Reparación colectiva a las víctimas en el Derecho Internacional

 

ICJ Judges on the opening day of the hearings. Les juges de la CIJ à l’ouverture des audiences.

 

Por Fabio Andrés Arango Geraldino*

 

El presente estudio pretende mostrar la adopción de medidas de reparación colectivas en el Derecho Internacional, con el fin de encontrar similitudes y diferencias en los conceptos que les permite a algunas Cortes Internacionales hacer frente al incumplimiento de obligaciones internacionales de los Estados parte. Estas Cortes, por sus especialidades, encierran patrones sistemáticos, fallas estructurales que afectan un gran número de víctimas o violaciones a los derechos humanos de grupos o comunidades, que por sus características objetivas y/o subjetivas requiere la toma de medidas de reparación con enfoque colectivo.

Para ello, fueron analizadas las principales fuentes del Derecho Internacional (DI), los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), respecto a la responsabilidad internacional y la obligación de reparar; y la jurisprudencia (case-law) internacional, especialmente los subsistemas de protección internacional de derechos humanos, haciendo énfasis en la etapa de reparaciones.

En las relaciones internacionales, los Estados son los sujetos del DI por antonomasia, por cuanto estos pueden responder moral y materialmente por las obligaciones que libremente han contraído. Uno de los principales pilares de la capacidad internacional es precisamente la noción de responsabilidad, y de allí que tradicionalmente se haya considerado a los Estados como únicos sujetos de derecho internacional.

Aunque en la actualidad el Estado sigue siendo el sujeto por excelencia del DI, con la llegada del derecho internacional de los derechos humanos, se ha advertido un cambio de paradigma en este plano dando cierto grado de subjetividad jurídica al individuo[1]. El acceso de la persona a los tribunales internacionales -ya no solo de derechos humanos- ha determinado que en la etapa de reparaciones se tenga presente la integralidad de la personalidad de la víctima, y el impacto sobre ésta de la violación a sus derechos humanos. Poner a la víctima en el papel protagónico, facilitará que en la etapa de reparaciones no se aborden las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos desde una óptica materialista del homo oeconomicus, sino teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad, tanto a nivel individual como colectivo.

El derecho a la reparación ha tenido avances significativos en la comunidad internacional entera y no exclusivamente en los sistemas regionales interamericano, europeo y/o africano. Muestra de ello es el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso A.S. Diallo (Guinea vs. R. D. del Congo), en donde la Corte ha tomado en consideración la evolución en la materia, llegando a la conclusión jurídica que los daños referentes a la protección diplomática fueron causados al Sr. A. S. Diallo como la víctima individual y no a su Estado de nacionalidad u origen[2]. Dicho caso es importante para el tema de la responsabilidad internacional de un Estado por el incumplimiento de una obligación internacional y el hecho internacionalmente ilícito (violaciones los derechos humanos de una persona), ya que siendo la protección diplomática un derecho invocado por el Estado a favor de uno de sus Nacionales, la Corte ordenó a la República Democrática del Congo a pagar una compensación (reparar) a Guinea por los daños inmateriales y pérdida económica de los cuales fue víctima el señor Diallo:

“It falls to the Court at this stage of the proceedings to determine the amount of compensation to be awarded to Guinea as a consequence of the unlawful arrests, detentions and expulsion of Mr. Diallo by the DRC, […], the Court indicated that the amount of compensation was to be based on “the injury flowing from the wrongful detentions and expulsion of Mr. Diallo in 1995-96, including the resulting loss of his personal belongings”[3].

 

En la actualidad y con el desarrollo de los derechos humanos en el plano internacional, se espera que los Estados dejen de ser los únicos sujetos del DI. Estos son “conscientes de que hoy en día están obligados a responder respecto del trato que le dispensan a los seres humanos en sus respectivas jurisdicciones.  El caso previamente citado, es testigo de esta tranquilizadora evolución”[4].

