llamar la atención debido a que el 27 de febrero de 2017, el Secretario General de la ONU, António Guterres, eligió a Mr. Dag Havland Nylander como su representante personal para resolver el proceso de buenos oficios entre Guyana y Venezuela, pero este podría ser el último buen oficiante asignado para el caso. El 16 de diciembre de 2016 el secretario general Ban Ki-moon declaró que, si a finales del 2017 no se ha generado “un avance significativo”, el secretario general de las Naciones Unidas llevará el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) a menos que los gobiernos pidan continuar con el procedimiento de los buenos oficios y se decidan a solucionar sus diferencias. Esta información fue confirmada por el ministerio de asuntos exteriores de la República Cooperativa de Guyana el 28 de febrero de 2017 a través de su sitio de internet oficial.

La obtención del título territorial para Guyana representa estabilidad de soberanía y desarrollo, pero para Venezuela puede representar un salvavidas a la crisis.

 

Territorio en disputa

La disputa territorial entre los dos países se enfoca sobre el espacio geográfico que se encuentra al oeste del río Esequibo, territorio denominado Guyana Esequiba. Este territorio representa hoy en día alrededor de 60% del espacio territorial de Guyana. La extensión geográfica en reclamación por parte de Venezuela tiene una baja densidad poblacional, pero abundancia en recursos naturales y biodiversidad. La obtención de un título territorial sobre este espacio proporcionará a su titular extenso provecho sobre el mar territorial, sobre la zona económica exclusiva, así como la explotación de recursos del subsuelo de la plataforma continental.

Hechos históricos y de derecho

España fue la primera en llegar a Guyana en 1499, momento desde el cual fue reconocida por los demás imperios de Europa como única poseedora. Primero, gracias al título territorial obtenido debido al descubrimiento (para los europeos), y segundo, a la ocupación efectiva del territorio siguiendo los lineamientos de la sentencia que sería promulgada años después por la Corte Internacional de Justicia, Isla de Palmas en 1928. En el siglo XVII, España cedió el territorio a Países Bajos a través del Tratado de Münster en 1648, donde también se le prohibió a este último una expansión territorial por fuera de los límites señalados. En esta época no había ningún tipo de asentamiento holandés al oeste del río Esequibo y cuando estos comenzaron a aparecer, España los consideró como ocupaciones ilegales en violación al tratado. En documentos presentados ante el tribunal de arbitramento se dice que “…el descubrimiento y la ocupación establecieron y perfeccionaron el título originario de España a toda la Guayana, que por el Tratado de Münster, al acabar la Guerra de los Treinta años, España confirmó el título de los holandeses a los lugares que ellos tenían y poseían en la fecha del Tratado […] el más occidental de los lugares así tenidos y poseídos era la Isla de Kykoveral, a la cual sólo se obtenía acceso desde el mar por el río Esequibo; que por tanto, el rio Esequibo con dicha Isla forma el límite occidental de los territorios holandeses en aquel período”(De Rojas, José M. Agente de Venezuela ante el Tribunal de Arbitramento, 15 de diciembre de 1898).

En 1803 el Reino-Unido (en adelante RU) tomó control militar de Esequibo hasta el 13 de agosto de 1814, año en el que, a través del Tratado de Londres, los Países Bajos cedieron Esequibo a favor del RU, territorio que sería llamado Guyana Británica. Al momento de la cesión de derechos entre los colonizadores europeos, los derechos de los Países Bajos no habían cambiado desde lo establecido en el Tratado de Münster y el río Esequibo era considerado todavía como límite occidental de su colonia, cuyo punto máximo era la isla Kykoveral.

