La mutación de la lucha contra las BACRIM y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el postconflicto colombiano

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Por Sebastián Correa Cruz, Candidato a Mágister en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana (Colombia), Abogado Asociado en Abusaid Gómez & Asociados (Colombia),  Antiguo Pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Abogado  con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial de la Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia), Miembro del Grupo de Investigación de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana (Colombia). 


La macrocriminalidad y el crimen organizado son un fenómeno global que generalmente emerge en áreas urbanas. Aunque la macrocriminalidad no es novedosa en el Sistema Internacional, los Estados han comenzado a concebirla como una seria amenazas a su seguridad e integridad. Esta situación ha conllevado a que se replantee el marco jurídico aplicable para hacer frente a este fenómeno.

En Colombia, las Bandas Criminales (BACRIM) son organizaciones macrocriminales, significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades.[1]

En virtud de lo anterior, el 22 de abril de 2016, el Ministerio de Defensa de Colombia expidió la directiva 0015 de 2016 mediante la cual se presentan los lineamientos para caracterizar a las BACRIM como Grupos Armados Organizados (GAO). Dicha directiva tiene como fin reajustar el marco jurídico aplicable al significar el paso de la aplicación del marco jurídico de los Derechos Humanos a la aplicación del Derecho Internacional humanitario (DIH) para combatir a estos grupos criminales. Continue reading “La mutación de la lucha contra las BACRIM y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el postconflicto colombiano”

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La Frontera Colombo-Venezolana: Una Crisis Humanitaria Aún Latente

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Por Carolina Betancourt Maldonado, estudiante de Derecho de la Universidad de La Sabana

 

Actualmente una parte importante de la atención mundial está centrada en la crisis humanitaria de inmigrantes y refugiados que se vive en Europa a causa de la guerra civil en Siria y que ha tomado mayor gravedad con los ataques del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS o Daesh). Sin embargo, y aunque con importantes diferencias, esta realidad no está tan alejada de nosotros. Si bien el mismo éxodo se ha presentado por causas y con magnitudes distintas, no hace falta ir a otro continente -ni siquiera a otro país- para ser testigos y hasta víctimas de una crisis que aunque no tiene las mismas dimensiones, sí involucra desplazamientos masivos de personas (nacionales colombianos y venezolanos) y numerosas violaciones a los Derechos Humanos.

 

Desde el día 22 de agosto de 2015 el mundo ha sido testigo de las deportaciones masivas de colombianos que el Gobierno de Venezuela ha realizado como desarrollo de la operación “Liberación del Pueblo”, con fundamento en la precaria situación social que dicho país atraviesa actualmente. Esta crisis involucra aspectos económicos, políticos y de seguridad, problemas que a fin de cuentas son internos y que con una buena administración de políticas públicas podrían ser erradicados o al menos mitigados.

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La no Comparecencia de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia: la Miopía del Gobierno y la Ceguera de sus Defensores

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El Agente de Colombia Carlos Gustavo Arrieta, la Canciller María Ángela Holguín y el co-agente Manuel José Cepeda

 

Por Miguel Ruiz Botero, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. 

 

Los fallos de la Corte Internacional de Justicia del pasado 17 de marzo ofuscaron profundamente al gobierno nacional y a millones de colombianos. De manera expedita, el Presidente, flanqueado por la Canciller y – en un mensaje francamente vergonzoso – el Ministro de Defensa, declaró que Colombia no seguiría compareciendo ante la Corte. Horas después, en el Capitolio Nacional, reiteró esta posición mientras detrás de él asentían complacidos los líderes de todos los movimientos politicos ahí representados. Ese mismo fin de semana, los más diversos periodistas y líderes de opinion dejaron correr ríos de tinta en los periódicos respaldando, sin argumentos de peso, la decisión del ejecutivo.

 

Si bien las razones por las cuales no comparecer es un tremendo error han sido expuestas en la prensa escrita y en televisión por académicos infinitamente más calificados e instruidos que yo, desde entonces se han publicado dos artículos en particular, firmados por Giovanni Vega y Santiago Díaz (publicado en este medio a finales del mes pasado), que se aproximan al asunto desde un punto de vista técnico y cuyos argumentos, fruto de un estudio juicioso, siento no han sido adecuadamente respondidos. Díaz se refirió a buena parte de los argumentos presentados por Colombia en sus objeciones preliminares en ambos casos, aduciendo que la mayoría de ellas deberían haber sido aceptadas. Vega se refirió principalmente a la tercera objeción de Colombia en el caso sobre la Plataforma Continental Extendida, a saber aquella que versaba sobre la cosa juzgada o res judicata.