No muy lejos, la cámara de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), en el caso Thomas Lubanga Dyilo, ordenó reparaciones y solicitó al fondo para las victimas presentar un borrador de proyecto para la implementación de reparaciones colectivas a la Cámara de juicios, el cual fue aprobado el 21 octubre de 2016. Programa que iniciará con las medidas colectivas de carácter simbólico, las cuales servirán para lograr la aceptación de las reparaciones en las comunidades afectadas, para posteriormente decidir sobre las demás[5].

En el caso, la Cámara de Juicios decidió por unanimidad la culpabilidad del señor Thomas Lubanga Dyilo en calidad de coautor por haber enlistado y obligado a participar en las hostilidades a más de 160 niños menores de 15 años”[6].

La Corte Penal Internacional en estos casos puede ordenar al condenado el pago de una compensación a las víctimas de los crímenes. La compensación puede incluir una indemnización monetaria, restitución de las propiedades, medidas de rehabilitación o medidas de carácter simbólico:

“The Court may award reparations on an individual or collective basis, whichever is, in its opinion, the most appropriate for the victims in the particular case. An advantage of collective reparations is that they provide relief to an entire community and help its members to rebuild their lives, such as the building of victim services centres or the taking of symbolic measures. Furthermore, States Parties to the Rome Statute have established a Trust Fund for Victims of crimes within the jurisdiction of the ICC and for their families in order to raise the funds necessary to comply with an order for reparations made by the Court if the convicted person does not have sufficient resources to do so”[7].

 

 

Así las cosas, la CDI a través de sus trabajos ha realizado un avance importante en relación con la responsabilidad internacional del Estado, el hecho ilícito internacional, sus elementos, el deber de reparar y sus formas. Estas cuestiones, leídas conjuntamente con los principios y directrices básicos sobre reparaciones a violaciones de los derechos humanos elaborados por la CDH, demuestran la existencia de una serie de reglas consuetudinarias que están en camino de convertirse en opinio iuris para los Estados que conforman la sociedad internacional.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha logrado evolucionar en el señalamiento de medidas específicas de carácter general y con enfoque colectivo, a través de sus fallos, la forma en que son ejecutados y cumplidos los mismos y algunos aspectos de carácter sustantivo y procesal como lo son: la capacidad convencional para ordenar medidas de reparación o satisfacción equitativa, el margen de apreciación nacional, la prohibición de las demandas abstractas enmarcadas como actio popularis; las sentencias piloto y el papel del Comité de Ministros. Este Tribunal ha enfatizado que la protección otorgada por el Convenio ha de ser efectiva y real, más no ilusoria o quimérica[8]. Así las cosas, puede verse que el TEDH delega el cumplimiento voluntario de sus pronunciamientos a cargo de los Estados (margen de apreciación). Sin embargo, cuando las sentencias no son cumplidas, se da por iniciado el procedimiento de la ejecución forzosa consagrado en el artículo 46 del Convenio, en el cual excepcionalmente el Tribunal:

with a view to helping the respondent State to fulfil its obligations under Article 46, […] will seek to indicate the type of measure that might be taken in order to put an end to a systemic situation it has found to exist. In such circumstances, it may propose various options and leave the choice of measure and its implementation to the discretion of the State concerned”[9].

Así, el cumplimiento de las sentencias conlleva intrínsecamente tres obligaciones: 1) la obligación de poner fin a la violación; 2) la obligación de reparar, (restitutio in integrum) y, 3) la obligación de evitar violaciones similares. Por ejemplo, en el caso Scozzari y Giunta C. Italia, el Tribunal ha resumido la obligación de los Estados, en lo que concierne a la adopción de medidas generales, para prevenir nuevas violaciones del Convenio, e individuales, para reparar al recurrente de las consecuencias de la violación[10].