El 28 de mayo de 1811 Simón Bolívar por primera vez consagra en el Tratado de Bogotá el principio de derecho internacional de Uti Possidetis iuris[i], es decir “como poseéis de acuerdo al derecho, así continuarás poseyendo”. Este principio tenía un doble objeto según el cual, por un lado, buscaba preservar las fronteras del antiguo imperio español para evitar conflictos entre los nacientes estados americanos y por el otro, buscaba evitar nuevas invasiones o pretensiones ilegales de tierra en el continente americano por los demás imperios colonizadores[2]. La relevancia de este principio radica en que, al momento de declararse la independencia de Venezuela en 1811, sin importar que la cesión formal de derechos de la corona española a Venezuela se realizará el 30 marzo de 1845 por medio del Tratado Definitivo de Paz y Reconocimiento, todos los límites fronterizos de la colonia y los territorios comprendidos al interior de ellos, pasaron de forma automática a ser parte del nuevo Estado independiente. En el tratado de 1845, el articulo II estableció “En consecuencia de esta renuncia y cesión Su Majestad reconoce á la República de Venezuela como Nación libre, soberana é independiente, compuesta de las provincias y territorios mencionados en su Constitución y otras leyes posteriores, á saber: […] Guayana” (De Rojas, José M. Agente de Venezuela ante el Tribunal de Arbitramento, 15 de diciembre de 1898).

El momento histórico en el cual surge la controversia entre las partes inicia en 1940 cuando, interesados por saber los límites de su colonia, el RU envío a Robert Hermann Schomburgk a hacer un estudio fronterizo. El prusiano enviado por RU realizó un mapa de la Guyana Británica sin respetar los límites históricamente mantenidos con España, trazando una nueva línea fronteriza, la cual integró a la colonia un territorio igual o más grande al que el RU poseía legítimamente. Esta nueva delimitación se llamó la “Línea Schomburgk” original. Desde esta época la República de Venezuela protestó el límite establecido por el Royal Geographical Society de Londres y por el Colonial Office, pero el gobierno de RU, influenciado por las compañías mineras e intereses privados, fue modificando la “línea Schomburgk” original, incluyendo dentro de su territorio nuevas áreas pertenecientes a Venezuela, sin mostrar una verdadera convicción de pretensión territorial constante y seria. Por su parte, Venezuela siempre ha mantenido su pretensión territorial a lo establecido por España en el Tratado de Münster de 1648. Las modificaciones de la “línea Schomburgk” original se pueden apreciar claramente en el mapa publicado por el Scottish Geographical Magazine en 1896 donde se ve la “Extended Schomburgk line” modificada en 1875 y la “Extreme Boundary claimed by Great Britain” [ii].

Laudo Arbitral de París – 1899

Venezuela, preocupada por las pretensiones de RU, convencida de sus títulos jurídicos sobre el territorio y dispuesta a solucionar la controversia de forma pacífica, convoca a los Estados Unidos de América (en adelante EUA) para ayudarlo a defender sus pretensiones, ya que estos últimos se encontraban aparentemente dispuestos a defender los intereses de los nacientes estados americanos, así como rechazar las invasiones coloniales según su política exterior de la época denominada la “doctrina Monroe”. Así, bajo la ayuda de EUA, se formó un tribunal de arbitraje siguiendo el Tratado de Washington, que tenía como objetivo “[…] determine the boundary-line between the Colony of British Guiana and the United States of Venezuela”[3]. Por ser un medio jurisdiccional de resolución de controversias, la decisión del tribunal de arbitraje tendría efecto obligatorio entre las partes y daría efecto a cosa juzgada. De esta forma fueron elegidos cinco jueces: dos de RU, dos de EUA y uno ruso. No hubo jueces venezolanos en el tribunal de arbitraje, a pesar de ser el presidente de Venezuela quien eligió uno de los jueces de los EUA.

Dentro de las reglas a seguir por los jueces se estableció en el artículo IV, A) “Una posesión adversa o prescripción por el término de cincuenta años constituirá un buen título. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, así como la efectiva colonización de él, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear título de prescripción”[4] (subrayado fuera de texto); y B) los jueces debían reconocer y aplicar al laudo arbitral, las normas de derecho internacional. El fallo debía ser realizado en derecho. De esta forma Venezuela tenía dos argumentos jurídicos incontestables: 1) El principio de Uti Possidetis iuris; 2) La prescripción adquisitiva de más de cincuenta años.

