Por Julián Huertas, profesor universitario, cofundador de ACEDI-CILSA[1].
Ante el actual escenario de postconflicto en Colombia, se ha discutido en abundancia sobre la forma en que se deben tratar los crímenes cometidos por miembros de las FARC y agentes del Estado, y que implican violaciones de Derechos Humanos -DDHH- o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario -DIH-. En este contexto, un aspecto que ha generado especial preocupación es el de la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, sobre todo cuando se trata de miembros de la Fuerza Pública colombiana. En ese sentido, se ha aludido a la denominada “doctrina de responsabilidad por el mando” o “responsabilidad del superior jerárquico”, la cual constituye una forma de imputación de responsabilidad penal que ha sido desarrollada en el Derecho Internacional y que debe ser tenida en cuenta en el marco de la justicia transicional (Cote, 2016, p.54).
