¿Otra prueba para la JEP? La Responsabilidad del Superior Jerárquico en la Jurisdicción Especial para la Paz frente al Estatuto de Roma

 

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Por Julián Huertas, profesor universitario, cofundador de ACEDI-CILSA[1].

 

 

Ante el actual escenario de postconflicto en Colombia, se ha discutido en abundancia sobre la forma en que se deben tratar los crímenes cometidos por miembros de las FARC y agentes del Estado, y que implican violaciones de Derechos Humanos -DDHH- o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario -DIH-. En este contexto, un aspecto que ha generado especial preocupación es el de la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, sobre todo cuando se trata de miembros de la Fuerza Pública colombiana. En ese sentido, se ha aludido a la denominada “doctrina de responsabilidad por el mando” o “responsabilidad del superior jerárquico”, la cual constituye una forma de imputación de responsabilidad penal que ha sido desarrollada en el Derecho Internacional y que debe ser tenida en cuenta en el marco de la justicia transicional (Cote, 2016, p.54).

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La mutación de la lucha contra las BACRIM y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el postconflicto colombiano

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Por Sebastián Correa Cruz, Candidato a Mágister en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana (Colombia), Abogado Asociado en Abusaid Gómez & Asociados (Colombia),  Antiguo Pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Abogado  con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial de la Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia), Miembro del Grupo de Investigación de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana (Colombia). 


La macrocriminalidad y el crimen organizado son un fenómeno global que generalmente emerge en áreas urbanas. Aunque la macrocriminalidad no es novedosa en el Sistema Internacional, los Estados han comenzado a concebirla como una seria amenazas a su seguridad e integridad. Esta situación ha conllevado a que se replantee el marco jurídico aplicable para hacer frente a este fenómeno.

En Colombia, las Bandas Criminales (BACRIM) son organizaciones macrocriminales, significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades.[1]

En virtud de lo anterior, el 22 de abril de 2016, el Ministerio de Defensa de Colombia expidió la directiva 0015 de 2016 mediante la cual se presentan los lineamientos para caracterizar a las BACRIM como Grupos Armados Organizados (GAO). Dicha directiva tiene como fin reajustar el marco jurídico aplicable al significar el paso de la aplicación del marco jurídico de los Derechos Humanos a la aplicación del Derecho Internacional humanitario (DIH) para combatir a estos grupos criminales. Continue reading “La mutación de la lucha contra las BACRIM y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el postconflicto colombiano”

El Plan Colombia y la Regulación de las Aspersiones de Glifosato bajo el DIH y el DIDH

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Por: Sebastián Correa Cruz, pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, estudiante de Jurisprudencia en proceso de grado con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial, Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia). 

 

 

Colombia es considerado uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, la existencia de un conflicto armado, combinado con el fenómeno de narcotráfico, expresado en la producción y exportación de cocaína, ha llevado a la creación de diversas iniciativas en respuesta a esta problemática. Dentro de estas estrategias se encuentra el denominado Plan Colombia que desde 1997 ha pretendido por la eliminación total de los cultivos de coca mediante el uso de aspersiones aéreas del químico herbicida denominado glifosato.[1]

Las aspersiones con esta sustancia han arrojado como resultado que Colombia pierda alrededor de 3.000 Km2 de bosques cada año por el proceso conocido como triple deforestación. Este proceso se presenta cuando los cultivos de coca son plantados y se da inicio a las aspersiones de glifosato que resultan en la destrucción tanto de los cultivos de coca como los cultivos de alimentos, produciendo así un desplazamiento de los campesinos a lugares no afectados por las aspersiones donde se inicia nuevamente  el proceso.[2]

Ahora bien, a la luz del Derecho Internacional, se concibe como regla general que los Estados son quienes tienen la autoridad exclusiva de regular las conductas que ocurren dentro de su propio territorio al partir del principio de territorialidad de la ley y de la obligación de no injerencia en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los mismos[3]. En este entendido, en cuanto la cuestión de las aspersiones aéreas de glifosato en el territorio colombiano es posible concebir la existencia de una dualidad en cuanto su regulación. Esta dualidad se expresa, por una parte, como respuesta al uso de un arma química o biológica en el curso de un conflicto armado de carácter no internacional regulado por el Derecho Internacional Humanitario[4]; y por otra, como un componente de una acción doméstica de policía para neutralizar el fenómeno del narcotráfico, donde la regulación pertinente sería aquella referente al derecho interno y al estándar de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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Convocatoria para el Curso Intensivo en Derecho Internacional y Conflicto Colombiano

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El próximo 20 de noviembre vence el plazo para aplicar a la convocatoria del Curso Intensivo en Derecho Internacional y el Conflicto Colombiano que organiza la Universidad de los Andes. El curso tendrá una duración cuatro días, del 9 al 12 de diciembre de 2015. Las sesiones tendrán lugar en las sedes de la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana y Universidad Externado. Así mismo, el programa no tendrá costo para los seleccionados.

 

El Curso Intensivo en Derecho Internacional y el Conflicto Colombiano busca ayudar a profundizar en los principales conceptos y discusiones actuales del derecho internacional, haciendo énfasis en el conflicto armado colombiano y las negociaciones que se adelantan con la guerrilla de las FARC en La Habana.

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