Decisión y vicios del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899

Para sorpresa de Venezuela, el laudo arbitral fue fallado a favor de Guyana Británica y de igual forma estableció la libre navegación de los ríos Amakuru y Barima. Venezuela se opuso a la decisión, presentó objeciones frente a diferentes aspectos del laudo y lo consideró como nulo por vicios de forma, tanto como de procedimiento por los siguientes motivos:

  1. Violación al artículo IV, a) ya que no se valoró la prescripción adquisitiva de Venezuela la cual venía acumulándose desde la independencia del país en 1811 o incluso desde el Tratado de paz y reconocimiento de España a Venezuela en 1845;
  2. Violación al artículo IV, b) Aplicación de normas no establecidas en el compromiso: no se falló conforme a derecho, ni se valoraron los argumentos de derecho de las partes dado que no se decidió conforme al derecho internacional vigente, ni según el principio de Uti Possidetis iuris;
  3. Los jueces atribuyeron relevancia jurídica a los mapas modificados y presentados por RU, los que en derecho internacional no presentan ningún tipo de prueba jurídica, salvo algunas excepciones muy puntuales que serán analizadas más adelante;
  4. La decisión fue desprovista de todo tipo de motivación, tanto como de hecho como de derecho. En la motivación el tribunal se limitó a describir la línea geográfica que dividiría los dos territorios sin exponer la “ratio decidendi”, ni a favor de RU, ni de la contraparte;
  5. Extensión ilícita de la competencia: el tribunal decidió sobre la navegación de los ríos mencionados cuando esto no constituía el objeto del laudo, ni un tema de su competencia establecido por las partes en sus pretensiones. Fue un fallo “extra petita”.
  6. Alrededor de 60 años más tarde, se dieron a conocer testimonios, así como archivos y cartas privadas de los árbitros, donde se presentan fuertes indicios de que la decisión del laudo arbitral fue producto de un compromiso y negocio político tal como lo demuestra el Informe de los expertos venezolanos sobre la cuestión de límites con Guayana Británica, 18 de marzo de 1965, así como el reconocimiento del delegado de RU, Mr. C. T. Crowe ante el Comité Político Especial de las Naciones Unidas, en 1962. De igual forma en el informe se expone que “20. El Laudo fue un compromiso obtenido por extorsión, según testimonios convergentes de fuentes americanas, inglesas, venezolanas y francesas, como: b) Buchanan (Agente inglés ante el Tribunal), c) Perry Allen (Secretario de Mallet Prevost), d) Sir Richard Webster (Principal abogado británico), e) Lord Russell (Principal Arbitro británico)”[5]. Por estas razones el país interesado, así como la comunidad internacional, reconoció la pretensión de invalidez del laudo por parte de Venezuela, mas esta invalidez no se legalizó formalmente.

 

Por medio de este laudo arbitral se evidencia muy claramente como los intereses colonizadores de RU, su poder diplomático, militar y económico, les permitieron desconocer principios de derecho internacional creados y desarrollados en Latinoamérica, sin ningún tipo de sanción jurídica o protección, a favor de los nuevos estados sur americanos. No es coincidencia que en 1806 y 1807 el RU ya había intentado varios desembarcos en Buenos Aires, y en vista de sus fracasos, finalmente se apoderó por medio del uso de la fuerza de las islas Malvinas en 1833, territorio que hasta hoy sigue ocupando sin reconocer la legítima soberanía de la República de Argentina, a pesar de los reclamos constantes de esta última. Además de violar el derecho internacional latinoamericano, el RU violó el principio de la abstención al uso de la fuerza el cual fue establecido formalmente en 1928, a través del pacto Briand-Kellogg, donde se condenó el uso de la fuerza como instrumento político o como medio de solución de conflictos. En Argentina, al igual que en el presente caso que nos concierne, el RU ignoró el principio de Uti Possidetis iuris, para apropiarse a su voluntad egoísta y codiciosa de territorios que ya no eran apropiables, para el derecho internacional imperialista europeo de la época.

