El Plan Colombia y la Regulación de las Aspersiones de Glifosato bajo el DIH y el DIDH

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Por: Sebastián Correa Cruz, pasante en la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York, estudiante de Jurisprudencia en proceso de grado con Profundización en Derecho Internacional y Derecho Comercial, Universidad del Rosario (Colombia); Miembro de la Línea de Investigación de Derecho Internacional Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia). 

 

 

Colombia es considerado uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, la existencia de un conflicto armado, combinado con el fenómeno de narcotráfico, expresado en la producción y exportación de cocaína, ha llevado a la creación de diversas iniciativas en respuesta a esta problemática. Dentro de estas estrategias se encuentra el denominado Plan Colombia que desde 1997 ha pretendido por la eliminación total de los cultivos de coca mediante el uso de aspersiones aéreas del químico herbicida denominado glifosato.[1]

Las aspersiones con esta sustancia han arrojado como resultado que Colombia pierda alrededor de 3.000 Km2 de bosques cada año por el proceso conocido como triple deforestación. Este proceso se presenta cuando los cultivos de coca son plantados y se da inicio a las aspersiones de glifosato que resultan en la destrucción tanto de los cultivos de coca como los cultivos de alimentos, produciendo así un desplazamiento de los campesinos a lugares no afectados por las aspersiones donde se inicia nuevamente  el proceso.[2]

Ahora bien, a la luz del Derecho Internacional, se concibe como regla general que los Estados son quienes tienen la autoridad exclusiva de regular las conductas que ocurren dentro de su propio territorio al partir del principio de territorialidad de la ley y de la obligación de no injerencia en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los mismos[3]. En este entendido, en cuanto la cuestión de las aspersiones aéreas de glifosato en el territorio colombiano es posible concebir la existencia de una dualidad en cuanto su regulación. Esta dualidad se expresa, por una parte, como respuesta al uso de un arma química o biológica en el curso de un conflicto armado de carácter no internacional regulado por el Derecho Internacional Humanitario[4]; y por otra, como un componente de una acción doméstica de policía para neutralizar el fenómeno del narcotráfico, donde la regulación pertinente sería aquella referente al derecho interno y al estándar de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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The Colombian peace process and the American opposition to the International Criminal Court

 

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By Julián Huertas, LL.M. in International Law, Universidad de La Sabana (Colombia); LL.B., Universidad del Rosario (Colombia). Professor and researcher at Universidad de La Sabana. Email: Julian.huertas1@unisabana.edu.co 

 

The current Colombian peace process between the Government and FARC, may deal not only with most visible (national) actors in the conflict, but also with the United States. Since 1998, with the “Plan Colombia” programme, the US has been greatly involved in the Colombian conflict. This fact can be relevant for the purpose of stablishing the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over US nationals, though it has not been accepted by the United States. In the context of a transitional justice plan within the framework of the Rome Statute, a non-rigid approach to amnesties can be the key to solve many of the US and Colombian concerns. This post will analyze the ICC jurisdiction over US citizens in the context of the Colombian peace process and will propose new approaches for the main fear of the United States towards the ICC. 

 

Introduction

Last September 13th 2015, the Colombian Government and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaFARC (Colombian Revolutionary Armed Forces) publicly announced an agreement to establish a ‘Special Jurisdiction for Peace’. This sort of jurisdiction will address the crimes committed during the Colombian armed conflict, a complex mix of confrontations between the State armed forces, leftist guerrillas and right-wing paramilitaries that have caused thousands of atrocities during more than 50 years. The sanctions of those crimes are part of the fifth point of the negotiations agenda: the rights of victims.[1]  At the same time, on November 12 of this year, the Office of the Prosecutor (OTP) published the Report on Preliminary Examinations in Colombia. In such Report, Prosecutor Bensouda “expressed her hope that the Agreement on the Creation of a Special Jurisdiction for Peace in Colombia would constitute a genuine step towards ending the decades-long armed conflict while paying homage to justice as a critical pillar of sustainable peace”, but indicated that the OTP will “carefully review and analyse the provisions of the agreement, in particular with respect to the restrictions of liberty in special conditions and the inclusion of state agents”.[2] However, the Colombian peace process may deal not only with most visible actors in the conflict (the guerrillas, the Government and the paramilitaries), but also with the United States. Since 1998, with the “Plan Colombia” programme, the US has been greatly involved in the Colombian conflict and that can be relevant for stablishing the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over US nationals, even though it has not been accepted by the United States.

 

Nevertheless, as referred by David Schaffer, the former US Ambassador at Large for War Crimes Issues (1997-2001), when he headed the US delegation to the United Nations negotiations on the International Criminal Court, it is “untenable to expose the largest deployed military force in the world, stationed across the globe to help maintain international peace and security and to defend U.S. allies and friends, to the jurisdiction of a criminal court the U.S. Government has not yet joined”.[3] The concern of having military personnel prosecuted and sanctioned by the International Criminal Court (ICC), a tribunal based on a treaty the USA has not ratified, is the key to understand the USA opposition to the ICC jurisdiction over its nationals. As will be explained through this article, according to Article 12 of the Rome Statute, the ICC is capable of prosecuting American citizens (and other non-party States citizens), even if their home State has not accepted the ICC’s jurisdiction. Considered by some as the “single most fundamental flaw in the Rome Treaty”[4], the US is right when it fears its troops around the world could face an ICC indictment. One of those possible scenarios considered by the US is the Colombian armed conflict, which has existed for more than 50 years.