 

Si bien suscribo la posición de ambos autores sobre esta última objeción, no puedo estar de acuerdo con el análisis de Díaz, y mucho menos con la conclusión a la que ambos llegan. Esta conclusion es errada porque se despreocupa de dos asuntos fundamentales. El primero es: ¿Cómo llegamos acá? El segundo es: ¿Qué pasa después de que Colombia no comparezca? Intentaré responder estas preguntas tras un breve análisis de los argumentos jurídicos que ambos autores presentan.

 

El supuesto recurso de la Academia al argumentum ad verecundiam y la Demanda del Pacto de Bogotá

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¿Debe el Estado Colombiano Aceptar los Yerros en que Incurren las Sentencias de la CIJ, y la Academia Continuar Perdida en el Espiral del Argumentum ad Verecundiam?

 

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De la improcedencia de reducir la determinación gubernamental colombiana de no continuar compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia a una “explosión de fervor nacionalista”

 

Por Santiago Díaz-Cediel


 

Son tan numerosas como ávidas de ilusoria infalibilidad las reacciones que, en la academia colombiana, ha suscitado la emisión de las sentencias de excepciones preliminares de fecha 17 de marzo de 2016, en el curso de los dos procesos judiciales incoados por la República de Nicaragua contra la República de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Afirmo que codician –de manera insostenible– afán axiomático porque, en general, ninguna consulta la observancia de fundamentos jurídicos puntuales y la procedencia de su empleo en la decisión sobre el derecho internacional aplicable entre los Estados colombiano y nicaragüense. Por el contrario, reducen la decisión gubernamental colombiana de no continuar compareciendo ante el tribunal internacional a lo que denominan –de manera engañosa– como “patriotismo fanático”.   

 

La República de Colombia, avergonzada en demasía por el yugo que representó para su propia “imagen internacional”, el “conflicto armado interno” –con sus problemas conexos de narcotráfico, inseguridad y corrupción–, optó, con una suerte de “sentimiento de culpa”, por presentarse a sí misma ante la sociedad internacional como un Estado abanderado del “respeto” al derecho internacional.

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El Plan Colombia y la Regulación de las Aspersiones de Glifosato bajo el DIH y el DIDH

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Por: Sebastián Correa Cruz, pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, estudiante de Jurisprudencia en proceso de grado con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial, Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia). 

 

 

Colombia es considerado uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, la existencia de un conflicto armado, combinado con el fenómeno de narcotráfico, expresado en la producción y exportación de cocaína, ha llevado a la creación de diversas iniciativas en respuesta a esta problemática. Dentro de estas estrategias se encuentra el denominado Plan Colombia que desde 1997 ha pretendido por la eliminación total de los cultivos de coca mediante el uso de aspersiones aéreas del químico herbicida denominado glifosato.[1]

Las aspersiones con esta sustancia han arrojado como resultado que Colombia pierda alrededor de 3.000 Km2 de bosques cada año por el proceso conocido como triple deforestación. Este proceso se presenta cuando los cultivos de coca son plantados y se da inicio a las aspersiones de glifosato que resultan en la destrucción tanto de los cultivos de coca como los cultivos de alimentos, produciendo así un desplazamiento de los campesinos a lugares no afectados por las aspersiones donde se inicia nuevamente  el proceso.[2]

Ahora bien, a la luz del Derecho Internacional, se concibe como regla general que los Estados son quienes tienen la autoridad exclusiva de regular las conductas que ocurren dentro de su propio territorio al partir del principio de territorialidad de la ley y de la obligación de no injerencia en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los mismos[3]. En este entendido, en cuanto la cuestión de las aspersiones aéreas de glifosato en el territorio colombiano es posible concebir la existencia de una dualidad en cuanto su regulación. Esta dualidad se expresa, por una parte, como respuesta al uso de un arma química o biológica en el curso de un conflicto armado de carácter no internacional regulado por el Derecho Internacional Humanitario[4]; y por otra, como un componente de una acción doméstica de policía para neutralizar el fenómeno del narcotráfico, donde la regulación pertinente sería aquella referente al derecho interno y al estándar de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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The Colombian peace process and the American opposition to the International Criminal Court

 