 

Tratado de Ginebra 1966

Gracias a las continuas reclamaciones de nulidad, a los fuertes indicios del fraude realizado por las potencias y debido a la futura independencia de Guyana, el 17 de febrero de 1966 se firmó el Tratado de Ginebra, por medio del cual se reconoció la inconformidad de Venezuela frente al laudo, así como la reducida validez del mismo. Por medio de este no se declaró nulo el tratado, solamente se reconoció la oposición reiterada, repetitiva, continua y constante de Venezuela frente al decisión. Así parezca que esto no fue un logro importante para el vencido país, este reconocimiento puede tener gran influencia en la prueba y desacreditación de la costumbre como fuente de derecho internacional, que Guyana pueda invocar ante la CIJ.

Por medio de este tratado se reconoce la futura independencia de Guyana, así como su obligación a buscar una solución pacífica al desacuerdo. La importancia jurídica y práctica de esto radica en que anteriormente era el RU el que se obligaba frente a Venezuela, no Guyana como estado independiente. De esta manera, la nueva República cooperativa de Guyana adquiere tanto derechos como obligaciones jurídicas internacionales frente a Venezuela.

El artículo V del documento en cuestión es de vital importancia ya que expresamente establece que el tratado no presenta renuncia de ninguna de las partes frente a su pretensión de soberanía. De igual forma, el mismo no es fuente de derechos o argumentos jurídicos nuevos de los estados partes del tratado. La disposición mencionada busca dejar la situación jurídica de las partes y sus pretensiones tal como se encontraban hasta ese momento, evitando que los derechos y pretensiones de las partes, pudieran verse afectados o favorecidos con el paso de los años. En este sentido, Venezuela continuaría con las mismas pretensiones mencionadas antes del “pacto” arbitral de 1899 y, su contraparte, tendría de igual forma como prueba el laudo arbitral, sin el cual antes de 1899, jurídicamente, no poseían ningún tipo de sustento legal, más que unos mapas que solo demostraban la ambición del RU.

El Artículo IV previó el establecimiento de una comisión mixta por representantes de ambas partes para solucionar la disputa, la cual, de no llegar a un acuerdo en los siguientes cuatro años, delegaría en los gobiernos la posibilidad de elegir un medio de solución de conflictos consagrado en el art 33 de la Carta de Naciones Unidas. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el medio de solución de conflictos, sería el Secretario General de las Naciones Unidas quien debería elegirlo.

Protocolo de Puerto España

Una vez vencido el plazo de cuatro años dentro de los cuales la comisión mixta debía encontrar una solución a la controversia, las partes deciden suspender la aplicación de ciertas disposiciones del Tratado de Ginebra, como el articulo IV referente al procedimiento a seguir por la comisión mixta, y firman el Protocolo de Puerto España el 18 de junio de 1970. Por medio de este, las partes buscan solucionar la controversia a través de medios diplomáticos entre ellos. Se establece un periodo de aplicación temporal del protocolo por 12 años, que podían ser renovados, pero a falta de avances significativos, en 1982 se decide continuar con la aplicación del artículo IV de Ginebra y su procedimiento.

Estado actual del diferendo

Al año siguiente, dado que la comisión mixta no logró resolver la controversia y que los gobiernos no lograron llegar de común acuerdo a una elección de medios para solucionarlo según el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, la decisión sobre los medios de solución pacífica fue referida y aceptada por el Secretario General de la O.N.U. El 31 de marzo de 1983 este eligió finalmente el método del Buen Oficiante o buenos oficios, medio que se caracteriza por la intervención de un tercer Estado, organización internacional o un representante externo, quien tiene como objetivo acercar a las partes para reactivar los diálogos en busca de una solución a la controversia. No busca proponer las alternativas para solucionar la disputa, sino que busca proponer los instrumentos, medios y formas para reanudar las negociaciones, continuando con los diálogos de forma pacífica.

