¿Hacia el Fin de una Justicia Penal Internacional Global?

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Por: Alejandro León Quiroga[1]

El 17 de julio de 1998 fue un día marcado por el optimismo en la comunidad internacional. Después de intensas negociaciones y las experiencias dejadas por una historia plagada de atrocidades y violencia, 120 Estados adoptaron el texto del Estatuto de Roma, instrumento en el cuál se estaba logrando la creación de una de las instituciones más anheladas por las naciones del mundo: una Corte Penal Internacional permanente con vocación universal que elimine la impunidad de los máximos responsables de los crímenes más graves en contra de la humanidad. El Estatuto de Roma entró en vigencia el 1 de julio de 2002, con la ratificación del mismo por parte de 60 Estados, siendo considerado por algunos como un hito y una gran conquista[2].

Una década después aquel optimismo parece haberse desvanecido, y la Corte Penal Internacional se encuentra atravesando uno de sus peores momentos. El prestigio que se pretendía cuando el optimismo invadía al mundo diplomático parece estar transformándose en todo lo contrario, y cada vez la desconfianza en la Corte y sus agentes incrementa de forma preocupante. La comunidad internacional depositó grandes expectativas en la Corte Penal Internacional, el optimismo y el maximalismo moral con el cual fue redactado su estatuto es una clara evidencia de aquello, y a su vez parece ser la semilla misma de la crisis en la cual se encuentra.

Durante una década de existencia la Corte Penal Internacional sólo ha proferido un fallo condenatorio, el 14 de marzo de 2012 en contra de Thomas Lubanga Dyilo, en primera instancia, esperando todavía la decisión definitiva por parte de la sala de apelaciones. Este organismo tiene bajo su conocimiento un número reducido de casos y  el tiempo invertido en el examen de los mismos parece ser excesivo, sin obtener resultados tangibles que cumplan con las expectativas de la comunidad internacional y poniendo en tela de juicio su eficiencia. Continue reading “¿Hacia el Fin de una Justicia Penal Internacional Global?”

Breve Noción del Derecho de los Negocios Internacionales

Autor: Luis Felipe Sarmiento Vargas*

International trade law

 

Día a día se está convirtiendo en una máxima de un número considerable de abogados manejar más a fondo y con un espectro mucho más amplío lo concerniente al derecho de los negocios. No obstante, y debido a la coyuntura actual basada en el desarrollo propio de la globalización, el entendimiento del derecho de los negocios abarca factores que, hasta no hace mucho, no eran del todo utilizados; estos son, pues, los elementos extranjeros. Es en este momento cuando se hace referencia al derecho de los negocios internacionales, un derecho poco estudiado y abordado en materia de pregrado en una inmensa mayoría de instituciones de educación superior en Colombia –al menos comparándolo con la dedicada al derecho internacional público o, incluso, al derecho internacional privado- y que toma bastante fuerza en materia de especializaciones y maestrías.

El derecho de los negocios internacionales se puede considerar entonces como un derecho autónomo que, no obstante, no puede del todo desdibujar su relación con el derecho internacional privado o la contratación internacional. Es por esto que para hacer una mayor diferenciación entre estas ramas del derecho se debe partir, como primera medida, del derecho interno para que, a partir de ello, se estructure su distinción con el derecho internacional en general y sus distintas ramificaciones en particular. Continue reading “Breve Noción del Derecho de los Negocios Internacionales”

¿Por Qué Estudiar una Maestría o Doctorado en Derecho en el Exterior?

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Autor: Roberto Chain, Abogado egresado de la Universidad del Rosario (Colombia), Especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte (Colombia), Magíster en Leyes de Pennsylvania State University (USA). Mail: rchain@chainco.co, Twitter: @RChainSaieh 

Muchas veces, cuando un abogado recién graduado de la Universidad o con poca experiencia como profesional toma la decisión de iniciar sus estudios de Maestría o Doctorado en Derecho fuera del país en donde está licenciado para ejercer su práctica jurídica, avienen preguntas comunes como: ¿Por qué estudiar Derecho en otro país, si las leyes en ese otro país son diferentes de las del país donde usted regularmente ejerce su práctica jurídica?

Sí, es cierto que las normas jurídicas que rigen en la República de Colombia sobre el contrato de Agencia Comercial prevista en el Código de Comercio, por ejemplo, difieren de las normas que rigen para este tipo de contrato en el Estado de Delaware en los Estados Unidos, o que probablemente, de la legislación que al respecto se aplique en Portugal. Pero los estudios de Maestría o Doctorado en Derecho, los considero como estudios más especializados y pormenorizados de las instituciones del Derecho de interés del Abogado y que, su diferente concepción y aplicación en el país de destino, pueden, potencialmente ofrecer mayores criterios a la hora de resolver conflictos o evitar futuros pleitos judiciales.