A partir del precitado caso Scorzzari, el Tribunal precisó el contenido de la obligación de las sentencias a partir de las medidas que el Estado debe tomar y las obligaciones nacidas del CEDH:

Ce faisant, ces interprétations combinées, révèlent que l’obligation d’exécution doit se comprendre à la lumière des autres obligations conventionnelles de l’Etat. En Effet, la Cour de Strasbourg interprète ensuite l’article 46 de la CEDH à la limière de l’article 1 de la CEDH, considèrant alors que l’obligation d’execution relève aussi de l’obligation générale des Etats de proteger les droits et libertés des droits de l’homme”[11].

 

De igual manera, en el caso Kurić y otros C. Slovenia, el Tribunal consideró pertinente dar aplicación al artículo 46 del CEDH, por cuanto la violación se originaba del mal funcionamiento de la legislación y la práctica de las autoridades para regular la situación de los peticionarios, quienes representaban a un gran grupo de personas que fueron “borradas” de los archivos e información en poder del Estado[12]. De tal forma, el Tribunal recuerda a los Estados la obligación de reparar más allá de la simple compensación (aunque ésta será determinada al tenor del artículo 41, de cumplirse las condiciones allí previstas), invitándolos a adoptar medidas de tipo general e individual que permitan la plena restitución, especialmente en casos en los cuales constata situaciones generalizadas o violaciones colectivas.

 

Audience de Grande Chambre

 

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de las características de la etapa de reparaciones y los criterios en cuanto a la determinación e individualización de las víctimas y beneficiarios, ha logrado señalar con mayor precisión a los Estados responsables medidas específicas de carácter colectivo.

Al día de hoy, el ordenamiento jurídico internacional ha ido reconociendo la importancia de las reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, poniéndolas como eje central de la discusión y fin de la protección internacional. En décadas recientes, la comunidad internacional ha estimado la necesidad de brindar protección a los derechos de los seres humanos que la componen (agrupados bajo distintas formas de organización sociopolítica), con particular atención sobre aquellos que se encuentren -individualmente o en grupo- en situación de especial vulnerabilidad[13].

            Según el Juez Cançado Trindade: Hay que enfocar toda la temática de las reparaciones de violaciones de los derechos humanos a partir de la integralidad de la personalidad de las víctimas, desestimando cualquier intento de mercantilización – y consecuente trivialización – de dichas reparaciones. No se trata de negar importancia de las indemnizaciones, sino más bien de advertir los riesgos de reducir la amplia gama de las reparaciones a simples indemnizaciones. No es mera casualidad que la doctrina jurídica contemporánea viene intentando divisar distintas formas de reparación -inter alia, restitutio in integrum, satisfacción, indemnizaciones, garantías de no repetición- desde las perspectiva de las víctimas, de modo a atender sus necesidades y reivindicaciones, y buscar su plena rehabilitación”[14].

La Corte IDH, a través de su desarrollo progresivo, ha construido una jurisprudencia en varias generaciones. La primera generación versa sobre las desapariciones forzadas, en la cual conceptualizó la noción de graves violaciones a los derechos humanos a partir de los convenios de Ginebra. En la segunda generación, relativas a las garantías judiciales y control judicial, la Corte elaboró una jurisprudencia de un derecho de acceso a la justicia lato sensu, comprendiendo que la ejecución de las sentencias y la capacidad de establecer una jurisdicción de excepción no son compatibles con la CADH. La tercera generación trata sobre el derecho colectivo de las comunidades y el reconocimiento al derecho a una reparación individual para cada uno de sus miembros y a la comunidad en general. La cuarta generación se encuentra relacionada con masacres y crímenes de Estado, lo que permitió a la Corte desarrollar el tema de la responsabilidad objetiva del Estado[15].