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By Julián Huertas, LL.M. in International Law, Universidad de La Sabana (Colombia); LL.B., Universidad del Rosario (Colombia). Professor and researcher at Universidad de La Sabana. Email: Julian.huertas1@unisabana.edu.co 

 

The current Colombian peace process between the Government and FARC, may deal not only with most visible (national) actors in the conflict, but also with the United States. Since 1998, with the “Plan Colombia” programme, the US has been greatly involved in the Colombian conflict. This fact can be relevant for the purpose of stablishing the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over US nationals, though it has not been accepted by the United States. In the context of a transitional justice plan within the framework of the Rome Statute, a non-rigid approach to amnesties can be the key to solve many of the US and Colombian concerns. This post will analyze the ICC jurisdiction over US citizens in the context of the Colombian peace process and will propose new approaches for the main fear of the United States towards the ICC. 

 

Introduction

Last September 13th 2015, the Colombian Government and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaFARC (Colombian Revolutionary Armed Forces) publicly announced an agreement to establish a ‘Special Jurisdiction for Peace’. This sort of jurisdiction will address the crimes committed during the Colombian armed conflict, a complex mix of confrontations between the State armed forces, leftist guerrillas and right-wing paramilitaries that have caused thousands of atrocities during more than 50 years. The sanctions of those crimes are part of the fifth point of the negotiations agenda: the rights of victims.[1]  At the same time, on November 12 of this year, the Office of the Prosecutor (OTP) published the Report on Preliminary Examinations in Colombia. In such Report, Prosecutor Bensouda “expressed her hope that the Agreement on the Creation of a Special Jurisdiction for Peace in Colombia would constitute a genuine step towards ending the decades-long armed conflict while paying homage to justice as a critical pillar of sustainable peace”, but indicated that the OTP will “carefully review and analyse the provisions of the agreement, in particular with respect to the restrictions of liberty in special conditions and the inclusion of state agents”.[2] However, the Colombian peace process may deal not only with most visible actors in the conflict (the guerrillas, the Government and the paramilitaries), but also with the United States. Since 1998, with the “Plan Colombia” programme, the US has been greatly involved in the Colombian conflict and that can be relevant for stablishing the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over US nationals, even though it has not been accepted by the United States.

 

Nevertheless, as referred by David Schaffer, the former US Ambassador at Large for War Crimes Issues (1997-2001), when he headed the US delegation to the United Nations negotiations on the International Criminal Court, it is “untenable to expose the largest deployed military force in the world, stationed across the globe to help maintain international peace and security and to defend U.S. allies and friends, to the jurisdiction of a criminal court the U.S. Government has not yet joined”.[3] The concern of having military personnel prosecuted and sanctioned by the International Criminal Court (ICC), a tribunal based on a treaty the USA has not ratified, is the key to understand the USA opposition to the ICC jurisdiction over its nationals. As will be explained through this article, according to Article 12 of the Rome Statute, the ICC is capable of prosecuting American citizens (and other non-party States citizens), even if their home State has not accepted the ICC’s jurisdiction. Considered by some as the “single most fundamental flaw in the Rome Treaty”[4], the US is right when it fears its troops around the world could face an ICC indictment. One of those possible scenarios considered by the US is the Colombian armed conflict, which has existed for more than 50 years.

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El silencio de la Corte Penal Internacional frente a la Jurisdicción Especial para la Paz del Gobierno y las FARC: Informe de 2015

 

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Por Nicolás Córdoba y Julián Huertas, co-fundadores de ACEDI-CILSA (ver perfiles)

 

El pasado 12 de noviembre, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional -CPI- hizo público su Reporte sobre las Actividades de los Exámenes Preliminares que lleva a cabo esta entidad (Report on Preliminary Examination Activities – 2015, click acá para acceder al Reporte completo en inglés). El mismo día, la Oficina del Fiscal también reprodujo -en un documento distinto y en español- los resultados particulares de Colombia junto con Honduras: Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar: Situaciones en Colombia y Honduras. Como es de amplio conocimiento, la situación colombiana viene siendo objeto de este examen preliminar por parte de la Oficina del Fiscal desde junio de 2004, y ya en 2012 la Oficina del Fiscal había presentad su Reporte Intermedio sobre la Situación en Colombia (click acá para descargar el Reporte Intermedio).