A inicios de la segunda década del siglo presente, las discusiones han retomado importancia debido al descubrimiento de petróleo en la plataforma continental del mar de Esequibo por la compañía estadounidense Exxon Mobil (EUA) en sociedad con Royal Shell (RU). Guyana ya ha efectivamente dado licencias de explotación sobre las cuales Venezuela se ha pronunciado negativamente. De igual forma, Guyana solicitó a la ONU la expansión de su plataforma continental cerca de una región donde Venezuela ya ha otorgado licencias de explotación de gas natural, buscando aprovechar los recursos del subsuelo marítimo. En el año 2015 Guyana permitió a la compañía canadiense “Guyana Goldfields” iniciar la explotación de oro en una mina ubicada en el área del Esequibo.

Tal como se mencionó anteriormente, el caso será expuesto ante la CIJ en caso de no realizarse avances significativos para finales del 2017.

Posibles argumentos jurídicos y contrargumentos de las partes

Contemplando la posibilidad de una solución jurisdiccional delante de la CIJ, las partes deben empezar a estructurar su estrategia jurídica, así como los posibles contrargumentos que presentarán ante la Corte. Es necesario recordar que el artículo V del tratado de Ginebra de 1966, así como el Articulo II del Protocolo de Puerto España establecen que nada de lo establecido en los acuerdos puede ser interpretado como una renuncia a los derechos o pretensiones territoriales. De igual, forma estos artículos expresamente establecen que ninguna pretensión nueva o ampliación de una pretensión ya existente podrá subsistir o modificar las anteriores.

Teniendo en cuenta el congelamiento de pretensiones y luego del análisis histórico y jurídico realizado hasta la fecha, los derechos y pretensiones de Venezuela son claros, pero ¿cuáles podrían ser las pretensiones de Guyana? Es necesario iniciar por establecer que antes del laudo arbitral de 1899, Guyana no contaba con ningún argumento jurídico de peso que pudiera contradecir o desvirtuar aquellos de su contraparte. El único fundamento para haber adquirido el título territorial otorgado por la decisión de 1899 fueron los diferentes mapas presentados por Guyana Británica en los que se incluía la Guyana Esequiba como parte de su territorio, documentos que en derecho internacional no representan fundamento para la obtención de un título territorial. Existen claro casos excepcionales tal como se expresó años después, en 1931, en el caso relativo al “ilot de Cliperton” o isla de la Pasión, en el cual se otorgó un título territorial a Francia sobre la isla en cuestión por el solo hecho de trazarla o incluirla en unos mapas realizados por un oficial francés. En este caso la Corte consideró que debido a la naturaleza del espacio no se requería el requisito de la ocupación efectiva establecido en 1928, pero la diferencia de ambos casos es que aquí, España ya tenía un título oficial gracias al descubrimiento y a la ocupación efectiva del territorio. En el caso de isla de la Pasión, esta se declaró “terra nullius” o tierra sin dueño, razón por la cual podía ser apropiada sin la necesidad de una efectiva ocupación y motivo por el cual los mapas sirvieron de fundamento para la obtención del título territorial[6].

Pero finalmente no fueron los mapas los que invalidaron los sólidos argumentos jurídicos de Venezuela. Desafortunadamente, aquella desgracia es atribuible a causa de los pactos políticos, presiones diplomáticas e irregularidades del laudo arbitral de París auspiciados por RU y por otras potencias. Fue en aquel momento cuando los derechos de Venezuela se vieron afectados, otorgando a Guyana finalmente un documento jurídico de peso.

