Por Julián Huertas Cárdenas [1]
Pareciera que el capítulo de la crisis en Siria quedó cerrado con las últimas propuestas de Bashar Al-Assad y de Vladimir Putin. Incluso da la impresión de que Occidente logró su cometido de frenar el uso de armas químicas contra la población civil siria sin la necesidad de acudir a una guerra que ha contado con un pobre apoyo político y civil interno. Mientras que en la reunión del G20 en Moscú, Barack Obama y François Hollande (David Cameron fue bloqueado por el Parlamento inglés) intentaban convencer a Vladimir Putin y Xi Jinping de la necesidad de castigar a Bashar Al-Assad por el uso de armas químicas contra la población civil, viejos fantasmas del pasado rondaban por la que debía ser la reunión sobre economía más importante del mundo.
Estuvo –y sigue estando- el fantasma de Afganistán y, el más tenebroso de todos, Irak. Occidente no toleraría nuevamente una incursión tan desastrosa como la emprendida por George W. Bush en Irak, bajo el argumento de las (inexistentes) armas de destrucción masiva. Sin embargo, poco se habla de otros fantasmas, menos recordados hoy pero igual de bochornosos para la humanidad: los Balcanes, Camboya, Rwanda, Sierra Leona, entre otros. El mundo tampoco toleraría otra omisión que diera lugar a masacres de civiles a manos de sus propios gobernantes. Si bien es difícil justificar la intervención militar de Estados Unidos en Siria con el fantasma de Irak aún deambulando, también lo es aceptar que el Derecho Internacional puede ser usado como un arma contra los Derechos Humanos de la población. Por lo anterior, la comunidad internacional debió intervenir militarmente en Siria para evitar o mitigar las masacres reconocidas por el Secretario General de las Naciones Unidas. Pero también debe intervenir ahora para sancionar a los autores de dichos crímenes.
El Consejo de Seguridad y la intervención humanitaria
Las crisis humanitarias de finales del Siglo XX, en los que la comunidad internacional no actuó (o lo hizo demasiado tarde) demostraron que el sistema de equilibrio planteado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el siglo XX fue desbordado por eventos que escapaban a la lógica de la Guerra Fría. Si bien el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad fue una pieza fundamental para evitar la confrontación entre las potencias de los bloques capitalista y soviético, se trataba de un sistema limitado para atender otras situaciones de mayor complejidad (Cfr. Paul Kennedy, El Parlamento de la Humanidad, Caps. 2 y 3). En la segunda mitad del siglo XX el mundo entero se horrorizó no tanto por guerras entre Estados, sino por crisis humanitarias al interior de los mismos, y en los que el Capítulo VII de la Carta de San Francisco resultaba inútil o, al menos, insuficiente. A partir de lo anterior, se cuestionó el alcance de los poderes del Consejo de Seguridad y se replanteó el uso de la fuerza en casos de crisis humanitarias.
De este modo, se reinterpretó el alcance de lo que significa la “amenaza a la paz o quebrantamiento de la paz” (art. 39 de la Carta de las Naciones Unidas), para extenderlo a hechos como el desplazamiento masivo que origina una crisis humanitaria en un Estado determinado y que acaba afectando otros Estados vecinos. Los desplazamientos masivos fronterizos también amenazan la paz mundial, por ejemplo. Este nuevo entendimiento demostró que el esquema ideado para mantener la paz en la tensión constante de la Guerra Fría debía ser reformulado a fin de atender otro tipo de situaciones, pero siempre manteniendo el carácter institucional del uso de la fuerza. Las Naciones Unidas ya han autorizado el uso de la fuerza en intervenciones humanitarias o para el mantenimiento de la paz, como ocurrió en la antigua Yugoslavia, Somalia o Sierra Leona[2].
Siria y el uso de armas químicas
Cuando terminó la I Guerra Mundial, la comunidad internacional estuvo de acuerdo en prohibir el empleo de armas químicas y biológicas, plasmado en el protocolo de Ginebra de 1925 y reforzadas por otros instrumentos internacionales. En septiembre de 1992 se adoptó la Convención sobre Armas Químicas (CWC, por sus siglas en inglés[3]) en la Conferencia de Desarme de Ginebra, abierta a firma en 1993, y en 1997 se creó la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para dar aplicación a lo adoptado por la CWC. Por otra parte, la Convención de 1993 no solo prohibió el uso, sino también la producción, almacenamiento y comercio de esta clase de armas.
La adhesión al tratado de 1993 supone la realización de inspecciones a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ahora bien, Siria no ha firmado la Convención, al igual que otros cinco países: Corea del Norte, Egipto, Angola, Sudán del Sur y Somalia. Así mismo, Israel y Birmania firmaron el tratado pero no lo han ratificado y tampoco se han sometido a las inspecciones. Si bien Bashar Al-Assad ha manifestado recientemente la intención de Siria de adherir a la CWC, aún no se ha formalizado esta adhesión.