La experiencia de varios abogados colombianos nos dice que aquellos que decidieron, por ejemplo, emprender un Estudio de Maestría o Magíster en Leyes de alguna Escuela de Leyes (Facultad de Derecho) en los Estados Unidos o de cualquiera de las más renombradas universidades en Alemania, Francia, Italia y España, ha demostrado que tienen mejores oportunidades profesionales tanto en el sector público como en el sector privado, a nivel nacional e internacional.

Más allá de querer ofrecerles unas razones románticas de por qué estudiar una Maestría o Doctorado en el extranjero que puedan resultar enriquecedoras, quiero referirme, puntualmente, a aquellos aspectos que deben resaltarse a la hora de tomar esta decisión:

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Syrian Genocide, The World Silently Watching

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* Author: Juan Ospino, International Relations and Political Sciences student, Florida International University Honors College, and US Navy Personnel Specialist

From 1963 to 2011, the Syrian Government applied the “Emergency Law” effectively suspending most constitutional protections for its citizens. Hafiz al-Assad took power in 1970, and after 30 years of ruling, in 2000, his son Bashar al-Assad took office. In total, the al-Assad’s rulings have been the second longest governments in the Arab world. The tyranny guided the country into decades of tensions, and in March 2011 Syria finally entered into a civil war.

Assad’s government is considered to have one of three largest stockpiles of chemical weapons in the world, and US intelligence reports have proven these had been used against civilians. The actions taken by the Syrian government constitute genocide (acts committed with intent to destroy, in whole in part, a national, political, ethnical, racial or religious group). To exacerbate matters, usual gimmicks played by politicians are delaying intervention (which is legally required to the signatory nations of the Genocide Convention). Today, the people of Syria are in desperate need for help, and the world watches silently while another genocide unfolds.

The New York Times reported on April 13, 2013 that British military scientists examined soil samples from several conflict areas in Syria. The group of experts found forensic evidence that chemical weapons had been used in these areas. Additionally, photographs of the devastation are circulating all over the world, showing civilian corpses laying aside with dead animals. The Times has also reported that the British and French governments had sent cables to the UN Secretary General documenting the evidence from Aleppo, Homs, and Damascus. In addition, Israel has followed up with similar reports. Last year President Obama promised to intervene militarily in the face of chemical weapon evidence, but the administration has not acknowledged any of the French, British or Israeli claims.[i]

APPLICABLE PRINCIPLES REGARDING INTERNATIONAL INTERVENTION IN SYRIA

UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide:

On December 9, 1948 The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted by the United Nations General Assembly as GA Resolution 260. After its entry into force as a binding treaty through the ratification procedure all participating countries had compromised to prevent and punish genocide by any standards.

Today, the Syrian government is using chemical weapons to exterminate Syrian nationals alongside with other ethnic and political groups to demonstrate that opposition is not tolerated. In June 2013, the death toll surpassed 100,000 according to the United Nations, between 80,350 and 106,425 people have been killed, up to 28,000 people had been reported missing, including civilians forcibly abducted by government troops or security forces, about 4 million Syrians have been displaced within the country and 1.8 million have fled to other countries. In addition, more than 100,000 protesters have been tortured in clandestine prisons.[ii] Continue reading “Syrian Genocide, The World Silently Watching”

COLOMBIA: Un Conflicto a Pesar de Sí Mismo

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Por: JUAN FERNANDO GONZALEZ, Egresado de la Universidad del Rosario 2012, Miembro de ACEDI-CILSA

En tiempos donde se adelanta el proceso de paz de uno de los conflictos más antiguos del mundo es vital determinar cuál puede ser la visión del Estado Colombiano: si efectivamente vivimos en tiempos de paz, o aceptamos la cruda realidad de la existencia de un conflicto armado que no se va.

Para entender la violencia como un conflicto armado es necesario la caracterización que de este último se ha hecho, entendiendo que no hay una definición uniforme, mediante programas de recolección de datos, grupos de trabajo, decisiones de tribunales internacionales, y tratados de Derechos Humanos.

Enfocándose en la definición de tribunales internacionales sobre el “conflicto armado”, el pionero ha sido el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) pues ha sentado las bases para la determinación de la existencia de un conflicto armado. En efecto, en el caso TADIC, se estableció que un conflicto armado existe cuandoquiera que se recurre a la fuerza armada entre Estados o violencia armada prolongada entre las entidades estatales y grupos organizados o entre estos grupos dentro de un Estado. [1]   

Descartando lo obvio (no hay violencia entre Estados) es necesario remitirse a la definición de grupo armado organizado dada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  para determinar si en Colombia existen los supuestos que permitan hablar de tales grupos. Se afirma que grupos armados organizados son aquellos que desarrollan una suficiente capacidad de organización militar para conducir hostilidades en nombre de una de las partes del conflicto, aunque no siempre con los mismos medios, la intensidad y nivel de sofisticación equivalen a  fuerzas del Estado[2]. Esta definición cabe perfectamente para los grupos armados organizados en Colombia, más allá de su denominación de terroristas o meramente criminales. Continue reading “COLOMBIA: Un Conflicto a Pesar de Sí Mismo”