El principal argumento de Guyana puede ser identificado gracias a la carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas con fecha de 4 abril de 2012. El ministro de relaciones exteriores de Guyana, refiriéndose a la carta del 9 de marzo del mismo año enviada por el presidente Nicolás Maduro al Secretario General, expresó que las pretensiones de Venezuela no son válidas ya que existe una sentencia arbitral de obligatorio cumplimiento y que, en inicio, da efecto de cosa juzgada a la controversia entre los países, razón por la cual, no existe ningún conflicto a resolver. En el documento, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana hace referencia al fallo de la CIJ de 1994, Libia c. Chad, párrafo 6 de la página 37: “L’établissement de cette frontière est un fait qui, dès l’origine, a eu une existence juridique propre, indépendante du sort du traite lui-même ne connait pas nécessairement. Un traité peut cesser d’être en vigueur sans que la pérennité de la frontière en soi affectée”[7]. Según el texto citado y los argumentos presentados por Guyana, vemos que el principio de inmovilidad de las fronteras, regla de costumbre en derecho internacional ampliamente reconocido, es aplicable al caso. Pero en este orden de ideas, si la disputa es llevada a la CIJ, esta deberá definir finalmente una cuestión que no ha sido valorada en todos estos años y que podría definir si el principio de inmovilidad de las fronteras es aplicable o no. Esta cuestión radica en la validez del laudo arbitral de 1899 debido a que la frontera no fue definida entre las partes si el laudo arbitral es nulo. Pero a pesar de esto el principio de inmovilidad de la frontera sí sería aplicable ya que prevalecería el único tratado fronterizo existente antes del laudo arbitral, que vendría siendo el Tratado de Münster (1648) donde se utilizó el río Esequibo como frontera natural cuyo punto máximo al occidente era la isla Kykoveral.

En principio, el laudo arbitral puede ser desvirtuado por Venezuela gracias a la gran cantidad de vicios identificables en la decisión final. Estos varían entre la expresa violación a las reglas establecidas a los árbitros, así como no decidir en derecho ni aplicando las normas de derecho internacional, especialmente el derecho internacional latinoamericano. También encontramos la violación a reglas como aquella del artículo IV, A) referente a la prescripción adquisitiva de 50 años como fundamento de un título territorial, la falta de motivación de la decisión y la extralimitación del fallo. Tampoco podemos olvidar los conflictos de intereses de los árbitros y los vicios de procedimiento que salieron a la luz pública 60 años después de la decisión.

Hoy en día la cuestión principal no es la definición de la frontera, sino la validez o nulidad del laudo arbitral, instrumento que definió la frontera. Esta será específicamente la nueva cuestión la cual deberá resolver la CIJ si el caso no encuentra avances significantes en el 2017. Otro argumento que podría ser invocado por Guyana, al igual que Venezuela, es aquel del principio Uti Possidetis iuris ya que, adquirida la independencia en 1966, las fronteras coloniales de la Guyana Británica pasarían a ser las suyas de forma automática.

Finalmente, Guyana podría invocar la costumbre internacional como fuente de derechos y obligaciones, para sustentar su título ya que, según la misma carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, desde 1899 hasta 1960, Venezuela no presentó oposición alguna frente al laudo arbitral. Es necesario tomar en cuenta que hasta esta fecha Venezuela se enteró de las irregularidades del proceso en cuanto a sus árbitros, de los supuestos pactos, conflictos de intereses y demás actos por parte del tribunal de arbitramento, razón por la cual hasta esta fecha presentó objeciones referentes a esta nueva evidencia. Estas objeciones, como aquellas realizadas antes de 1960 son sujetas a prueba frente a la Corte para determinar cuánto tiempo pasó realmente entre la decisión del laudo arbitral y las objeciones realizadas por Venezuela.