Las víctimas que han llegado a la Corte comprenden casos sui generis. En ellos ha tenido que conocer los derechos que comprenden menores sujetos a regímenes extremos y deshumanizantes de reclusión (Caso Instituto de reeducación del Menor vs. Paraguay) o sobrevivientes de poblaciones por políticas de tierra arrasada (Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala)[16]. Por esto, en casos en los que existe una pluralidad de víctimas o comunidades en general, es importante tener en cuenta que “under international law, there is no single definition of collective reparations. Nevertheless, collective reparations are a modality of reparations which international courts increasingly resort to”[17]. “Diana Contreras-Garduño citing to Friedrich Rosenfeld refers that: collective reparations [are] the benefits conferred on collectives in order to undo the collective harm that has been caused as a consequence of a violation of international law”[18]. Sin embargo, para la Corte IDH, el concepto de daño colectivo no es fundamental para adoptar medidas de reparación en las cuales los beneficiarios sean la comunidad en general y no las víctimas directas, indirectas o incluso potenciales.

En virtud de lo anterior, las reparaciones colectivas adoptadas por la Corte IDH, han sido abordadas desde dos perspectivas: 1) Las medidas generales o con impacto público o sobre una comunidad determinada en casos de violaciones colectivas y 2) Las reparaciones a colectivos, comunidades, grupos de personas, indígenas, entre otras, criterios que le han permitido dar avances cualitativos en la materia.

Colofón de lo anterior, podemos afirmar que la reparación es una institución de derecho internacional y un principio reconocido por toda la comunidad internacional. Desde la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia hasta los tribunales regionales de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, son importantes los trabajos de la CDI, ya que permitieron la sistematización de los principios a la espera de la ratificación de los Estados con la finalidad de lograr un consenso al respecto, más allá de la norma consuetudinaria. Por otra parte, es importante que dicho proyecto se lea en conjunto con los principios sobre reparaciones a los derechos humanos elaborado por la CDH de la ONU, por cuanto la aceptación de estos estándares lograría el cumplimiento total de las obligaciones internacionales en materia de reparación individual o colectiva por parte de los Estados.

Aunque por parte de la academia y la doctrina se han realizado esfuerzos para que sea la persona y su dignidad humana la base sobre la cual se soporta el “derecho de gentes” y especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, no hay que olvidar que el DI es un sistema jurídico que parte de la voluntad de los Estados y son estos quienes definen los alcances del sistema en general. Frente a la adopción de medidas colectivas de reparación en el SEDH, vemos cómo el Tribunal ha avanzado en la materia a través de su jurisprudencia y las potestades establecidas en los artículos 41 y 46 del CEDH, como también la creación de las sentencias piloto.

Debido a la eliminación de la Comisión Europea y a las reformas de los protocolos 11 y 14, se dio un incremento en el número de demandas, dado la facilidad del locus standi de la víctima. No obstante, el TEDH ha sido pragmático en ese sentido y creó dichos mecanismos para hacer frente a violaciones masivas, sistemáticas o fallas estructurales de los ordenamientos jurídicos de los Estados parte, con el fin de evitar demandas repetitivas o que generen el desbordamiento del sistema de protección. Para ello, conserva la capacidad de señalar medidas colectivas e individúales, que sumadas al margen de apreciación, llegan a restituir el derecho violado en la gran mayoría de casos. Vemos cómo entonces el propio tribunal, poco a poco, se ha alejado del mero juicio declarativo. En este aspecto, el Comité de Ministros toma un papel crucial para el seguimiento de todas aquellas medidas de carácter colectivo o que tienen un impacto generalizado. El TEDH tiene la capacidad de hacer frente a reparaciones colectivas, pero para ello entiende que necesita de los mecanismos dispuestos en el derecho interno y la voluntad política, bajo la estricta supervisión ya mencionada.

 

Por su parte, la Corte IDH ha logrado avanzar en materia de reparaciones colectivas, porque bajo la interpretación del artículo 63 de la CADH, ha entendido que todos los aspectos se encuentran bajo su jurisdicción. Desde la determinación de las víctimas y los beneficiarios, hasta el cumplimiento del fallo, señalando incluso que las reparaciones dadas en el ámbito interno de los Estados son complementarias a las ordenadas por la Corte.