La CIJ y el Fallo que Reconfiguró el Mar Caribe

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Por:  Nicolás Córdoba Pineda y Julián Huertas Cárdenas, miembros fundadores de ACEDI-CILSA

Hay en principio cuatro tipos de regímenes que regulan los diferentes derechos que tiene un Estado sobre el mar: I) Mar territorial, II) Zona Contigua, III) Zona Económica Exclusiva, y IV) Plataforma Continental. Tal y como lo ha indicado la corte en oportunidades anteriores y como es reconocido por el Derecho Internacional, sólo el mar territorial se constituye como un espacio sobre el cuál un Estado puede ejercer soberanía. En otras palabras, por doce millas, y sólo por estas, se proyectan hacia el mar todos los derechos que se tienen sobre la tierra.

Colombia venía ejerciendo soberanía únicamente sobre aquellas porciones de mar territorial adyacentes a las islas, cayos e islotes del archipiélago. En concordancia con ello la Corte reconoció el derecho al mar territorial del que gozan dichas formaciones insulares, incluyendo a Quitasueño (art. 121 de la CONVEMAR aplicada por costumbre al caso) y por lo tanto Colombia sigue ejerciendo dicha soberanía, con el resultado de que no se modificó ningún límite del territorio.

Ahora bien, sobre la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental la Corte recordó lo que a la luz de la costumbre internacional se reconoce como derechos (“entitlements”) sobre estas áreas, aduciendo así que lo que tiene el Estado costero es un mero goce de derechos para los fines de explotación y exploración de recursos naturales en el área delimitada, es decir, derechos de pesca y derechos sobre los recursos del suelo y sub-suelo del lecho marino.

La Corte no trazo una frontera entre los mares territoriales de Nicaragua y de Colombia, por la simple razón de que estos espacios marítimos no se superponen, debido a la distancia que existe entre la costa de Nicaragua y las islas colombianas. Por la misma razón, la Corte encontró que lo que se superpone es, de un lado la plataforma continental y la zona económica exclusiva de los dos países en el sector central (islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Alburquerque, Cayos del Este-Sudeste y Roncador), y del otro, la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Nicaragua con el mar territorial de Quitasueño y de Serrana.  Por esa razón en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la Sentencia se traza una línea de delimitación de zonas económicas exclusivas y plataforma continentales y en el párrafo 5 se trazan unas líneas distintas (por medio de la técnica de los enclaves) delimitando la plataforma y la zona económica de Nicaragua del mar territorial de Colombia. Continue reading “La CIJ y el Fallo que Reconfiguró el Mar Caribe”

Una reacción sobre el artículo “Control constitucional de sentencia de Corte Internacional de La Haya” de Juan Manuel Charry Urueña.

*** Publicamos un artículo de Nicolás Córdoba Pineda, estudiante de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y Miembro Fundador de ACEDI – CILSA, que responde a las tesis que Juan Manuel Charry expuso en el periódico Ámbito Jurídico el 27 de febrero de 2013 (disponible en: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-130227-11control_constitucional_de_sentencia_de_corte_internacional_de_la/noti-130227-11control_constitucional_de_sentencia_de_corte_internacional_de_la.asp)***

CIJ

En el artículo del doctor Charry se recuerda que el Artículo 101 de la Constitución señala tanto la forma como se establecen los límites del territorio como la forma como se modifican dichos límites.

En el primer caso, la voluntad del constituyente fue que los límites del territorio serían los establecidos por medio de tratados debidamente ratificados o por medio de laudos arbitrales donde sea parte la nación.  En el segundo caso, su voluntad fue que dichos límites, una vez establecidos, podrían modificarse únicamente mediante tratados aprobados por el Congreso.

Creo que el texto es claro en que para modificar un límite del territorio colombiano se requiere la celebración de un tratado y que este tratado debe ser no solamente aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional sino debidamente perfeccionado en el plano internacional por el ejecutivo.

Por lo tanto, si se concluye que con la Sentencia la Corte Internacional de Justicia trazó una línea mediante la cual se modifican los límites del territorio, es forzoso concluir que la única forma en que no se configura una violación del Artículo 101 es si el límite incorporado en esa decisión es recogido en el texto de un tratado internacional y este tratado se somete a los trámites descritos.

Ahora bien, debe tenerse presente cuál es el verdadero objeto-materia del Artículo 101.  Como lo enuncia su título mismo, esta disposición se refiere en realidad al territorio de la nación y solo en forma auxiliar a los límites de dicho territorio.  Continue reading “Una reacción sobre el artículo “Control constitucional de sentencia de Corte Internacional de La Haya” de Juan Manuel Charry Urueña.”