Para analizar el argumento de la costumbre y su procedencia vamos a tomar en cuenta 1960 como la fecha de objeción realizada a la decisión por Venezuela. Guyana podría argumentar que Venezuela, a través de su abstención de presentar oposición durante más de 60 años, toleró y aceptó tácitamente a Guyana como soberana de ese espacio territorial. La CIJ ya se ha pronunciado favorablemente frente a casos parecidos, aceptando la costumbre internacional por abstenciones u omisiones de acción durante periodos prolongados de tiempo como el caso del Templo de Préah-Vihéar, 15 junio 1962 y l’affaire des Pêcheries, 18 diciembre 1951 (Alland, 2016. p. 168-169). El problema fundamental con esta posible pretensión es que la costumbre entendida como “…prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho” (art 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), tiene dos elementos fundamentales según la doctrina y la jurisprudencia de la CIJ. El primer elemento es el objetivo o material, entendido como una práctica repetitiva, uniforme y constante según las sentencias de la CIJ affaire du droit d’asile[iii], y affaire du droit de passage sur le territoire indien, 12 abril 1960, p. 40 (Alland, 2016. p. 170). El segundo y más importante elemento es el subjetivo, psicológico o también llamado “opinio juris”. El elemento subjetivo de la costumbre puede ser definido como la convicción que cierta practica es obligatoria. Es la voluntad de los Estados a darle un valor jurídico obligatorio oponible, a aquella práctica habitual repetitiva (mirar CIJ, 20 février 1969, Plateau continental de la Mer du Nord, République fédérale d’Allemagne c/ Danemark. (Alland, 2016. p. 172).

En este orden de ideas, el silencio o la no objeción de Venezuela sería considerado como el elemento material de la costumbre. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo la doctrina y la práctica internacional concuerdan en que a falta de este elemento no se puede determinar la costumbre. Es la convicción o la creencia de considerar un acto repetitivo como obligatorio y, por ende, oponible, el verdadero elemento que configura la costumbre como una fuente de derecho coercitiva entre los Estados interesados. Teniendo en cuenta 1966 como el último año hasta el cual los derechos de las partes fueron objeto de modificación o, dicho de otra forma, “congelados” por el derecho internacional, podemos encontrar en el artículo primero del Tratado de Ginebra firmado ese mismo año el rechazo expreso e inequívoco de Venezuela frente a la decisión de 1899. En aquella disposición se expresa claramente el rechazo de Venezuela a la costumbre que podría ser reclamada por Guyana, demostrando que esta no cuenta con el elemento subjetivo, para justificar y oponer la costumbre como fuente de derechos.

Dejando a un lado el argumento de la costumbre, el cual podría verse refutado a falta del “opinio juris”, el verdadero problema surge debido al paso del tiempo de las alegaciones venezolanas, especialmente aquellas relativas al fraude de los árbitros (Convención de Viena 1969, art 50) y compromisos políticos relacionados al fallo. Las denuncias venezolanas se dieron luego de 60 años de conocida la decisión del laudo arbitral, lo cual podría hacer a Venezuela perder su derecho a invocar la nulidad de un laudo arbitral por el paso del tiempo o por la aceptación tácita, la cual su comportamiento pasivo pudo dar al fallo. Si analizamos la Convención de Viena de 1969, el artículo 45, sobre la pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado, dispone: “Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación […] si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado: b) se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación […]”.

Aplicando de forma análoga el artículo al laudo arbitral y al caso en concreto, si tomamos 1960 como fecha del primer reclamo, la Corte podría tomar el paso del tiempo como una causal para perder el derecho a invocar la nulidad del laudo arbitral por parte de Venezuela. De igual forma, Venezuela podría ampararse bajo este artículo ya que las denuncias fueron realizadas al momento de tener conocimiento de los hechos, cosa que podría eliminar la relevancia al argumento temporal en contra de Venezuela. Los argumentos presentados están sujetos a los medios de prueba utilizados por las partes, su validez jurídica frente a la CIJ, así como el valor que esta última les otorgue. Por último, cabe recalcar frente a este aspecto que la convención de Viena no es aplicable ya que este se firmó después del Tratado de Ginebra de 1966, pero analizar sus disposiciones nos permiten aplicar al caso las posibles hipótesis según el estado actual de derecho positivo.

