¿Otra prueba para la JEP? La Responsabilidad del Superior Jerárquico en la Jurisdicción Especial para la Paz frente al Estatuto de Roma

 

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Por Julián Huertas, profesor universitario, cofundador de ACEDI-CILSA[1].

 

 

Ante el actual escenario de postconflicto en Colombia, se ha discutido en abundancia sobre la forma en que se deben tratar los crímenes cometidos por miembros de las FARC y agentes del Estado, y que implican violaciones de Derechos Humanos -DDHH- o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario -DIH-. En este contexto, un aspecto que ha generado especial preocupación es el de la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, sobre todo cuando se trata de miembros de la Fuerza Pública colombiana. En ese sentido, se ha aludido a la denominada “doctrina de responsabilidad por el mando” o “responsabilidad del superior jerárquico”, la cual constituye una forma de imputación de responsabilidad penal que ha sido desarrollada en el Derecho Internacional y que debe ser tenida en cuenta en el marco de la justicia transicional (Cote, 2016, p.54).

Por su parte, a la luz del Estatuto de Roma que dio origen y determina el derecho aplicable en la Corte Penal Internacional -CPI-, los Estados Parte de este instrumento internacional se obligan a investigar, juzgar y condenar con penas adecuadas a quienes hayan cometido crímenes internacionales como el genocidio, la agresión, crímenes de guerra y crímenes lesa humanidad y, en caso de no hacerlo, a extraditar a las personas infractoras para que sean juzgados por dicha Corte (Botero, 2005, p.21). Por tanto, la falta de disposición de un Estado para administrar justicia, que daría lugar al ejercicio de las competencias de la CPI, hace referencia a la existencia de una situación de impunidad que vulnera de manera transversal el derecho a la justicia de víctimas de violaciones de los DDHH y el DIH. De esta manera, la CPI desempeña un papel importante en el desarrollo de estándares universales de derechos humanos y fomenta una responsabilidad en la lucha contra la impunidad en el ámbito de los sistemas jurídicos nacionales (Valdivieso, 2012, p.625).

 

En el caso colombiano, el gobierno nacional y las FARC acordaron la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual se encargará de juzgar a los responsables de los crímenes más graves en el conflicto armado. En consecuencia, los magistrados de la JEP deberán aplicar las normas y estándares pertinentes que, como se explicará más adelante, prevé la legislación nacional. En virtud de lo anterior, surge la pregunta relativa a si las normas de la responsabilidad del superior jerárquico dentro del ordenamiento jurídico colombiano responden a los estándares internacionales esgrimidos por la CPI y el derecho penal internacional, en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano. De esta manera, el presente artículo tiene como finalidad analizar brevemente el problema expuesto y plantear resumidamente los lineamientos de una política judicial sobre este asunto.

 

Normas colombianas y el derecho penal internacional

 

Para tales efectos, será necesario profundizar en las disposiciones del Artículo 28 del Estatuto de Roma bajo el estándar de “negligencia consciente”, como factor de atribución de responsabilidad, en lugar de la actual aproximación basada en el Código Penal colombiano fundamentado en el estándar “conocimiento positivo”. Es necesario aclarar que dicho estándar de conocimiento positivo quedó consagrado en el Artículo 24 del Acto Legislativo 01 de 2017, “Por medio del cual se crea un Título de Disposiciones Transitorias de la Constitución para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y se Dictan otras Disposiciones”. En otras palabras, la implicación política de la disparidad entre el estándar nacional actual y los parámetros internacionales puede configurar la responsabilidad internacional del Estado por supuestos de impunidad -que podrían vulnerar el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado- al contravenir las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de DDHH y DIH.

 

En primer lugar, es preciso mencionar que las disposiciones sobre esta cuestión en el proceso de justicia transicional se encuentran consagradas en el Acto Legislativo 01 de 2017, específicamente en el Artículo transitorio 24, relativo a la responsabilidad del mando. Este artículo dispone que, para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el DIH como ley especial, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH, siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal. Para tales efectos, menciona el mismo artículo transitorio 24, se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar o policial sobre los actos de sus subordinados, cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes:

 

  1. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad;
  2. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir;
  3. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel de mando correspondiente; y
  4. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión.