 

A manera de contexto, el Estatuto de Roma entró en vigor para el país (en su territorio y para con sus nacionales) el 1 de noviembre de 2002. Sin embargo, y en concordancia el artículo 124 del mencionado instrumento, la CPI únicamente tendría jurisdicción sobre los eventuales crímenes de guerra ocurridos en territorio colombiano, o por sus nacionales, desde el 1 de noviembre de 2009.

 

Actualmente la situación colombiana se encuentra bajo análisis de la Oficina del Fiscal en cinco áreas diferentes: i) seguimiento al desarrollo del Marco Jurídico para la Paz y otros avances legislativos, así como aspectos jurisdiccionales relativos al surgimiento de “nuevos grupos armados ilegales”; ii) procedimientos relativos a la promoción y expansión de grupos paramilitares; iii) procedimientos relativos a desplazamientos forzados; iv) procedimientos relativos a crímenes sexuales; y, v) procedimientos relativos al asesinato y desaparición forzada (falsos positivos). Es decir, la Oficina del Fiscal se encuentra examinando, preliminarmente, posibles comisiones de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (arts. 7 y 8 del estatuto de Roma) cometidos en territorio colombiano o por nacionales colombianos desde el 1 de noviembre de 2002 y 1 de noviembre de 2009, respectivamente.

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Mentiras tras la Definición de Costumbre de la Corte Internacional de Justicia: ¿Una Nueva Receta?*

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Por: Fabián Augusto Cárdenas[1] y Óscar Orlando Casallas[2]

Hemos decidido compartir algunas preocupaciones teóricas que se encuentran en el actual estudio de los investigadores Fabián Cárdenas y Óscar Casallas, sobre las fuentes de Derecho Internacional y particularmente la teoría de la costumbre internacional, la cual está basada en mentiras e inexactitudes.

La primera vez que se asiste a un curso introductorio de Derecho Internacional (DI), se enseña que la costumbre internacional es lo que dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el artículo el artículo 38, el cual establece que: “[…] la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”. En consecuencia generalmente se piensa que la costumbre internacional estaba conformada por dos ingredientes: La práctica estatal y la opinio juris, siendo el primero el elemento objetivo mientras que el segundo es el elemento subjetivo, y una vez juntos, de manera espontánea la costumbre internacional era creada.

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Breve Comentario sobre el Consumo en el Mercado Internacional

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Por: Maximiliano Arango Grajales [1]

“El tiempo es un elemento de tanta consecuencia en las relaciones jurídicas, y ha dado motivo a tantas divergencias en las decisiones de las judicaturas y en la doctrina de los jurisconsultos, que no se ha creído superfluo fijar reglas uniformes…”[2]

No es un secreto histórico, ni un íntimo resguardo, que las reglas uniformes de la época de la codificación, al cual pertenece el Código Civil Colombiano, se afiliaron a una concepción filosófica particular. No sólo al liberalismo enciclopédico, laisser-faire et laisser-passer; también a otro tipo de inspiraciones que veían al Estado como culmen de la evolución humana: la Ley es la máxima expresión de la Nación y como tal, es incorruptible e inexpugnable. Es así que los Códigos y las normas en ellos, eran obligatorias para todo aquél que estuviere a su alcance…no estándolo quien estaba sometido a la concurrencia de distintos Códigos. Y entre éstos y aquellos, se demandaba aplicación primera y última frente a ciertas situaciones. La territorialidad de la Ley se erige como principio, en el cual residen conceptos de mayor entidad, como la soberanía, la seguridad, etc.

Afiliado al discurso anterior, se encuentra el concepto 12-150854-00001-0000 de la Superintendencia de Industria y Comercio; que respondió a la siguiente pregunta: Al comprar componentes nuevos en el exterior (SIC) cuáles son las normas de garantía que aplican al producto? (SIC) Las nacionales o las impuestas por el fabricante en el exterior? De existir un representante en Colombia, (SIC) debe este prestar el soporte o puede negarse a hacerlo teniendo en cuenta que no vendió el componente? A lo cual, luego del discurso de la territorialidad, la autoridad de control fue tajante. En ningún momento fue dubitativa en el contenido de la territorialidad tanto de la Ley como de sus competencias:

“En consecuencia, si el negocio jurídico que generó la relación de consumo se celebró en el exterior, con una empresa extranjera, que no cuenta con sucursal o representación legal en Colombia, dicha relación de consumo desborda el ámbito de aplicación de las normas de protección al consumidor nacionales, así como nuestras facultades.”   

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