 

Conclusión

A pesar de la historia larga y desgastante por la que los Estados se han visto obligados a atravesar, es posible que en un futuro no muy lejano, a comparación con el tiempo de la controversia, podamos ver el desenlace de esta disputa territorial que persiste luego de más de 200 años. Será interesante ver la resolución de esta controversia delante la CIJ, la cual deberá pronunciarse sobre la validez o nulidad del laudo arbitral de 1899, analizando la verdadera relevancia de los argumentos jurídicos de las partes, así como el conflicto de interés de los árbitros. Según los argumentos, es posible que finalmente Venezuela vea protegidos sus intereses, pero el verdadero problema radica en la reparación. ¿Pasaría efectivamente el territorio a Venezuela? ¿Si hoy en día existen comunidades habitando el territorio, qué pasará con ellas? ¿Primará el derecho y el título territorial de Venezuela sobre el Esequibo o el derecho de los pueblos a la autodeterminación según la resolución 1514 y 2625? ¿Si luego de un referendo los pueblos deciden seguir perteneciendo a Guyana, qué medio de reparación será impuesto por la CIJ? ¿Qué pasará con los recursos naturales tan apetecidos por las partes? Todas estas cuestiones son elementos importantes a tener en cuenta por la Corte, cosa que los obligará a desarrollar un profundo análisis que la comunidad internacional, la doctrina, los internacionalistas y especialmente las partes estarán atentas a oír.

 

Notas:

[1] Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá D.C., Colombia y Estudiante de Derecho internacional público de la Universidad Paris II, Panthéon-Assas., Francia.

[2] (Assemble général, Comité spécial sur la Décolonisation, Rapport du sous-comité III sur les Iles Falkland (Malouines), débats du sous-comité, septembre 1964).

[3] Award of the tribunal of arbitration constituted under article I of the treaty of arbitration signed at Washington, between Great Britain and the United States of Venezuela, regarding the boundary between the colony of British Guiana and the United States of Venezuela, decision of 3 October 1899: art I.

[4] Award of the tribunal of arbitration constituted under article I of the treaty of arbitration signed at Washington, between Great Britain and the United States of Venezuela, regarding the boundary between the colony of British Guiana and the United States of Venezuela, decision of 3 October 1899.

[5] Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (18 de marzo de 1965). Informe de los expertos venezolanos sobre la cuestión de límites con Guayana Británica.

[6] Alland, 2016. p. 69.

[7] Rodrigues-Birkett Carolyn. Lettre du 4 avril 2012 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le Ministre des affaires étrangers de Guyana.

[i]   The Free Dictionary By FARLEX. Uti Possidetis: A term used in International Law to indicate that the parties to a treaty are to retain possession of that which they forcibly seized during a war.

[ii] Scottish Geographical Magazine (1896).

[iii] 1950, p.276-277

 

 

Bibliografía:

  • Alland Denis. (2016) Manuel de droit international public, Troisieme edition mise a jour. Puf.

 

  • Assemble général, Comité spécial sur la Décolonisation, Rapport du sous-comité III sur les Iles Falkland (Malouines), débats du sous-comité, septembre 1964 (in AG, doc.off., 19e session, Annexe no 8, 1er partie) : Déclaration du Royaume Uni. De l’Argentine. De l’Uruguay. Du Venezuela et réponse du Royaume Uni (extraits).

 

  • Award of the tribunal of arbitration constituted under article I of the treaty of arbitration signed at Washington, between Great Britain and the United States of Venezuela, regarding the boundary between the colony of British Guiana and the United States of Venezuela, decision of 3 October 1899.

 

  • Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 23 de mayo 1969.

 

 

 

 

  • Maduro Moros Nicolas, Presidente de la República bolivariana de Venezuela. Caracas, 9 de marzo de 2012. Lettre adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

 

 

 

  • Rodrigues-Birkett Carolyn, La Ministre des affaires étrangères. Lettre du 4 avril 2012 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le Ministre des affaires étrangers de Guyana à propos de la correspondance de la République bolivarienne du Venezuela.

 

 

 

 

 

 

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