 

Como puede apreciarse, el Artículo 24 transitorio incorpora por primera vez en la legislación colombiana una definición de la responsabilidad de mando al invocar el Código Penal colombiano, el DIH y las reglas operacionales de la Fuerza pública. Sobre este punto es notable que el artículo transitorio no menciona el Artículo 28 del Estatuto de Roma. La definición del Artículo 24 transitorio requiere la existencia de elementos concurrentes que deben cumplirse en conjunto, además del requisito sine qua non de que el comandante debe contar con un conocimiento positivo de la conducta por parte de sus subordinados para que se le pueda atribuir la respectiva violación de DDHH o de DIH (Ambos, 2017).

Ahora, frente a la figura de la responsabilidad de mando para los miembros de las FARC-EP, ésta se encuentra contenida en la “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz” (Ley Estatutaria)[2]. En su artículo 67 el mencionado instrumento dispone:

La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía.

 Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho internacional.”

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante mencionar que la Constitución de 1991 representó un logro en materia de creación de herramientas jurídicas para la protección de los DDHH en armonía con el Derecho Internacional, pues su promulgación significó un paso importante para la recepción y aplicación de los convenios internacionales, al situarlos a su mismo nivel jerárquico. Igualmente, desde 1995 y en particular durante la década del 2000, la Corte Constitucional desarrolló una noción más amplia respecto del denominado bloque de constitucionalidad, en relación con la adopción del Estatuto de Roma (Alonso, 2013, p.325).

 

Sobre el particular, es necesario mencionar que la Corte Constitucional ha estimado que no todo el texto del Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad, lo cual no obsta para que algunos de sus artículos sí lo conformen (Ramírez, 2015, p.124). Lo anterior resalta la necesidad de profundizar en la figura de la responsabilidad del superior jerárquico consagrada en el Estatuto de Roma y el Derecho Penal Internacional, porque en concordancia con la Corte Constitucional y las obligaciones internacionales de Colombia, el estándar internacional puede constituir un parámetro para el ejercicio del control de constitucionalidad del umbral de conocimiento positivo, introducido a la legislación nacional mediante el Acto Legislativo 01 de 2017.

 

A la luz del derecho penal internacional, todo superior jerárquico, en cualquier nivel, tiene la obligación jurídica de: (i) evitar que sus subordinados cometan crímenes internacionales; (ii) poner fin a aquellos delitos que sus subordinados se encuentren cometiendo; (iii) castigar a los subordinados que los llevaron a cabo; y (iii) someter la cuestión a las autoridades competentes cuando no tenga la capacidad para castigar directamente a sus subordinados (Cassese, 2003, p.208). Es así como la responsabilidad del superior requiere la existencia de una relación superior-subordinado entre el acusado y los autores del delito (ICTY, 2001, pp.303). Si estos últimos no pueden ser identificados, es suficiente con probar: (i) el grupo al que pertenecían en el momento en que cometieron los delitos; y (ii) la existencia de una relación superior-subordinado entre el acusado y dicho grupo (ICTY, 2000, pp.46).

 

Por su parte, de acuerdo con la jurisprudencia de la CPI, específicamente en el caso Bemba, el tribunal internacional ha interpretado que el mencionado concepto del control efectivo, como piedra angular de toda relación superior-subordinado, es aplicable tanto a superiores civiles como militares. Asimismo, es aplicable a superiores de iure y a superiores de facto. Superiores de jure son aquellos dirigentes que han sido nombrados formalmente para desempeñar funciones de mando, con independencia de su rango. En contraste, los superiores de facto son todos aquellos que, a pesar de no haber sido formalmente nombrados para desempeñar una función de mando, la desarrollan “de hecho” al ejercer un control efectivo sobre un grupo de personas que actúan a través de una cadena de mando (ICC, 2009, pp. 409). Como efecto de lo descrito, en el caso de los superiores de iure y de los superiores de facto, es necesario probar la existencia de un control efectivo por parte del acusado frente a los autores de los delitos. Es importante mencionar que el nombramiento formal u oficial del superior sólo proporciona una prueba de dicho control efectivo, que ni invierte la carga de la prueba ni excusa a la Fiscalía de presentar otros elementos de prueba muestren su existencia (ICTY, 2008, pp. 90).