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El silencio de la Corte Penal Internacional frente a la Jurisdicción Especial para la Paz del Gobierno y las FARC: Informe de 2015

 

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Por Nicolás Córdoba y Julián Huertas, co-fundadores de ACEDI-CILSA (ver perfiles)

 

El pasado 12 de noviembre, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional -CPI- hizo público su Reporte sobre las Actividades de los Exámenes Preliminares que lleva a cabo esta entidad (Report on Preliminary Examination Activities – 2015, click acá para acceder al Reporte completo en inglés). El mismo día, la Oficina del Fiscal también reprodujo -en un documento distinto y en español- los resultados particulares de Colombia junto con Honduras: Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar: Situaciones en Colombia y Honduras. Como es de amplio conocimiento, la situación colombiana viene siendo objeto de este examen preliminar por parte de la Oficina del Fiscal desde junio de 2004, y ya en 2012 la Oficina del Fiscal había presentad su Reporte Intermedio sobre la Situación en Colombia (click acá para descargar el Reporte Intermedio).

 

A manera de contexto, el Estatuto de Roma entró en vigor para el país (en su territorio y para con sus nacionales) el 1 de noviembre de 2002. Sin embargo, y en concordancia el artículo 124 del mencionado instrumento, la CPI únicamente tendría jurisdicción sobre los eventuales crímenes de guerra ocurridos en territorio colombiano, o por sus nacionales, desde el 1 de noviembre de 2009.

 

Actualmente la situación colombiana se encuentra bajo análisis de la Oficina del Fiscal en cinco áreas diferentes: i) seguimiento al desarrollo del Marco Jurídico para la Paz y otros avances legislativos, así como aspectos jurisdiccionales relativos al surgimiento de “nuevos grupos armados ilegales”; ii) procedimientos relativos a la promoción y expansión de grupos paramilitares; iii) procedimientos relativos a desplazamientos forzados; iv) procedimientos relativos a crímenes sexuales; y, v) procedimientos relativos al asesinato y desaparición forzada (falsos positivos). Es decir, la Oficina del Fiscal se encuentra examinando, preliminarmente, posibles comisiones de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (arts. 7 y 8 del estatuto de Roma) cometidos en territorio colombiano o por nacionales colombianos desde el 1 de noviembre de 2002 y 1 de noviembre de 2009, respectivamente.

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Convocatoria para el Curso Intensivo en Derecho Internacional y Conflicto Colombiano

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El próximo 20 de noviembre vence el plazo para aplicar a la convocatoria del Curso Intensivo en Derecho Internacional y el Conflicto Colombiano que organiza la Universidad de los Andes. El curso tendrá una duración cuatro días, del 9 al 12 de diciembre de 2015. Las sesiones tendrán lugar en las sedes de la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana y Universidad Externado. Así mismo, el programa no tendrá costo para los seleccionados.

 

El Curso Intensivo en Derecho Internacional y el Conflicto Colombiano busca ayudar a profundizar en los principales conceptos y discusiones actuales del derecho internacional, haciendo énfasis en el conflicto armado colombiano y las negociaciones que se adelantan con la guerrilla de las FARC en La Habana.

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Participación política de ex combatientes y Marco Jurídico para la Paz: la perspectiva de los Derechos Humanos ante la Corte Constitucional

MARIA CARMELINA LONDOÑO
María Carmelina Londoño Lázaro, Directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana

Presentamos el resumen de la intervención de la Profesora María Carmelina Londoño Lázaro, Directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, en la Audiencia pública ante la Corte Constitucional de Colombia que tuvo como fin presentar argumentos para que la Sala Plena del Tribunal analizara la demanda presentada por el ex viceministro Rafael Guarín contra el Marco Jurídico para la Paz. A la audiencia fueron citados los agentes más representativos del Estado y la sociedad civil, como el Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Presidente del Senado, la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Representante de la Mesa Nacional de Víctimas, y académicos como Rodrigo Uprimny Yepes y la Dra. Londoño, entre otros (ver auto de la Corte con todos los citados acá). El Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012) es el instrumento mediante el cual se establecieron los mecanismos jurídicos de justicia transicional en el actual proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC. Para ver el video de la intervención de la Profesora Londoño, dar click acá

A continuación el resumen de la intervención de la Profesora Londoño:

 

Honorables magistrados,

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La otra “Corte de la Haya” y el proceso de paz colombiano

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Por: Alejandro León Quiroga[1]

La nueva ronda de negociaciones en la Habana no deja de lado retos que se tienen desde el inicio de los intentos de acercamiento entre el gobierno y la guerrilla. Además de las grandes dificultades que existen en el plano interno, el papel de la comunidad internacional es algo cuya influencia no debe pasarse por alto en el reinicio de los diálogos y la llegada de nuevos negociadores a la capital cubana. Los actores del derecho internacional pueden prestar una gran ayuda para lograr un acuerdo de paz exitoso, pero igualmente pueden ser uno de los factores que lo lleven al fracaso. Continue reading “La otra “Corte de la Haya” y el proceso de paz colombiano”

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