Además, la región americana se caracteriza por tener comunidades indígenas y aborígenes que han tenido que sufrir los embates de la civilización y pasos del “hombre blanco”, arrasando sus tierras y exterminando su núcleo social, costumbres y cosmogonía. Debido a esto, la Corte ha tenido que enfrentar tales casos desde un aspecto sociológico y antropológico. El otorgar una simple compensación económica o satisfacción equitativa no lograría la restitución integral de los daños ocasionados, los cuales generalmente se presentan en la ruptura del tejido social, la eliminación de la cultura, de todas sus formas de vida y subsistencia. En ese mismo sentido, las vicisitudes políticas han llevado a la Corte IDH a adoptar medidas con impacto público, incluso con repercusiones en el orden público interamericano.

La responsabilidad internacional del Estado y el deber de reparar íntegramente a las víctimas -con enfoque colectivo o con impacto público- son dos caras de una misma moneda. Es indudable que las Cortes acá mencionadas están en la plena capacidad de recomendar u ordenar medidas colectivas de reparación a la luz de los instrumentos que protegen. Así, se espera que la evolución y el camino trazado por la Corte IDH en la materia sea copiado por sus homólogos, o como ya está sucediendo, por el DI en general.

 

BIBLIOGRAFIA

 

CANÇADO TRINDADE, A. A., “El Deber del Estado de proveer reparación por daños a los derechos inherentes a la persona humana: Génesis, evolución, estado actual y perspectivas”, Biblioteca Corte Interamericana de Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina, Abeledo Perrot, (2013).

CANÇADO TRINDADE, A. A., “International Law For Humankind: Towards A New Jus Gentium (Ii) [Derecho Internacional Para La Humanidad: Hacia Un Nuevo Jus Gentium”, Martinus Nijhoff Publishers (2006 – 2005).

CONTRERAS GARDUÑO, D., “Defining Beneficiaries of Collective Reparations: The experience of the IACtHR”, Amsterdam Law Forum, vol. 4, n. º 3 (2012).

CRUZ, M. L., “La reparación a las víctimas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXII. Madrid (2010).

FERIA TINTA, M., “La víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento”, Revista IIDH, vol. 43, (2006).

FORTAS, A. C., La surveillance de l’execution des arrets et decisions des cours europeenne et interamericaine des droits de l’homme Contribution à l’etude du droit du contentieux international, Paris, Editions A. Pedone, Publications de l’Institut International des droits de l’homme n°26, 2015.

PASTOR RIDRUEJO, J. A., La reciente jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos: temas escogidos, Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz. 2007.

PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, Madrid, Tecnos, 20. Ed, 2016.

 

RESOLUCIONES

Res 56/83 de la AG “Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos” A/RES/56/83 (28 de enero de 2002) art, 4.1, disponible en: undocs.org/A/RES/56/83

Res 60/147 de la AG “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” A/RES/60/147 (16 de diciembre de 2005), art. 19, disponible en: undocs/A/RES/60/147

 

JURISPRUDENCIA

CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA

Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9.

Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17.

 

 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

 

Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 324.

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168.

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), declaration of judge Cançado Trindade, I.C.J. Reports 2005, p. 168.

GabCikovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, p. 7.

Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1949, p. 174.

 

CORTE PENAL INTERNACIONAL

 

ICC-01/04-01/06ICC. Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (Situation in Democratic Republic of the Congo).

 

JURISPRUDENCIA TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

 

TEDH, (Grand Chamber), Case of Cyprus v. Turkey (Application n. º 25781/94), Judgment (Just satisfaction), 12/5/2014, párr. 27.

TEDH, (Grand Chamber), case of Kurić and others v. Slovenia (Application n. º 26828/06), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/06/2012, párr.402.

 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C, n. °112, párr. 106.

Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Reparaciones, Sentencia de 19 de noviembre 2004, Serie C, n. °116, párr. 96.

Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016, Serie C, n. °328, párr. 65.

 

NOTAS: 

 

* Maestro en protección internacional de los derechos humanos por la Universidad Alcalá de Henares (2017). Estudios avanzados de derechos humanos por la American University Washington College of law. Egresado de la Universidad Militar Nueva Granada (2013). Trabajó en el área de Medidas de Emergencia del programa protección del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.