En esta línea, el artículo XII de la CWC que prevé las medidas para asegurar el cumplimiento de la Convención, incluidas las sanciones, establece lo siguiente:
“En los casos especialmente graves, la Conferencia someterá la cuestión, incluidas la información y conclusiones pertinentes, a la atención de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Con lo anterior queda en evidencia que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad que tiene la prerrogativa de activar el Capítulo VII de la Carta de San Francisco, que también contempla la posibilidad de sanciones económicas, restricciones de tránsito, entre otras[4].
La Responsabilidad de Proteger
Al capítulo XII de la CWC debe sumarse el reporte “Responsibility to Protect” (R2P), un informe elaborado por la International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) a solicitud del Gobierno de Canadá. El reporte de la ICISS partía del reconocimiento del fracaso en el manejo de diversas crisis humanitarias por la comunidad internacional y se propuso dar lineamientos que permitieran examinar la conveniencia de una intervención humanitaria y la forma en la que ésta debía ser conducida. Así, este reporte del año 2001 declaró en primer lugar que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos: i) de genocidios, ii) crímenes de guerra, iii) crímenes de lesa humanidad y iv) limpieza étnica. Como segundo principio, la doctrina del R2P afirma que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados a cumplir con tales obligaciones. Y tercero, si el Estado manifiestamente no puede proteger a sus ciudadanos de los cuatro eventos mencionados, y los intentos de solución pacíficos han fallado, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir a través de medidas coercitivas, incluyendo sanciones económicas y, como último recurso, intervención militar.
A diferencia de lo sostenido por Juan Ospino en su artículo Syrian Genocide, The World Silently Watching, no pareciera que en Siria se estuviera dando un caso de genocidio, pero no cabe duda de la comisión de crímenes de lesa humanidad, lo que en cualquier caso también daría lugar al uso de la fuerza previsto en el R2P.
Los tres pilares del Responsibility to Protect fueron acogidos por Naciones Unidas en el Documento Final de su Cumbre Mundial de 2005. Ahora bien, el reporte “Responsibility to Protect” estableció que el recurso de la intervención militar debía estar exclusivamente en cabeza del Consejo de Seguridad, lo que en el caso de Siria lo haría inviable debido a la conocida postura de Rusia y China. Lamentablemente, y en contraste con lo ocurrido en Libia en 2011, el Consejo de Seguridad no actúa para evitar una masacre que cobra miles de vidas de ciudadanos bajo el régimen de Bashar Al-Assad.
El uso de armas químicas y biológicas fue la “línea roja” que Obama estableció como límite a la pasividad de los Estados Unidos en la crisis siria. Aunque Siria se haya sustraído del régimen internacional de prohibición de Armas Químicas, ello no significa que las obligaciones relacionadas con el respeto de los derechos humanos puedan ser violadas sin consecuencia alguna. Es más, cabría hacerse la pregunta sobre si nos encontramos o no frente a una norma de Ius Cogens –en relación con la prohibición del uso de armas químicas y biológicas- con todo lo que ello implicaría.
Si bien la intervención militar a través del Consejo de Seguridad fue descartada, Estados Unidos debió hacer valer el espíritu original del R2P, que afirma que la soberanía del Estado supone no un derecho arbitrario sino una responsabilidad frente a sus ciudadanos. Los Estados Unidos, la Unión Europea y los demás bloques, dieron un ultimátum al Gobierno de Siria para que detuviera el uso de armas químicas y toda forma de crímenes contra la humanidad, so pena de sufrir las consecuencias del R2P. La comunidad internacional (y especialmente Estados Unidos) tuvo la responsabilidad de actuar en Siria tal como la OTAN lo hizo en Kosovo. Si no lo hizo a tiempo, ahora debe responsabilizar a los autores de estos crímenes mediante el juicio de un tribunal ad hoc o incluso la propia Corte Penal Internacional por remisión del Consejo de Seguridad[5].
La población inocente de Siria fue abandonada a su suerte y también fue víctima del fantasma de Afganistán e Irak. La única esperanza es que estos crímenes no vuelvan ocurrir y que sus autores sean juzgados. Tal vez esto ayude a aliviar la carga que pesará por muchos años sobre la conciencia de Occidente.
[2] En 1992 el Secretario General de la ONU Boutros Boutros-Ghali presentó un informe al Consejo de Seguridad, adoptado posteriormente por éste organismo, llamado “Agenda para la paz”. En él se plantea la necesidad de hacer un cambio en la política de seguridad y paz internacionales hacia las crisis humanitarias y las graves violaciones de Derechos Humanos. Para la lectura del documento ir a: http://www.unrol.org/files/A_47_277.pdf
[3] Chemical Weapons Convention
[5] Artículo 13 (b) del Estatuto de Roma