 

Bajo esta misma línea, el Artículo 28 del Estatuto de Roma dispone lo siguiente sobre la Responsabilidad de los jefes y otros superiores:

 Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: 

  1. a)     El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: 
  2. i)     Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y 
  3. ii)     No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

 

Del referido artículo es posible observar que la CPI desarrolla el estándar de la negligencia consciente en lugar del conocimiento positivo, toda vez que los jefes militares serán responsables cuando cuentan con un control efectivo de sus subordinados –como la capacidad de evitar, reprimir y enviar la cuestión a las autoridades competentes– y cuando hubieren sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubieren debido saber que las fuerzas estaban cometiendo las violaciones de DHH o DIH (ICC, 2009, pp.415). Por lo anterior, las mencionadas disposiciones evidencian que el parámetro de la responsabilidad del superior jerárquico de acuerdo con el Derecho Penal Internacional es extensible tanto para los superiores de fuerzas regulares gubernamentales como para los superiores de fuerzas irregulares no gubernamentales.

 

Adicionalmente, es notable que el estándar de conocimiento positivo estipulado en el Acto Legislativo, que atribuye la responsabilidad al superior jerárquico siempre y cuando éste tenga conocimiento de la comisión de las violaciones de DDHH y DIH, no es compatible con el estándar de negligencia consciente. Por ende, bajo la norma internacional, las acciones de los subordinados serán atribuibles a los jefes militares cuando éstos hubieren debido saber que las fuerzas estaban cometiendo crímenes o se proponían cometerlos. Lo mismo sucede con el estándar de la responsabilidad atribuible al superior jerárquico en el marco de las FARC-EP (Artículo 67 de la Ley Estatutaria), pues el mismo tampoco tiene en cuenta el estándar plasmado en el Estatuto de Roma. La Ley Estatutaria, al afirmar que el control efectivo se entenderá como la “posibilidad real que el superior jerárquico tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos” también constituye un estándar de conocimiento positivo y, por ende, vulneratorio del estándar de negligencia consciente.

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Política judicial y estrategias propuestas

 

Por todo lo anterior, y con el fin de evitar impunidad frente en relación con la responsabilidad de mando para las fuerzas militares y las FARC-EP, y así evitar la posible activación de la competencia de la CPI en el marco del funcionamiento de la JEP, es necesario presentar una recomendación sobre los lineamientos que la respectiva política judicial debería seguir. Esto supondría una modificación a las normas colombianas tal como existen hoy, o por lo menos acudir a una interpretación armonizadora de las mismas, lo cual sería difícil en el escenario jurídico e institucional actual. Sin embargo, los riesgos de mantener las cosas en su estado presente son mayores y más perjudiciales para el Estado colombiano.  Dicha política judicial debe estar centrada en la incorporación del umbral internacional de la negligencia consciente como criterio de atribución de la responsabilidad del superior jerárquico en el ordenamiento nacional. Adicionalmente, este parámetro debe ser extendido a los jefes militares tanto de las fuerzas gubernamentales como de los actores no estatales en el marco del proceso de justicia transicional.

 

Para alcanzar dicho objetivo, y en concordancia con los puntos expuestos en el Escrito de Amicus Curiae de la Fiscal de la CPI Sobre la JEP, la recomendación de política sobre este asunto debe partir de una modificación del lenguaje de Acto Legislativo 01 de 2017 y de la Ley Estatutaria de la JEP, para evitar que este pueda interpretarse como una limitación a la definición de responsabilidad de mando recogida en el Estatuto de Roma. En consecuencia, la aproximación nacional al criterio de la responsabilidad del superior jerárquico debe ser aplicable tanto a los superiores de las FARC como de las fuerzas armadas del Estado, considerando que a la luz del DIH la condición jurídica de las partes en un conflicto no es un factor relevante (Cote, 2016, p.102).

 

De igual manera, el superior militar deberá ser responsable penalmente cuando tiene bajo su mando y control efectivo subordinados que cometieron los delitos sin la necesidad que el comandante en cuestión ejerza control efectivo sobre la propia conducta delictiva. A la luz de este asunto, la cuestión de si un comandante militar ejercía mando o control efectivo en el marco del conflicto armado no internacional puede ser resuelta con el análisis si el superior tenía capacidad material de prevenir o castigar los delitos cometidos por sus subordinados (Bensouda 2017).