[1] “[…] el derecho internacional clásico se apoyaba básicamente en una sociedad internacional de estructura interestatal y que tenía además una función eminentemente relacional y competencial: regular las relaciones entre Estados como sujetos del DI, y en la doctrina era corriente la afirmación de que los individuos eran solo objetos de dicho ordenamiento. […] Pero las transformaciones experimentadas en la segunda mitad del siglo XX por el DI han creado condiciones más favorables para el reconocimiento de una cierta subjetividad del individuo… El DI se está humanizando y socializando, en definitiva, moralizando, y ha añadido a las funciones relacionales y competenciales la del desarrollo integral de los individuos y pueblos mediante una cooperación que en muchos casos se institucionaliza”. Véase: PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, Madrid, Tecnos, 20a Ed, 2016, p. 191.

[2] Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012, pp. 324, párr. 57.

[3] Ibíd., p. 11.

[4] CANÇADO TRINDADE, A. A., “El Deber del Estado de proveer reparación por daños a los derechos inherentes a la persona humana: Génesis, evolución, estado actual y perspectivas” Biblioteca Corte Interamericana de Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina, (2013), Abeledo Parrot, pp. 18 – 43, pp. 24 – 26. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31645.pdf, último acceso 3/07/2016.

[5] ICC-01/04-01/06ICC. Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (Situation in Democratic Republic of the Congo), case Information Sheet, pp.4, p.4. Disponible en: www.icc-cpi.int/drc/lubanga/Documents/LubangaEng.pdf, último acceso 5/07/2016.

[6] Ibíd., p. 4.

[7]ICC. Reparation stage. Disponible en: www.icc-cpi.int/Pages/ReparationCompensation.aspx , último acceso 5/07/2016.

[8] PASTOR RIDRUEJO J.A., La reciente jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos: temas escogidos. Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz. 2007, p.247.

[9] TEDH, (Grand Chamber) Case of Öcalan v. Turkey (Application n. ° 46221/99), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12/05/2005, párr. 210. Véase también: TEDH, (Grand Chamber), case of Broniowski v. Poland (Application n. °31443/96), Judgment (Merits), 22/06/2004, párr. 194.

[10] CRUZ M. L., “La reparación a las víctimas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXII (2010), pp. 89-117. p. 91.

[11] FORTAS, A. C., La surveillance de l’execution des arrets et decisions des cours europeenne et interamericaine des droits de l’homme Contributionà l’etude du droit du contentieux international, Paris, Editions A. Pedone, Publications de l’Institut International des droits de l’homme n. °26, 2015, p. 64.

[12] TEDH, (Grand Chamber), case of Kurić and others v. Slovenia (Application n. 26828/06), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26/06/2012, párr.402. El caso versa sobre un grupo de personas de nacionalidad Serbia, Croata y algunos apátridas, quienes reclamaban la negación arbitraria de la nacionalidad y el permiso de residencia por parte de las autoridades Eslovenas.

[13] CANÇADO TRINDADE, A. A., “El Deber del Estado de proveer reparación por daños a los derechos inherentes a la persona humana…”, op.cit., p. 12.

[14] Corte IDH. Voto razonado del juez CANÇADO TRINDADE, A.A., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2001, Serie C, n.°. 77, párr. 28.

[15] FORTAS, A. C., La surveillance de l’execution des arrets et decisions des cours europeenne et interamericaine des droits de l’homme Contribution à l’etude du droit du contentieux international, Paris, Editions A. Pedone, Publications de l’Institut International des droits de l’homme, n°26 2015, p. 84.

[16] FERIA TINTA, M., “La víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento”, Revista IIDH, vol. 43 (2006), p. 180.

[17] CONTRERAS GARDUÑO, D., “Defining Beneficiaries of Collective Reparations: The experience of the IACtHR” Amsterdam Law Forum, vol. 4, No. 3 (2012), pp. 41 – 57, p. 46.

[18] Ibíd., p. 46.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s