Por: Sebastián Correa Cruz, pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, estudiante de Jurisprudencia en proceso de grado con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial, Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia).
Colombia es considerado uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, la existencia de un conflicto armado, combinado con el fenómeno de narcotráfico, expresado en la producción y exportación de cocaína, ha llevado a la creación de diversas iniciativas en respuesta a esta problemática. Dentro de estas estrategias se encuentra el denominado Plan Colombia que desde 1997 ha pretendido por la eliminación total de los cultivos de coca mediante el uso de aspersiones aéreas del químico herbicida denominado glifosato.[1]
Las aspersiones con esta sustancia han arrojado como resultado que Colombia pierda alrededor de 3.000 Km2 de bosques cada año por el proceso conocido como triple deforestación. Este proceso se presenta cuando los cultivos de coca son plantados y se da inicio a las aspersiones de glifosato que resultan en la destrucción tanto de los cultivos de coca como los cultivos de alimentos, produciendo así un desplazamiento de los campesinos a lugares no afectados por las aspersiones donde se inicia nuevamente el proceso.[2]
Ahora bien, a la luz del Derecho Internacional, se concibe como regla general que los Estados son quienes tienen la autoridad exclusiva de regular las conductas que ocurren dentro de su propio territorio al partir del principio de territorialidad de la ley y de la obligación de no injerencia en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los mismos[3]. En este entendido, en cuanto la cuestión de las aspersiones aéreas de glifosato en el territorio colombiano es posible concebir la existencia de una dualidad en cuanto su regulación. Esta dualidad se expresa, por una parte, como respuesta al uso de un arma química o biológica en el curso de un conflicto armado de carácter no internacional regulado por el Derecho Internacional Humanitario[4]; y por otra, como un componente de una acción doméstica de policía para neutralizar el fenómeno del narcotráfico, donde la regulación pertinente sería aquella referente al derecho interno y al estándar de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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