 

Acto seguido, la política judicial debe centrarse en el requisito de conocimiento de la responsabilidad del superior jerárquico de conformidad con la definición del Estatuto de Roma. Se ha sostenido entonces que la expresión “hubiere debido saber” del Artículo 28 (a)(i) del Estatuto de Roma corresponde al estándar de negligencia consciente. Como efecto de lo anterior, la responsabilidad del comandante pasaría a activarse en los casos en que éste haya tenido conocimiento actual de los delitos de sus subordinados o haya debido saber de ellos. Dicho de otro modo, podrá enjuiciarse a un comandante si tiene a su disposición información que le hubiera puesto sobre aviso de los delitos, pero también en caso de que no hubiera hecho uso de los medios que tenía a su disposición para tomar conocimiento de los delitos. Asimismo, debe entenderse que la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para prevenir o castigar la comisión de un delito no se limita únicamente a los comandantes directos. Cuando un comandante de rango superior no adopta ese tipo de medidas sobre la base de información que tiene a su disposición, su responsabilidad penal también se activa (Oficina de la Fiscal de la CPI, 2017).

 

Con relación al elemento subjetivo de la responsabilidad del superior jerárquico como criterio de atribución de violaciones de DDHH y DIH, se debe precisar que el Artículo 28 del Estatuto de Roma prevé varias posibilidades, las cuales varían dependiendo de si el superior tiene carácter militar o civil. Según el Artículo 28 (a) (i) el jefe militar será penalmente responsable en cualquiera de los siguientes casos: (i) si “hubiere sabido” o (ii) si “en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber” que las fuerzas bajo su mando estaban cometiendo crímenes de competencia de la CPI o se proponían cometerlos. De forma similar, el Artículo 28 (b) (i) dispone con relación a los jefes que no tienen carácter militar, que estos serán penalmente responsables si (i) hubieren “tenido conocimiento” o (ii) si “deliberadamente” hubieren “hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos”.

 

Estos supuestos se pueden presentar en combinación con cualquiera de los deberes cuyo incumplimiento puede fundamentar la responsabilidad penal del superior, lo cual podría dar lugar a por lo menos cuatro situaciones distintas en la presente política con el fin de atribuir la responsabilidad por violaciones de DDHH y DIH a los comandantes militares (Cote, 2016, p. 69):

 

  • Situación 1: Un superior militar es responsable penalmente por no haber evitado la comisión de crímenes por parte de sus subordinados, a pesar de que sabía que estos crímenes se estaban cometiendo.

 

  • Situación 2: Un superior militar es responsable penalmente por no haber evitado la comisión de crímenes por parte de sus subordinados debido a que, si bien no sabía, en todo caso “hubiere debido saber” los hechos.

 

  • Situación 3: Un superior militar es responsable penalmente por no haber evitado la comisión de crímenes por parte de sus subordinados por no haber tomado las medidas necesarias para reprimir estos crímenes o informar a las autoridades competentes al respecto, estando al tanto de que estos crímenes se estaban cometiendo.

 

  • Situación 4: Un superior militar es responsable penalmente por no haber evitado la comisión de crímenes por parte de sus subordinados si según las circunstancias del momento, “hubiere debido” tener conocimiento de las violaciones de DDHH y DIH en curso.

 

Sumado a lo expuesto, y teniendo en cuenta las anteriores situaciones de atribución de responsabilidad, la política de acoplo a los estándares internacionales que se plantea acá propugna por la unificación de los parámetros, sin importar si se trata de agentes del Estado o de integrantes de las FARC para evitar tratamientos desiguales. Así pues, una aproximación a este tema debe comprender la uniformidad de estándares sobre esta figura en los diversos instrumentos que forman el corpus de la justicia transicional en Colombia. Esto se presenta por el hecho que ni el analizado Artículo 24 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, ni el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la JEP, coinciden con el Artículo 28 del Estatuto de Roma. Esto contrasta con el numeral 44 del Acuerdo de Víctimas, el cual efectivamente hace referencia al Artículo 28 del Estatuto de Roma al consagrar la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública fundada en: el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.

 

Por otra parte, y para hacer operativa la política judicial que se propone acá, es preciso partir del Decreto 869 de 2016, por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Artículo 4 de dicho Decreto, correspondiente a las funciones del Ministerio, se incluye la de articular las acciones de las distintas entidades del Estado en todos sus niveles y de los particulares, cuando sea del caso, en lo que concierne a los DDHH y el DIH. En este caso, se trata de articular las acciones entre las entidades colombianas, de acuerdo con las disposiciones de la CPI.

 

En este orden de ideas, la propuesta de “alineación” o ajuste de los distintos instrumentos de justicia transicional como el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley Estatutaria de la JEP y el Acuerdo de Víctimas al estándar internacional de la responsabilidad del superior jerárquico, debe adelantarse por medio de una acción conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. La mencionada Consejería tiene la función de impulsar y hacer seguimiento a las líneas de acción del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Como consecuencia de lo anterior, sería posible incorporar en la normatividad interna el referido parámetro internacional con el fin que este sea aplicado en el marco de la JEP por medio del Sistema Nacional de DDHH y DIH (SNDD). Lo anterior, por cuanto el SNDD se estableció con el fin de articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial, y coordinar sus acciones para promover el respeto y garantía de DDHH y el DIH, mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Integral de DDHH Y DIH (Kit, 2012).

 

Por último, esta estrategia comprendería la creación e implementación de una comisión intersectorial con entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Segunda del Senado y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Esta comisión intersectorial tendría la finalidad de hacer seguimiento a las sentencias de la JEP para verificar si las interpretaciones y decisiones de la sala de apelaciones de la JEP se ajustan a los parámetros internacionales, con el objetivo de evitar la activación de la complementariedad de la CPI y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado colombiano.


 

Notas:

[1] Profesor universitario e investigador en la Universidad de La Sabana, con Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de La Sabana (2016). Abogado de la Universidad del Rosario (2011). (Ver perfiles).

[2] Es importante precisar que la Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Congreso de la República y se encuentra bajo examen de la Corte Constitucional. Por lo tanto, aún no se encuentra vigente.

 

Bibliografía

 

Doctrina

 

  • Alonso, E. (2013). “Dinamismo del Estatuto de Roma como instrumento jurídico penal internacional en los veinte años del nuevo constitucionalismo colombiano”, Derecho y Realidad, Núm 21, I semestre de 2013.

 

  • Ambos, K. (2017). “La JEP debe tener en cuenta el Estatuto de Roma”. Entrevista, El Espectador, 25 de enero de 2017.

 

  • Oficina de la Fiscal de la CPI (2017). “Escrito de Amicus Curiae de la Fiscal de la Corte Penal Internacional Sobre La Jurisdicción Especial Para La Paz”, 18 de octubre de 2017. Disponible en el Archivo de ACEDI-CILSA (click acá).

 

  • Botero, C. (2005). “Estándares Internacionales y Procesos de Transición en Colombia”. En Rettberg (comp.). Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional. Bogotá: Universidad de los Andes.

 

  • Cassese, A. (2003). “International Criminal Law”, Oxford University Press.

 

  • Cote, G. (2016). “Responsabilidad del superior jerárquico y responsabilidad penal por omisión de miembros de la fuerza pública en Colombia: ¿convergencia entre el derecho penal nacional e internacional?, 28 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 49-112 (2016). http://dx.doi.org/10.11144/ Javeriana.il 14-28.rsjr.

 

  • Kit, Patricia. (2012). “El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: ¿una nueva etapa en la actuación en materia de derechos humanos en Colombia?”, Revista Ópera, Universidad Externado de Colombia.

 

  • Ramírez, J. (2015). “Incorporación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en Colombia. Especial Referencia a los Delitos de Lesa Humanidad”. Summa Iuris, 3(1), 116-149.

 

  • Valdivieso, A. (2012). “La justicia transicional en Colombia. Los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la política de Santos”, La Justicia Transicional en Colombia, Pap. Polít. Bogotá (Colombia), Vol. 17, No. 2, 621-653.

 

Decisiones judiciales

 

  • ICC, (2009), Prosecutor v. Bemba Sala de Cuestiones Preliminares II, Decisión de Confirmación de Cargos, ICC-01/05-01/08-424.

 

  • ICTY, (2000). Prosecutor v. Krnojelac (Decision on Form of Second Amended Indictment) ICTY- 97-25

 

  • ICTY, (2001). “Prosecutor v. Delalic et. al. (Appeals Chamber Judgement) ICTY-96-21-A.

 

  • ICTY, (2008). Prosecutor v. Oric (Appeals Chamber Judgement, Declaration of Judge Shahabuddeen; Partially Dissenting Opinion and Declaration of Judge Liu), ICTY-03-68-A.

 

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